El Gobierno ha acordado prorrogar hasta finales de año el Plan Moves III de ayudas a la compra de vehículos eléctricos e instalación de puntos de recarga, cuyo plazo expiraba el próximo 31 de julio, según ha anunciado hoy martes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Según fuentes del propio Gobierno, la decisión de prorrogar el actual programa de ayudas ha sido con el fin de no paralizar el sector estos meses de verano elaborando un nuevo Moves, conocedores de las muchas deficiencias del Moves III que debiera finalizar en poco más de un mes y que estudian ya de cara a 2025 desarrollar un nuevo plan de subvenciones que sean sobre todo más rápidas y directas para el usuario.
El paquete de medidas de apoyo al tejido productivo, aprobado por el Consejo de Ministros, incluye, además, una nueva partida de 50 millones de euros para el programa de transformación de las flotas de vehículos pesados, tanto en transporte de mercancías como de pasajeros por carretera. Es decir, destinada, principalmente, para el recambio de camiones, que es "una prioridad" para el Ejecutivo, ha añadido. También añade otros 200 millones de euros adicionales para la compra de turismos electrificados.
Las iniciativas incorporan un "importante incentivo fiscal" para que las empresas y autónomos apuesten por renovar sus flotas de vehículos. En concreto, ha dicho Montero, se establece la libre amortización del impuesto de sociedades para las inversiones efectuadas en 2024 -en el primero y segundo semestre- y en 2025 en nuevos eléctricos e infraestructuras de recarga. Ello se aplicará, también, a los autónomos que tributen por IRPF.
Justo esta misma mañana, la patronal sectorial Ganvam ha trasladado al Ministerio de Industria en una reunión la importancia de posicionar a España como 'hub' europeo de la movilidad a fin de ser un país "referente" en la transformación digital y ecológica del sector automovilístico.
En un comunicado, la asociación valora la continuidad del Moves, pero ha indicado al Ejecutivo que si realmente quiere convertir el eléctrico en una opción asequible para la mayoría de los ciudadanos, es necesario aplicar las ayudas a los modelos de, como mínimo, 36 meses.
Al incluirlos en los planes, "se garantizaría una movilidad eléctrica más accesible y una transición ecológica justa", ha defendido Ganvam, que ha incidido en que ningún ciudadano puede quedar fuera de las estrategias de descarbonización y la movilidad conectada por motivos económicos.
El Moves III nació con una dotación inicial de 400 millones de euros, pero luego, ante el gran número de solicitudes, se hicieron dos ampliaciones presupuestarias que lo elevaron hasta los 1.200 millones. Inicialmente, el programa iba a estar vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, pero el Gobierno lo amplió en noviembre de ese año siete meses más, hasta este 31 de julio.
De acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y coordinadora de esta línea que gestionan las comunidades autónomas, quedan 131,27 millones de euros pendientes de asignación.
No obstante, la cantidad puede ser inferior porque los datos se van actualizando con la información que llega de las autonomías. Pero el principal problema ha estado en la aplicación de las ayudas, que en la mayoría de los casos han tardado, y siguen haciéndolo, más de dos años en recibirlas, por lo que en ningún caso han sido ayudas directas de las que pudieran aprovecharse las rentas más bajas.
Los objetivos de movilidad eléctrica están por ello en juego, pues España aspira a contar con 5,5 millones de vehículos electrificados -eléctricos puros e híbridos enchufables- circulando en 2030, pero la situación se agrava por el hecho de que las ventas estén cayendo en este ejercicio.
En el primer trimestre, la cuota fue de un 10%, peor que la registrada en el mismo periodo de 2023, y en mayo, las matriculaciones de turismos eléctricos cayeron casi un 12%, hasta las 9.180 unidades. Y en este contexto destaca la dimisión del hasta ahora presidente de la patronal de fabricantes Anfac, Wayne Griffiths, que hace unas semanas anunció que dejaba el cargo ante la "inacción del Gobierno en favor de la electrificación".
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación