El Gobierno se juega este jueves en el Congreso el cumplimiento ante la Comisión Europea del compromiso de sacar adelante una reforma fiscal a cambio del siguiente pago de fondos europeos, pero también -y sobre todo- de la senda fiscal que se marcó en octubre a ojos de Bruselas. El objetivo para 2025, cuando se reactivarán las reglas fiscales, es bajar el déficit público del 3% en el que se espera cerrar este año al 2,5%. Un dato que varios organismos económicos condicionan a las medidas fiscales que logre aprobar el Ejecutivo.
En una sesión caótica que duró hasta la madrugada, el lunes sólo se aprobaron la subida del IRPF a las rentas del capital, las alzas en Sociedades, y las mejoras técnicas al impuesto mínimo del 15%, pero no a que la Ley de Presupuestos pueda modificarlo. Sin embargo, se quedaron por el camino los impuestos a banca y energéticas, que se incluían en el plan fiscal para recortar el déficit y suponen buena parte del alza de ingresos previsto con la reforma (prácticamente la mitad de los 4.500 millones de euros que se pretenden recaudar), así como el impuesto al diésel.
La primera en cuestionar los números del Gobierno es la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Sus proyecciones plantean un déficit público del 3% este año, alineado con el Gobierno, pero del 2,7% en 2025, dos décimas por encima del compromiso del Ejecutivo con Bruselas. Es decir, los ajustes deben ser mayores de los que se plantean, bien por el lado del gasto (reduciéndolo), bien por el de los ingresos (aumentándolos). El plan del Gobierno -ahora descafeinado- apuntaba en la segunda dirección.
Por otra parte, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) prevé un déficit del 2,9% del PIB en 2025 a política constante, es decir, sin tener en cuenta un posible acuerdo este jueves sobre la reforma fiscal. Esta previsión ya tiene en cuenta el plus de recaudación procedente de la retirada de medidas fiscales frente a la inflación, que decaerán en enero. "Habrá que ver también cómo queda el déficit en 2024 y, naturalmente, el resultado de la votación de este jueves sobre la reforma fiscal", señala Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, a Vozpópuli.
Desde Funcas recuerdan que el ajuste de medio punto equivale a 7.500 millones de euros, unos fondos que el Gobierno tendrá que 'arañar' este jueves en el Congreso para evitar recortes en el gasto. Entre otras cosas, porque se antoja difícil con pensiones y salarios públicos presionando al alza. En el plan fiscal el Gobierno planteó un ajuste del 0,4% del PIB, unos 6.000 millones al año, que permitía mantener a raya el gasto primario neto, la variable sobre la que girarán desde 2025 las nuevas reglas fiscales.
Para ello contaba con un aumento de los ingresos gracias a la reforma fiscal, pero también con un crecimiento económico robusto y una inflación aún remando a favor de la inflación. El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó durante la presentación del citado plan fiscal que el esfuerzo en materia de gasto depende de las previsiones de crecimiento. Y si la economía y la recaudación marchan mejor de lo que se contempla en el plan fiscal, entonces España podrá aumentar el gasto primario neto más de lo previsto.
Sin embargo, los economistas ya alertan de que también podría ocurrir lo contrario. Es posible que el crecimiento de la economía se desacelere desde 2025 y la inflación se modere, lo que frenaría el consumo y la recaudación. En todo caso, y a falta de conocer el resultado de la votación de este jueves, desde Funcas advierten de que la reforma fiscal debería ser completa y ambiciosa para garantizar la reducción del déficit a medio plazo, pues el compromiso con Bruselas llega hasta 2031, con un déficit público previsto para entonces del 0,8%.
El riesgo de los fondos UE
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alertó este miércoles en la sesión de control de que de la reforma fiscal que se vota este jueves en el Congreso dependen 7.200 millones de euros de fondos europeos y el plan fiscal y estructural de España. Sin embargo, respecto al riesgo de perder fondos UE, este periódico ya informó de que en realidad no está en peligro la totalidad del quinto pago (los mencionados 7.000 millones), sino la parte correspondiente a este hito (según fuentes expertas, unos 800 millones).
Además, el Gobierno ha conseguido desbloquear todos los fondos europeos que estaban condicionados a grandes reformas pese a que sobre ellas se han planteado diferentes dudas, como la reforma laboral, la de las pensiones o la del subsidio por desempleo. La Comisión Europea sólo ha bloqueado dinero a España una vez. En concreto, bloqueó 158 millones de estos fondos UE en el último pago, el cuarto, al considerar que uno de los compromisos, relacionado con la inversión en digitalización de pymes, no se había cumplido.
Por último, hay que dejar claro que esos fondos europeos no se pierden definitivamente. Si Bruselas considerara que el paquete fiscal finalmente aprobado en el Congreso no cumple las expectativas planteadas en el Plan de Recuperación, al que están asociados estos fondos, entonces daría un plazo de seis meses al Gobierno para que la completara. Esto es lo que pasó con el hito antes mencionado que Bruselas dio por incumplido en el cuarto pago, y que ahora volverá a valorar. Si el Gobierno lo ha logrado, Bruselas desbloqueará el dinero.
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