El Gobierno dio un paso atrás al presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 y no incluyó finalmente el nuevo impuesto a las bebidas azucaradas. La presión de los lobbies internos le hizo aplazar la decisión. En la rueda de prensa para explicar dichos Presupuestos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que era una figura complicada y que aún se estaba calibrando su viabilidad.
Sin embargo, no es eso lo que vende a los inversores en sus viajes al extranjero. En la última presentación del Tesoro Público, una de las que suele llevar el Ejecutivo a sus road shows para intentar vender la deuda española más allá de nuestras fronteras, se incluye tanto este impuesto como los impuestos medioambientales, que también figuraban en el Programa de Estabilidad del Gobierno y que tampoco se han incluido en las cuentas de 2017.
El impuesto, muy criticado por las empresas que resultarían afectadas a pesar de ser una figura habitual en otros países, aparece en esta presentación junto al resto de medidas aprobadas en 2016 para cuadrar las cuentas, como los últimos cambios en el Impuesto de Sociedades o la subida de los tributos sobre el alcohol y el tabaco.
Parece que la figura podría acabar aprobándose a pesar de la oposición de grandes lobbies
Esto sugiere que el Gobierno podría acabar desarrollando el impuesto a pesar de la presión. Uno de los argumentos que utiliza es que un tributo así no tiene afán recaudatorio, sino que pretende gravar productos que afectan negativamente a la salud de los ciudadanos. Y precisamente ahí es donde surge la polémica. ¿Y por qué no los zumos? ¿Y los batidos? ¿Por qué no la bollería industrial, rica en azúcar añadido y en otros componentes poco saludables?, son algunas de las preguntas que se hacen los más críticos.
De ahí que que Montoro quisiera pasar esta patata caliente a su colega Isabel García Tejerina, titular de la cartera de Agricultura. Pero la ministra nunca quiso aplicar este impuesto por motivos de cercanía a las organizaciones afectadas. Como curiosidad, es natural de Valladolid y precisamente en Castilla y León se produce el 80% de la remolacha azucarera de España.
Otros países ya lo tienen
¿Por qué el Gobierno quiere implantar este nuevo impuesto? Por un lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que en España 1 de cada 3 adultos y casi 1 de cada 4 niños es obeso o tiene sobrepeso. Y dice que subir el impuesto sobre los refrescos supondría un freno para esta problemática. Por otra parte, Montoro puede haberse guiado por la ‘ley del espejo’. Y es que países como México, Filipinas, Reino Unido, Irlanda, Francia, Noruega, Dinamarca, Hungría y en algunos estados de EEUU ya lo aplican.
Lo que está claro es que si finalmente el Gobierno se lanza en esta materia, tendrá que tramitar un proyecto de ley por tratarse de una nueva figura. Y este proyecto de ley tendrá que ser debatido en el Parlamento y negociado con los diferentes grupos para sacarlo adelante. La tramitación del Presupuesto es larga y el Ejecutivo podría aprovechar cualquier momento para hacerlo.
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