No hubo acuerdo pero, al menos, sí diálogo en torno al futuro de la estiba entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Propuestas, contrapropuestas, tiras y aflojas. Todo lo que las urgencias de la pasada semana, en la víspera del debate en el Congreso acerca del Real Decreto Ley que reformará el sistema y que, finalmente, fue derogado por la falta de apoyos del Gobierno. En la última reunión, los sindicatos respondieron a la propuesta del Ejecutivo con una rebaja salarial que, por el momento, no ha sido mal recibida en Moncloa. Ya es algo.
Durante otro eterno encuentro, de más de cinco horas de duración, los representantes de los trabajadores trasladaron al Gobierno y la patronal una proposición consistente en una bajada media de los salarios del 6%, una cuantía aproximada de algo más de 25 millones de euros anuales, que iría destinada tanto a contribuir a las prejubilaciones propuestas por el Ejecutivo como a medidas para impulsar la productividad.
A cambio, los sindicatos exigen que el sistema de prejubilaciones que puso el Gobierno deprisa y corriendo encima de la mesa la pasada semana sea algo más flexible. La oferta del Ejecutivo consistía en jubilaciones anticipadas voluntarias para los trabajadores mayores de 50 años, que pasarían a cobrar el 70% del sueldo.
La pretensión de los sindicatos es que la oferta se pueda extender a más trabajadores del sector. Pero, eso sí, no renuncian a su principal reivindicación, la que impide de todo punto que haya un acuerdo definitivo: que la subrogación de trabajadores por parte de las empresas estibadoras quede reflejado en el Decreto-Ley, algo que no es posible, como reiteró este martes el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, porque va contra los principios de la Unión Europea.
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