El Gobierno no ha enviado todavía a Bruselas el plan definitivo para acceder a los fondos europeos, pero ya ha gastado más de 2.000 millones de euros con cargo a los 140.000 millones que le corresponden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, pese a que todavía su plan no está oficialmente aprobado.
Aunque no cuenta con el visto bueno definitivo de la Comisión y el Consejo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido una interlocución fluida con las instituciones europeas desde que en junio de 2020 se aprobó el fondo, para asegurarse de que en Bruselas veían con buenos ojos todas las inversiones y reformas que tiene previsto hacer.
Se presume que en esa interlocución, el Ejecutivo ha ido obteniendo el visto bueno de Bruselas de manera informal respecto a algunos de sus planes, que son los que ya está sacando adelante pese a que todavía no ha remitido el plan definitivo.
Dado que el Ejecutivo incluyó en sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) una partida de unos 27.000 millones de euros correspondientes a los fondos europeos, el Tesoro Público ha agendado su plan de emisiones de deuda teniendo en cuenta esta cuantía, que el Ejecutivo tendrá que financiar con cargo a deuda hasta que reciba el dinero de Europa.
400 millones en ayudas para comprar vehículos sostenibles
Así, hasta la fecha, el Ejecutivo ha destinado 400 millones de euros de los fondos europeos, ampliables como poco hasta 800 millones, al Plan MOVES III, que servirá para conceder ayudas directas a particulares, autónomos y pymes para comprar vehículos más sostenibles.
Además, se financiará con hasta 9.000 euros la compra de furgonetas, con hasta 7.000 euros la de turismos y con hasta 1.300 euros la de motocicletas si el particular achatarra un vehículo de más de siete años de antigüedad. En caso contrario, las ayudas pueden alcanzar los 4.500 euros para los turismos.
Las pymes pueden conseguir hasta 4.000 euros por comprar vehículos eléctricos y hasta 5.000 si se trata de una furgoneta. Este programa es el primero del Plan en materia de movilidad sostenible.
581 millones en saneamiento y residuos
El Ejecutivo también ha destinado 581 millones de euros a financiar "proyectos en materia de saneamiento y depuración en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, apoyar a la implementación de la normativa de residuos y corregir tendidos eléctricos para evitar daños a la avifauna".
Dentro de este plan, 100 millones se destinarán a "aglomeraciones urbanas" de hasta 5.000 habitantes, para impulsar inversiones vinculadas al tratamiento de aguas residuales; y 416 millones irán a gestión de residuos y economía circular.
"Estas actuaciones tienen por objeto acelerar las inversiones necesarias para mejorar la gestión de los residuos en España y garantizar el cumplimiento de los nuevos objetivos comunitarios de reciclado y preparación para la reutilización de los residuos municipales, potenciando la recogida y el tratamiento separado como herramienta para mejorar el aprovechamiento de materiales e implementar la economía circular", ha explicado Moncloa.
También se han destinado 60 millones a corregir tendidos eléctricos para evitar daños a las aves, ya que mueren anualmente 39.000 ejemplares por colisión con los tendidos.
688 millones en políticas de empleo
El Consejo de Ministros ha autorizado también que se destinen 688 millones de euros de los fondos europeos a reforzar las Políticas Activas de Empleo y ha repartido además 2.111 millones entre las comunidades que ya estaban incluidos en Presupuestos para este mismo fin.
Se financiará también con cargo a los fondos europeos el plan España te Protege III, dotado con 19,8 millones de euros, y que servirá para digitalizar y ampliar el servicio de atención telefónica y telemática a víctimas de violencia contra las mujeres, y a la creación de servicios de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual.
En total, hasta la fecha, se han gastado más de 2.000 millones de los 27.000 que el Ejecutivo prevé invertir este año con cargos a los fondos de la UE.
Según ha avanzado el presidente este martes, el Gobierno está intentando pulir con la Comisión los últimos flecos o desavenencias, y espera remitirle el plan definitivo antes de la fecha límite del 30 de abril.
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