A pesar de contar con el mayor aparato administrativo de la historia, por presupuesto y por número de efectivos, el Gobierno ha tenido que echar mano a los servicios de empresas y profesionales del sector privado para tramitar los fondos europeos. Estas firmas están elaborando los programas del Mecanismo de Recuperación y Resilencia (MRR) y asorando a la Administración para que ejecute las subvenciones de la UE. Según la información de la Intervención General del Estado (IGAE), 11 ministerios tenían previsto gastar en 2023 más de 46 millones de euros en contratar a entidades privadas para realizar esta función.
La cifra puede ser aún más importante, ya que algunos departamentos han englobado este subconcepto presupuestario de Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales; también de Estudios y Trabajos Técnicos en los genéricos de Gastos en Bienes y Servicios o en el de Gastos Diversos, en los que no se detallan los créditos habilitados.
Por ejemplo, Derechos Sociales e Igualdad acumulan en este sentido partidas superiores a los cinco millones. Lo que significa que el recurso a las empresas privadas de asesoría y consultoría para que confeccionen los planes de gasto de los fondos Next Generation EU, pendientes de la liquidación anual definitiva, superarán con creces los 50 millones. Se trata de un trabajo que posiblemente se podría haber realizado desde la propia Administración, ya que los otros 11 ministerios no han necesitado de estos servicios privados.
No es, por tanto, un gasto de ejecución de las inversiones en los ministerios o de transferencias de capital, los capítulos más importantes de los fondos que se presupuestan en su capítulo correspondiente, sino de los servicios de asesoría y consultoría para la elaboración de los programas que se ha encargado en el exterior.
Lo más llamativo de estas encomiendas, de las que se desconoce aún sus destinatarios y del sistema empleado de contratación, es que se han ido incrementando a lo largo del año, ya que la mayoría de las partidas no tenían créditos iniciales, sino que han ido apareciendo o en su caso se han ido modificando al alza las existentes. Todo esto da una idea de la improvisación que ha imperado en la distribución de los fondos europeos y de la falta de ahorro en sus consignaciones.
En concreto, las autorizaciones y los créditos definitivos previstos para el pago de estos trabajos y estudios técnicos privados en 2023, cuya liquidación final no se conocerá hasta marzo, es de 46,4 millones. Tienen que ver en algunos casos con la apertura de los procesos de digitalización y modernización de los ministerios, pero también con proyectos de internacionalización industrial, culturales, formación profesional, turismo, economía social, salud o asilo. El corolario de programas y sus denominaciones es extenso y no tienen desperdicio alguno.
Sanidad, a la cabeza
Curiosamente, Sanidad, que tiene transferidas a las comunidades autónomas sus competencias, es el ministerio que más ha acudido a estos servicios externos. Su gasto representa la mitad del conjunto de los departamentos, con una estimación presupuestaria de casi 23,4 millones. De ellos, 21,7 millones corresponden a la contratación de servicios privados para el programa de Proyectos Tractores de Digitalización, mientras que para el Plan de Transformación Digital y Modernización en las Autonomías (que son las que tienen las competencias realmente), y las corporaciones locales, el crédito es de 7.000 euros.
A ello hay que añadir 600.000 euros para la contratación de profesionales y empresas en la elaboración del Plan de Aumento de la Capacidad de Respuesta ante las Crisis Sanitarias; otros 560.000 euros para el Plan de Formación Profesional Sanitaria y los Recursos para Compartir Conocimientos; otros 200.000 euros para el Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología del Sistema Nacional de Salud; otros 187.000 del Plan de Racionalización del Consumo de Productos Farmacéuticos y Fomento de la Sostenibilidad y 16.000 euros más para confeccionar el Plan España País Accesible.
Fondos europeos en Industria
Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio ha dispuesto de 7,1 millones para contratar asesores independientes en la elaboración de los planes del MRR. De ellos, 2,4 millones corresponden a la realización del Programa de Apoyo al Comercio, mientras que los créditos para la configuración del Plan de Transformación del Modelo Turístico hacia la Sostenibilidad se acercan a los 600.000 euros.
Mientras, los Programas de Digitalización e Inteligencia de los Destinos del Sector Turístico, así como el de Competencias Digitales para el Empleo, obtienen 590.000 euros; el Plan de Digitalización e Inteligencia de los Destinos del Sector Turístico supone 585.000 euros en consultores; los Programas de Actuaciones Especiales en el Ámbito de la Competitividad acumulan un gasto de casi 3,1 millones; y, por su parte, para el Plan de Internacionalización de la Industria se destinan 355.000 euros y otros 16.000 euros más para la Internacionalización de las Pymes.
Derechos Sociales figura en el tercer lugar de este ranking de gasto público en contrataciones de estos trabajos encomendados. Cuenta con más de 4,4 millones de autorizaciones. De ellos, 3,6 millones se adscriben a la elaboración del Plan de Apoyos y Cuidados de Larga Duración y existen 810.000 euros más para el Programa de Modernización de los Servicios Sociales y Transferencias Tecnológicas Innovadoras.
Detrás aparece el Ministerio de Trabajo con 3,7 millones de créditos asignados para este objetivo. De ellos, casi 2,3 millones corresponden al Programa de los Proyectos Tractores de Digitalización del departamento y 1,2 millones son para la Digitalización de los Programas de Fomento del Empleo cuando, por ejemplo, las políticas activas de empleo están transferidas a las comunidades autónomas. Además, existen 237.000 euros para estudios técnicos sobre el Plan Integral de Impulso a la Economía Social Generadora de Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible.
Trabajos para Inclusión
Por su parte, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dispone de casi 3,5 millones para estos trabajos técnicos de empresas privadas contratados. Más de 1,4 millones se destinan al Programa de Fomento del Crecimiento Inclusivo del Ingreso Mínimo Vital; 1,3 millones corresponden a la elaboración del Plan de Incremento de la Capacidad y Eficiencia del Sistema de Acogida y Solicitud de Asilo; y otros 805.000 euros se emplean en la asesoría de los Proyectos Tractores de Digitalización del ministerio. Cultura cuenta con casi 1,2 millones para estas partidas: al Programa de Digitalización para el Impulso de los Grandes Servicios Culturales se le adscribe 1,1 millones,
mientras que los Programas de Dinamización de la Cultura a lo Largo del Territorio y el de Competencias Digitales para el Empleo acumulan unos 100.000 euros.
Educación tiene 1,1 millones para estas partidas en sus Programas de Transformación Digital y el de Diseño y Aplicación del Nuevo Modelo Curricular. Política Territorial obtiene más de un millón para estas contrataciones en su Programa de Digitalización y Modernización. Además, Defensa dispone de 863.000 euros para estas contrataciones privadas en la elaboración de su Programa de Competencias Digitales para el Empleo e Interior suma 330.000 euros para su Plan de Digitalización.
En el furgón de cola de estos créditos se encuentra Consumo, que sólo dispone de 4.000 euros para contratar profesionales y empresas privadas que le elaboren sus programas de informatización. Todo ello pone en evidencia la utilización habitual de los servicios de empresas y profesionales ajenos a la Administración, incluso para elaborar programas de actuación y de gasto.
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