La última reforma de la Seguridad Social del Gobierno castiga la anticipación de las jubilaciones (ha modificado al alza los coeficientes correctores) con la intención de que la mayoría de los pensionistas obtengan la prestación con 67 años o en una edad cercana. Sin embargo, mantiene en la actualidad más de 24.000 prejubilaciones (24.030 exactamente) en los ministerios de Defensa e Interior, que están a la espera de acceder a la jubilación cuando lleguen a la edad legal. Su coste previsto en 2022 es de 908,7 millones de euros y viene registrándose desde hace casi 40 años. Empezó en Defensa y luego se añadió al personal de Interior. Es otra parte de la letra pequeña de los Presupuestos Generales que ningún Gobierno se ha atrevido a revisar.
Todo ello se sigue produciendo mientras que, por ejemplo, Defensa ha aumentado la plantilla en el último año en más de 4.500 personas, según datos del Registro de Personal al Servicio Público Estatal, e Interior en unas 2.000 más. Por si fuera poco, el Ejecutivo ha convocado nuevas plazas de empleo público en estos departamentos (5.000 en Interior y 2.000 más de Defensa). Es evidente que la gestión del personal público es otra de las asignaturas pendientes de los administradores. Además, el Gobierno se ha visto forzado a incrementar su aportación a la OTAN y ha procedido a aumentar la partida presupuestaria de Defensa en 1.000 millones, que deberá alcanzar el 2% del PIB en los próximos años duplicando el actual gasto militar, lo que somete al gasto público estructural a una enorme presión ante la crisis actual y a muchas incertidumbres a la hora de controlar el déficit y comenzar a reducir la ingente deuda pública.
Defensa se gastará en 2022 unos 572 millones en 13.867 prejubilaciones (13.766 efectivos como personal de reserva más 101 en segunda reserva de oficiales generales), con una percepción media anual de más de 40.000 euros
Se trata de 'las prejubilaciones de oro' del denominado personal en reserva y en segunda actividad que incluye al colectivo procedente de la Reserva Transitoria en el caso de Defensa. Es decir, al excedente militar de las plantillas respecto a los máximos fijados en el Ejército de Tierra que puso en marcha el PSOE (Ley 40 de 1984), Armada y Ejército del Aire (Leyes 8 y 9 de 1986). Este personal, que en algunos casos se prejubiló con poco más de 40 años de edad, fue enviado a casa con su sueldo público (salvo el complemento de destino) hasta la jubilación. Este salario, además, es compatible con cualquier otra remuneración de las empresas del sector privado. En muchos casos, han sido contratados por compañías relacionadas con la seguridad o con otras que facturaban servicios a las Administraciones.
Según la información presupuestaria, Defensa se gastará en 2022 unos 572 millones en 13.867 prejubilaciones (13.766 efectivos como personal de reserva más 101 en segunda reserva de oficiales generales), con una percepción media anual de más de 40.000 euros. Este gasto representa nada menos que el 11% del destinado a pagar las nóminas del conjunto del personal de este departamento (5.379 millones) y el 5% del presupuesto total del ministerio (11.709 millones). Desde su creación a partir de 1984, esta partida se ha ido reduciendo paulatinamente al alcanzar los prejubilados la condición de pensionista en el régimen de clases pasivas a cargo también de los Presupuestos Generales. Aunque es difícil seguir la pista de este gasto en los primeros años de su aplicación (se acercó en algunos ejercicios a los 1.000 millones de euros para más de 25.000 efectivos en Defensa), alcanzó, por ejemplo, los 711 millones (118.302 millones de pesetas) en 1998. A partir de 2002, se redujo a la frontera de los 650 millones y desde 2011 el coste está por debajo de los 600 millones, una cantidad que sigue siendo significativa. En cuanto al número de efectivos que se han acogido a este sistema de prejubilaciones, la cifra se situó en 20.000 en 2006 mientras que en 2022 ha quedado por debajo de los 14.000, una estadística también importante.
A lo largo de estos casi 40 años de este sistema de prejubilaciones, del que no han disfrutado por ejemplo el resto de empleados públicos (funcionarios o personal laboral), ningún Gobierno se ha planteado una revisión, actualización o adecuación a la situación de las Administraciones. El Programa 121-O de Defensa en los Presupuestos Generales del Estado señala que "esta situación constituye un mecanismo esencial para configurar, de acuerdo con los criterios de planeamiento, una pirámide de efectivos por empleos y disponer en todos de personal con las edades adecuadas para el ejercicio profesional en las Fuerzas Armadas". Nadie ha estudiado la posibilidad de una reforma que, por ejemplo, habilite a este colectivo, con muchos efectivos en edad laboral (mientras se retrasa la edad de acceso a la jubilación para los demás empleados del país con el argumento de que todavía están en situación de trabajar) para servicios administrativos o de otra índole, ajenos en todo caso a la primera línea de actuación militar. Es lo que han tenido que hacer muchas empresas privadas. Sólo ha habido un intento de recuperar para el servicio a estos prejubilados en 2020. El decreto del Gobierno de la declaración de alarma ante la expansión del coronavirus contempla en una de las medidas adicionales que Defensa tenga en disponibilidad a todos los militares, en activo y en reserva, para la prestación de servicios que les sea requerido según la situación de crisis sanitaria. En concreto, se señala que "los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y de la Armada podrán proponer al subsecretario de Defensa que el personal en situación de reserva pase a ocupar un destino en el marco de las medidas y en cumplimiento de las misiones asignadas".
El Gobierno gasta 337 M en las prejubilaciones de Interior
En cuanto a los prejubilados del ministerio del Interior, la Policía Nacional (Ley 26 de 1994) y Guardia Civil (con acceso desde 2014 a este sistema a partir de los 60 años frente a los 58 años de ejercicios anteriores) acumulan a 10.163 efectivos en 2022 (3.027 son policías en situación de segunda actividad con destino y sin destino y 7.406 son guardias en situación de reserva con destino y sin destino). Su coste es de 336,7 millones y representa el 4,2% del gasto total en personal de este ministerio (8.095 millones). Este coste superó con creces los 500 millones anuales en los primeros años de su aplicación. Pero, a partir de 2008, en plena crisis económica, se aceleró hasta superar los 800 millones. Desde 2014 se ha venido modulando hasta situarse en esos 336,7 millones actuales. Tampoco se ha registrado cambio alguno ni reasignación en la gestión de estos colectivos a pesar de las diversas situaciones de crisis, de aumento del déficit público o de mayor demanda administrativa y policial de los ciudadanos. Por ejemplo, es fácil observar en las dependencias de este ministerio a personas jóvenes realizando labores administrativas o atendiendo en los servicios de renovaciones del DNI o de los pasaportes, que son el centro de las quejas de los ciudadanos en verano por la falta de personal, o la gestión de expedientes y sanciones mientras que este departamento mantiene prejubiladas y con salario público a casi 10.200 personas.
El Ministerio de Interior acumula 10.163 efectivos en 2022 en situación de prejubilación -3.027 policías nacionales y 7.406 son guardias civiles- con un coste de 336,7 millones. Esta cifra representa el 4,2% del gasto total en personal de este ministerio
El gasto conjunto de estos 24.030 'prejubilados de oro' aún existentes en estos colectivos (908,7 millones en 2022) ha supuesto un enorme esfuerzo para el resto de los contribuyentes, que no han podido aspirar a estas condiciones, incluso en los peores años de crisis económica y de las cuentas públicas. Por ejemplo, sólo desde 1996, año en que se puede seguir la pista presupuestaria, el Estado se ha gastado más de 23.000 millones en pagar estas nóminas que en algún momento, como por ejemplo, en 2008 (primer año de la gran recesión), superaron la cifra de 52.000.
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