Sólo unos 7.000 millones de los 40.000 millones que gastará el Gobierno entre 2021 y 2025 en las ayudas frente a la crisis energética y la inflación están focalizadas en los hogares y empresas más vulnerables, según los cálculos realizados por el Banco de España (BdE).
En un informe publicado este miércoles, el supervisor bancario advierte de que entre el 80% y el 85% del coste presupuestario se irá en medidas generalizadas y no focalizadas en los que más lo necesitan. Es el caso de las rebajas del IVA en la factura de la luz y en los alimentos, la bonificación a los carburantes, la subvención al transporte público o las subvenciones al sector eléctrico/gas.
Por contra, entre las focalizadas se encuentran determinadas rebajas en el IRPF, transferencias a hogares en función de su renta y su riqueza, o el incremento puntual de las pensiones no contributivas y del ingreso mínimo vital. Todas estas suman un coste fiscal previsto de unos 7.200 millones, frente a los 40.000 millones totales.
La mitad del gasto si se focalizaran
Asimismo, en el artículo se analiza en detalle el impacto distributivo y fiscal de tres medidas especialmente relevantes en el episodio actual: la rebaja del IVA de la electricidad y del gas, la rebaja del IVA de los alimentos básicos y la bonificación al precio de los carburantes.
El Banco de España explica que si bien las tres medidas presentan un diseño de carácter generalizado, afectando a la mayoría o a la totalidad de los hogares, se observan diferencias significativas en su impacto distributivo.
Así, "mientras que las rebajas del IVA de la electricidad y el gas y de los alimentos habrían supuesto ahorros fiscales relativos a su gasto total mayores en los hogares de renta baja, la bonificación a los carburantes habría supuesto ahorros relativos mayores para los hogares de renta alta", concluye el BdE.
En todo caso, el Banco de España presenta una simulación en la que se sustituyen estas tres medidas generalizadas, que benefician a los más vulnerables pero también al resto de la población, por transferencias focalizadas en los hogares más vulnerables en función de su renta, algo similar a otras medidas ya existentes como la transferencia de 200 euros.
Estas simulaciones ponen de manifiesto que "sustituir las medidas analizadas por una transferencia puntual de renta a los hogares más vulnerables podría mantener su nivel de protección con la mitad del coste presupuestario, evitando distorsionar las señales de precios".
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