El Gobierno calcula que las medidas que ha aprobado este martes para facilitar que las empresas puedan realizar Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTEs) y suspender temporalmente de empleo a su plantilla ante el impacto del coronavirus le costarán al Estado 5.000 millones de euros al mes, lo equivalente a 4 décimas de PIB.
En principio, las medidas aprobadas en el real decreto-ley que se publicará en el BOE mañana, estarán vigentes durante el periodo que dure el Estado de Alarma en el país, es decir, inicialmente 15 días a contar desde el pasado sábado que podrán ser prorrogables por otros 15 días, por lo que en caso de que finalmente la situación dure un mes, el gasto para el Estado sería de 5.000 millones de euros, según estiman fuentes gubernamentales.
Según el real decreto-ley, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Gobierno permitirá a los trabajadores afectados por un ERTE acceder a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización necesario para tener acceso a ella y, adicionalmente, que el periodo de la suspensión del contrato o la reducción de la jornada durante el que estén percibiendo dicha prestación no les compute a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos.
"En circunstancias normales, durante un ERTE el trabajador puede acceder a la prestación contributiva por desempleo si cuenta con el periodo de cotización necesario para tener acceso a ella y, además, este periodo le computa a efecto de los periodos máximos de percepción de la prestación", aclara el decreto.
Pago de cotizaciones sociales
Además de pagar la prestación por desempleo a los empleados que sean despedidos, el Estado asumirá también el coste de las cotizaciones sociales, "exonerando a las empresas del pago de la aportación empresarial a la Seguridad Social, completa a las empresas que reúnan la condición de PYME, y del 75% al resto de empresas siempre que éstas se comprometan a mantener en el empleo".
"Hasta ahora, sólo en los casos en los que la fuerza mayor derive de acontecimientos catastróficos naturales que supongan la destrucción total o parcial de la empresa o centro de trabajo impidiendo la continuidad de la actividad el empresario se podría exonerar del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social", con lo que esto es también una novedad respecto a la legislación actual.
El gasto derivado de los ERTEs correrá con cargo al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, el antiguo INEM), es decir, a los Presupuestos Generales del Estado, pero el Ejecutivo está trabajando en la creación de un fondo y viendo cómo pueden dotarlo de forma sólida desde el punto de vista financiero para tener un fondo estructural útil que pueda seguir funcionando.
Hundimiento de la recaudación
Además de esta cuantía, la Administración tendrá que asumir el pago de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, aunque no ha calculado todavía a cuánto podría ascender ese coste, ya que dependerá del número de autónomos que la soliciten. Los que la pidan también estarán exonerados de pagar su cuota, con lo que eso también mermará los ingresos públicos.
El Ejecutivo asume que se va a producir una caída de la recaudación, pero aún no maneja un cálculo público de cuánto podrían mermar los ingresos. Si a eso se une el incremento de los gastos, parece seguro que el déficit público se disparará este ejercicio. Sin embargo, dada la emergencia sanitaria, en Moncloa asumen que no supondrá un problema con Bruselas.
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