La revolución tecnológica está abriendo brecha en varios sectores en España. Los conflictos recientes de la viviendo turística y el taxi lo evidencian. Por ello, el Gobierno sondea una segunda tasa Google para defender a estos sectores de las 'empresas de internet' y que no se produzcan "competencias desleales".
Un escenario que dejaba caer este jueves la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. "La fiscalidad del siglo XXI tiene que responder a una serie de nuevos servicios, que muchos están en la red. Ahora tenemos una fiscalidad obsoleta en algunas áreas nuevas en las que se están generando empresas y empleos, pero que no están igual de reguladas como los sectores tradicionales, lo que genera competencias desleales", señalaba en una entrevista concedida a Europa Press.
Una propuesta de Industria que se pondrá encima de la mesa en "futuros encuentros interministeriales", como indican fuentes cercanas a la cartera que dirige Reyes Maroto. "En estos momentos, existen intenciones pero no hay nada en marcha. Tampoco existe un registro de sectores ni empresas concretas, porque la intención es reunirse con otros ministerios, principalmente Hacienda y Economía, para analizar esta posibilidad", añaden.
En esta hoja de ruta, el ministerio también plantea reunirse con los representantes de diferentes sectores para conocer la situación y poder establecer las líneas de trabajo. "Por el momento, esta propuesta está en una fase muy inicial", reiteran desde el Ministerio de Industria. Aunque su objetivo está claro que es cubrir áreas económicas que no estén dentro de "la fiscalidad del siglo XXI".
La intención es reunirse con otros ministerios, principalmente Hacienda y Economía, para analizar esta posibilidad"
Una propuesta que puede recordar a la tasa Google. Este otro impuesto a las grandes tecnológicas, que el Gobierno tramitará este año, va dirigido a gravar la publicidad online, la venta de datos generados con información proporcionada por usuarios y las actividades intermediarias de plataformas digitales. Por su parte, la medida que se plantea desde Industria busca una nueva regulación y fiscalidad para que todos las compañías de un sector, sean de empresas de internet o no, operen en las mismas condiciones.
Vivienda turística y licencias VTC
Los dos candidatos que suenan con mayor fuerza en esta propuesta son los sectores de la vivienda turística y el transporte interurbano. En el caso de los pisos turísticos, el conflicto volvió a tener un nuevo capítulo esta semana. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió este martes impugnar las normas urbanísticas en materia de pisos turísticos de los ayuntamientos de Madrid, Bilbao y San Sebastián.
El organismo considera que dichas normativas atentan contra la competencia y perjudican a los consumidores y usuarios. "Todas estas medidas tienen efectos restrictivos sobre la competencia en las tres ciudades, al impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar a los oferentes de alojamientos turísticos ya instalados", indica la CNMC. Un conflicto que tiene como gran protagonista a la actividad de la tecnológica Airbnb y la rapidez con la que se ha expandido en este sector.
Algo similar sucede con Uber y Cabify. La movilización del sector del taxi evidenció que existe un verdadero conflicto en el transporte urbano e interurbano en España y que también tiene como protagonistas a empresas de internet. Un problema que se fundamenta en el elevado número de licencias vehículos de transporte con conductor (VTC), que son las que utilizan este tipo de empresas.
En la protesta de la semana, la acusación principal es que Uber y Cabify realizan "competencia desleal", el mismo término que utilizaba la ministra en su entrevista en Europa Press. Pero en este escenario también tendrán mucho que decir otras empresas, como puede ser aquellas que operan los carsharing. Un tipo de transporte que se está abriendo hueco y que también forma parte de esta economía 2.0. La propuesta del Gobierno irá desvelándose en los próximos meses y habrá que esperar una respuesta por parte de los organismos de competencia.
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