Los expertos en el sector energético recordarán 2019 como el año en el que la maquinaria de la transición hacia una economía totalmente descarbonizada en 2050 adquirió plenamente velocidad de crucero. El ejercicio que está a punto de terminar pasará a la historia por ser aquel en el que se alumbró la primera hoja de ruta concreta y específica para la lucha contra el cambio climático y, sobre todo, cuánto supondrá la factura: ni más ni menos que unos 240.000 millones de euros.
En tiempo prácticamente récord, el Gobierno que aterrizó en Moncloa a mediados de 2018, tras la moción de censura, diseñó el Plan Integrado de Energía y Clima (PIEC) exigido por la Comisión Europea y que fue valorado por ésta como el mejor y más ambicioso de los 28 que llegaron hasta Bruselas. El Ministerio de Transición Ecológica, con Teresa Ribera a la cabeza, fijó las bases con el horizonte de 2030, para lograr en la fecha objetivos ambiciosos como una reducción superior al 30% de emisiones de gases contaminantes o que el 74% de la energía eléctrica provenga a finales de la próxima década de fuentes renovables.
El plan supone decirle prácticamente adiós a la generación térmica con carbón a partir de 2020 y de forma definitiva en 2025. Además, multiplicar la potencia instalada de energía eólica casi por cinco y la solar fotovoltaica por más de nueve. Mientras, a lo largo del periodo contemplado en el plan comenzarán a cerrar de forma paulatina cada una de las siete plantas nucleares aun en activo, un proceso que concluirá en 2035.
Inversión estratosférica
La estratosférica inversión que precisará el cumplimiento del Plan tendrá un componente público pero, sobre todo, privado. Está previsto que aproximadamente el 80% de los fondos provengan de esta parte. Una circunstancia que ha repercutido en los planes que las grandes compañías del sector tenían ya en marcha. Incluso antes de darse a conocer los detalles específicos del PIEC, Iberdrola anunció una revisión al alza de sus inversiones en renovables en España hasta 2022. Tras el verano, Endesa anunció su decisión de adelantar el cierre de las dos plantas de carbón que, en principio, iban a seguir funcionando al menos hasta 2025, As Pontes y Litoral, para lo que llevó a cabo un deterior contable de hasta 1.300 millones de euros.
La transición energética y el PIEC han condicionado la estrategia de los grandes del sector
El cambio más radical, no obstante, lo protagonizó Repsol. En la recta final de año anunció que modificará sustancialmente su actual plan estratégico (hasta 2022) para sustituirlo por uno prácticamente nuevo, el primero con el objetivo de convertirse en una empresa neutra en carbono para el año 2050, en línea con los objetivos del Acuerdo de París. A lo largo del ejercicio, la compañía ha ido sumando megawatios a su cartera de renovables.
Desde que en noviembre de 2018 formalizó la compra de activos y de la cartera de clientes de Viesgo, la empresa presidida por Antonio Brufau ha adquirido varios proyectos en la Península Ibérica, tanto de eólica como de solar fotovoltaica y de eólica marina. Y, además, ha logrado el objetivo de cerrar 2019 con más de un millón de clientes de electricidad y gas, con un ritmo sostenido de más de 20.000 altas al mes.
Una transformación que verá la luz a mediados de 2020 y que supondrá un ajuste contable de unos 4.800 millones de euros.
Cepsa renunció volver a Bolsa
Sin duda, la transición energética y el PIEC han condicionado la estrategia de los grandes del sector. Entre ellos, Cepsa, que dejó a un lado los planes de volver a la Bolsa toda vez que su principal accionista, el fondo emiratí Mubadala, optó por vender un 30% del capital a Carlyle. Esta operación aceleró la desinversión en Medgaz, el gasoducto que conecta España con su principal proveedor de gas natural, Argelia, lo que permitió a Naturgy elevar su participación en la infraestructura hasta el 49%, desde el 15% que tenía. El porcentaje mayoritario sigue en manos de Sonatrach, que también adquirió parte del 42% que Cepsa puso a la venta.
Por lo demás, el año 2019 también fue el del retorno a la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) de las atribuciones regulatorias en materia energética que le había arrebatado el anterior Ejecutivo. De forma in extremis, al borde de la multa por parte de la Comisión Europea, el Gobierno corrigió la situación justo a tiempo para que el organismo que preside José María Marín Quemada trabajara en el nuevo marco retributivo para los próximos periodos (2020-2025, en el caso del sistema eléctrico; 2021-2026, para el gasista).
Fue otro de los hitos del año. Las propuestas iniciales del regulador generaron un fuerte terremoto en el sector, especialmente en la industria gasista, debido a los notables recortes de las retribuciones que incluían (entre el 18% y el 21% en el caso de la distribución y el transporte de gas). Los lobbies comenzaron a desarrollar una frenética actividad en la que no faltaron amenazas públicas de llevar a la CNMC a los tribunales si la medida terminaba haciéndose efectiva. Los anuncios los llevaron a cabo dos de las empresas más afectadas por la propuesta, Naturgy y Enagas.
Disputa con el Gobierno
Además, los fondos internacionales que invirtieron en los últimos años en las redes de distribución de gas también celebraron un sinfín de reuniones y encuentros con el regulador y el propio Gobierno con la advertencia de que el tijeretazo ponía en peligro el cumplimiento del PIEC puesto que hacía inviable financiar los 40.000 millones de euros contemplados en el Plan para las redes si el retorno iba a ser atenuado de esta forma.
Ante esta amenaza, el Gobierno tuvo que tomar cartas en el asunto y sacar el as que se había guardado en la manga a la hora de devolver las competencias a la CNMC, a la que daría unas orientaciones de política energética de las que no debería alejarse. En el caso de que así fuera, Moncloa se guardaba la posibilidad de convocar una mesa de diálogo con el regulador para tratar de alcanzar un acuerdo.
Aunque el Gobierno ha parado el primer golpe, las compañías siguen adelante con sus planes para amortiguar el impacto
El Ministerio de Transición Ecológica tuvo que tirar de este recurso para evitar una fuga de inversores del sector que pusiera en peligro sus planes. Sobradas pruebas tenía de que no se trataba de simples amenazas. Naturgy anunció la paralización de nuevas inversiones en distribución hasta que no se aclarara el panorama regulatorio y mandó a casa a 300 trabajadores de su filial Nedgia de forma provisional. Mientras, aprovechando la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunió con algunos de los principales fondos de inversión del mundo, que también le trasladaron su inquietud sobre este asunto.
Finalmente, las circulares aprobadas por la CNMC han suavizado de forma general los recortes retributivos aunque la más polémica, la de distribución gasista, aun no se ha aprobado (ante el intenso debate y la falta de acuerdo en el regulador) y quedará para 2020.
Aunque el Gobierno ha parado el primer golpe, las compañías siguen adelante con sus planes para amortiguar el impacto. Naturgy mantiene sus inversiones en stand-by mientras que Enagas ha acelerado sus planes para la adquisición, conjuntamente con los fondos Blackstone y GIC, de la estadounidense Tallgrass, que había iniciado en marzo.
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