La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha descartado este miércoles que el Gobierno vaya a reformar las pensiones de viudedad "salvo para seguir subiendo las bajas", después de que el secretario general de Seguridad Social, Octavio Granado, apostara el martes por limitarlas en función de la renta.
"Para nada está en nuestra previsión modificar a la baja las pensiones de viudedad (...) rectifico totalmente. No hay idea de que el Gobierno vaya a modificar en absoluto las pensiones de viudedad. Si acaso lo que nos tenemos que plantear es, como la pensión media de viudedad es un poquito más de 700 euros, seguir ne la senda de subir un poquito más las mínimas", ha señalado en declaraciones a la prensa de Guadalajara recogidas por Europa Press.
La ministra ha insistido en que tanto el Gobierno como el PSOE tienen claro que no harán modificaciones en el sistema de pensiones sin respetar lo que diga el Pacto de Toledo y el diálogo social.
En este sentido, se ha mostrado contraria a acometer reformas unilaterales en el sistema, que "suelen tener una vida muy corta".
Valerio ha defendido que el Ejecutivo ha subido todas las pensiones de viudedad, sobre todo las de las mujeres mayores de 65 años sin ninguna renta, que se han beneficiado tanto de la revalorización general como del incremento del 56% al 60% de la base reguladora sobre la que se calcula su pensión.
Una posibilidad para contener el déficit del sistema
Octavio Granado propuso este martes que las pensiones de viudedad se concedieran en función de la renta y señaló que no tiene sentido que en una familia en la que fallece la persona con menos nivel de ingresos, el que se queda reciba su salario más la pensión de viudedad -cuando no la necesita-.
"Si un hombre gana más que su pareja y su pareja fallece, ¿vamos a seguir mejorando los ingresos de la persona que más gana de la familia? No parece razonable, parece más razonable incrementarlo en los casos contrarios cuando fallece la persona que más ingresa de la familia", explicó.
La medida se utilizaría para intentar contener el gasto de la Seguridad Social, que sufre un déficit de 1,5% del PIB y cuenta con un patrimonio negativo que llegará a los -32.000 millones en 2019.
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