El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los Presupuestos Generales del Estado para 2023, de nuevo, con el mayor gasto social de la historia, según ha trasmitido Moncloa a primera hora una vez que los socios de la coalición de Gobierno han alcanzado un acuerdo sobre su texto esta madrugada, en el que Podemos asegura haber arrancado el compromiso de tramitar un cheque de crianza y otras partidas en la Ley de Familias. Desde que en 2020, en plena pandemia, la coalición consiguió sacar adelante las Cuentas de 2021, y el año pasado hizo lo propio con las de 2022, cada anteproyecto supera en niveles de gasto histórico al anterior. Este año, con los efectos de la crisis de Ucrania, de la energía y de los suministros en el escenario.
Desde el Gobierno trasladan que el objetivo es reforzar el Estado de bienestar y suponen una nueva muestra de estabilidad, dado que el Gobierno saca adelante sus cuentas "en tiempo y forma por tercer año consecutivo".
Las cuentas públicas para 2023 subirán las pensiones con el IPC interanual diciembre de 2021-noviembre de 2022 y los salarios de los empleados públicos un 3,5%, a lo que se añade una paguilla que eleve los de este año del 2% al 3,5%. Según la presentación de Presupuestos, la sanidad, la educación, la dependencia y las becas serán ámbitos donde el Ejecutivo hará especial hincapié. En concreto, el Ejecutivo ha destacado un gasto social de 266.719 millones de euros, un 11% más.
El pasado mes de julio el Gobierno aprobó un techo de gasto para 2023 de 198.211 millones de euros, un máximo histórico que supera en un 1,1% el de las cuentas de 2022, con una referencia de déficit del 3,9% del PIB, 1,1 puntos menos que lo que se espera para este ejercicio.
También incorporarán una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1% superior a la de 2022, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero no la extensión de las medidas para atajar la inflación -como la bonificación del carburante o la bajada del IVA eléctrico-, que se decidirá a final de año.os
El acuerdo con Podemos
Según la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en materia de empleo se recuperará el 60% de la base reguladora desde los seis meses de prestación, una medida que, según calcula, beneficiará a unas 300.000 personas, "un gran avance que llegará a miles de hogares", ha dicho en Twitter.
Por otra parte, se dotará de 600 millones de euros a un plan de choque en dependencia con el objetivo de reducir las listas de espera, implementando nuevas prestaciones y servicios. Asimismo, el IMV aumentará en los mismos términos que las pensiones y el IPREM se situará en 600 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2023.
Sin embargo, en el resto de partidas que exigían los 'morados' de momento existe el compromiso de desarrollarlas en la Ley de Familias y sólo está presupuestada una prestación de crianza de 100 euros al mes, una ampliación de la que ya existe. Se prevé que la citada ley desarrolle los nuevos permisos de conciliación: para cuidadores y para atender circunstancias familiares imprevistas, pero no permisos de paternidad y maternidad incrementados. Además, Díaz ha desvelado se asimilarán las familias monomarentales, con dos hijos, a la actual categoría de familias numerosas.
Las Cuentas de 2023 incorporarán también los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que pretenden orientar la economía española hacia un modelo "más digital, más verde y más productivo".
Ingresos
Por el lado de los ingresos, Hacienda ya presentó la pasada semana su paquete fiscal, que en parte será incluido en el texto presupuestario, como las nuevas bonificaciones en el IRPF para rentas por debajo de los 21.000 euros.
El paquete también incluye un aumento de la tributación para las rentas del capital a partir de 200.000 euros, la rebaja del Impuesto sobre Sociedades para micropymes, la bajada del IVA para productos de higiene íntima femenina, preservativos y anticonceptivos no medicinales, rebajas en el IRPF para autónomos o una limitación temporal a la compensación de pérdidas dentro de los grupos empresariales
En cambio, el nuevo impuesto para los patrimonios de más de tres millones de euros tendrá que tramitarse en una ley independiente, igual que sucedió con los gravámenes para la banca y las energéticas, recogidos en una proposición de ley actualmente en tramitación en el Congreso.
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