El Gobierno se ha saltado el plazo marcado por la Comisión Europea para publicar la lista de los 100 mayores beneficiarios de fondos europeos Next Generation EU. Los países están obligados a hacerlo dos veces al año, tal y como marca el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y Bruselas les había pedido que fuera en abril y octubre, coincidiendo con los informes semestrales.
El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, informaron el pasado 2 de octubre al Parlamento Europeo de que 19 Estados miembros habían cumplido esta obligación y de se habían dirigido al resto para solicitarles que difundieran los listados antes del 15 de octubre.
"En recientes reuniones con Estados miembros recordamos que el 15 de octubre es la fecha límite y si no se respeta emprenderemos acciones legales al respecto", dijo Gentiloni. "Esperamos tener todas las listas a mediados de octubre. Si esto no sucede, por supuesto que reaccionaremos", comentó en otro momento de la reunión pública de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo.
La fecha también fue destacada en el encuentro por el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. "Estamos en contacto con los Estados miembros que aún no han publicado los 100 mayores beneficiarios y les estamos instando a que los publiquen sin demora y a más tardar el 15 de octubre", señaló.
Tras ese ultimátum, tres de los países que todavía no habían publicado la primera edición de los 100 mayores beneficiarios ya lo han hecho, según consta en la página web de la Comisión, actualizada este lunes. Ya son 22 los Estados miembros que han realizado el ejercicio de transparencia. Sólo faltan España, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos.
Aunque los fondos se empezaron a repartir en 2021, esta obligación está en el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia desde principios de este año, tal y como adelantó Vozpópuli. Se introdujo aprovechando la modificación con el RePowerEU -la línea de fondos para reducir rápidamente la dependencia de los combustibles fósiles rusos- y por iniciativa de la eurodiputada de Ciudadanos, Eva Poptcheva -quien impulsó esta medida de transparencia-.
Al preguntar específicamente por el retraso de España, fuentes de la Comisión Europea recuerdan, en primer lugar, que "el reglamento modificado no establece un plazo específico para que los Estados miembros actualicen los datos", pero sí "la obligación de que lo hagan dos veces al año".
"Sin embargo, la Comisión ha sugerido alinear el calendario de las actualizaciones con los informes semestrales existentes en abril y octubre, de ahí la mención del 15 de octubre durante el Diálogo sobre Recuperación y Resiliencia del 2 de octubre, y muchos Estados miembros están actualizando sus listas en consecuencia", explican.
"Hemos recordado a los Estados miembros, en varias ocasiones, su obligación legal de publicar y actualizar estos datos e instamos a aquellos que aún no han publicado dicha lista a que lo hagan lo antes posible", añaden desde la Comisión Europea.
De momento desde Bruselas no detallan en qué consistirán las posibles "acciones legales" a las que se refirió el comisario europeo de Economía el pasado 2 de octubre, ni en qué casos se aplicarán. Por su parte, desde el Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño aseguran que publicarán el listado "próximamente", sin concretar una fecha.
Los mayores beneficiarios
Las sospechas apuntan a que el listado está formado en gran medida por empresas públicas, ministerios y otros organismos de carácter público. Destaca, por ejemplo, el caso de RTVE, que según trasladan fuentes conocedoras a Vozpópuli ha conseguido hasta la fecha cerca de 120 millones de euros. Del sector privado se espera que figuren fundamentalmente entidades de gran tamaño.
El propio Gobierno detalla en sus informes que un 54% de los fondos UE que se resuelven se quedan en la Administración Pública. Es decir, que el beneficiario final es una entidad local (24%), una comunidad autónoma (11%), un centro de I+D+i (9% para universidades, centros educativos, tecnológicos y de investigación, etc.), u otras entidades y organismos públicos (9%).
Luego el organismo público, en la mayoría de los casos, debe contratar a una empresa para que ejecute el proyecto. Sin embargo, Dombrovskis apuntó en la citada reunión que "en el reglamento los beneficiarios finales son los organismos que reciben los fondos, no los contratistas o los subcontratistas. Los Estados miembros deben recoger datos sobre estos últimos, pero no hay obligación de publicarlos". En este sentido, ya advirtió de que en las listas posiblemente figurarían ministerios y empresas públicas.
En todo caso, la Comisión Europea se reserva la posibilidad de pedir información adicional sobre esos contratistas o subcontratistas en sus auditorías, señaló el vicepresidente económico. También el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea, encargados de velar por los intereses financieros de la UE, podrían reclamar y supervisar dicha información.
37.000 millones recibidos
De momento España ha recibido 37.000 millones de euros desde Europa bajo este instrumento y se calcula que a cierre del 2022 habían llegado a la economía unos 8.000 millones (0,2% del PIB en 2021 y 0,4% del PIB en 2022), según los datos publicados por la Comisión Europea y que coinciden con los de S&P.
España recibirá hasta 163.000 millones en forma de subvenciones (80.000 millones) y préstamos 'blandos' (83.000 millones). Eso es lo máximo que puede captar, pero el dinero no está asegurado. A cambio, el Gobierno debe cumplir el Plan firmado con Bruselas, repleto de hitos y objetivos, en tiempo y forma. Por eso se va desbloqueando por tramos.
Además, la fecha límite para gastar el dinero de los Next Generation EU es agosto de 2026. Esa fecha se marcó en el reglamento y en Bruselas ven prácticamente imposible que pueda modificarse. Sin embargo, tal y como informó este periódico, el Gobierno tiene una forma para no perder dinero que la propia Comisión ha recomendado: desviar los fondos a intermediarios financieros o empresas públicas gestoras.
El Ejecutivo acumula medio año de retraso en la petición del siguiente pago (el cuarto, de 10.000 millones) y en la adenda al Plan que acaba de aprobar la Comisión ha aplazado medio centenar de inversiones y reformas que se veía incapaz de cumplir a tiempo. Eso ha provocado que Italia haya desbancado a España como primer país en la recepción de fondos UE no reembolsables, que ya ha recibido 2.000 millones más.
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