El Gobierno acaba de publicar la lista de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos Next Generation EU y la mayoría son organismos públicos. Menos de 40 de las 100 entidades que figuran en el documento difundido por el Ministerio de Economía son privadas, mientras que el resto son empresas públicas, ministerios o ayuntamientos, tal y como avanzó Vozpópuli.
Entre los 100 mayores beneficiarios se han adjudicado un total de 5.112 millones, casi un 15% del dinero que España ha recibido hasta ahora desde Europa: 37.000 millones. El primer receptor de fondos en la lista es la empresa pública Adif-Alta Velocidad, con 1.602 millones de euros, seguido de la matriz de la misma, con 953 millones. Ambas acaparan la mitad del montante total.
En tercer lugar está el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con 309 millones; y en cuarto, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, con 172 millones. Hay que continuar hasta el octavo puesto para encontrar una empresa privada: Power Holdco Spain. La entidad valenciana de recambios de motor ha captado un total de 97,5 millones del dinero europeo.
La siguiente ya se encuentra en el puesto 14: la filial de la multinacional Mercedes Benz en España, con 55,2 millones. De hecho, entre las empresas privadas que aparecen en el listado destacan las del sector del automóvil al ser el primer "proyecto estratégico" que salió adelante. En la lista no figura ninguna compañía del Ibex 35, prueba del retraso que acumulan otros proyectos clave en materia energética.
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Mes y medio de retraso
El Gobierno se saltó el plazo marcado por la Comisión Europea para publicar la lista de los 100 mayores beneficiarios de fondos europeos, una iniciativa impulsada por la eurodiputada de Ciudadanos, Eva Poptcheva. Los países están obligados a hacerlo dos veces al año, tal y como marca el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y Bruselas les había pedido que fuera en abril y octubre.
De hecho, Bruselas llegó a enviar una carta formal al Gobierno ante el retraso que acumulaba en la publicación de la lista de los 100 mayores beneficiarios. En el documento, firmado por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, se recordaba que "los Estados miembros tienen la obligación de publicar los 100 mayores receptores dos veces al año".
Antes de esta comunicación escrita, la Comisión Europea ya había enviado varias advertencias verbales a España y el resto de países 'incumplidores'. El pasado mes de julio, durante la reunión con los eurodiputados de las comisiones de Presupuestos y Asuntos Económicos, se preguntó por primera vez al comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, por el retraso de España. "Nos estamos dirigiendo a los Estados miembros que todavía no han enviado la lista, pidiéndoles que proporcionen la información", aseguró.
En la primera semana de octubre, cuando se celebró otra reunión de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, Gentiloni y Dombrovskis informaron de nuevo de que se habían dirigido a esos Estados miembros para solicitarles que difundieran los listados, pero fueron más allá y marcaron una fecha límite: el 15 de octubre.
"En recientes reuniones con Estados miembros recordamos que el 15 de octubre es la fecha límite y si no se respeta emprenderemos acciones legales al respecto", dijo Gentiloni. "Estamos en contacto con los Estados miembros que aún no han publicado los 100 mayores beneficiarios y les estamos instando a que los publiquen sin demora y a más tardar el 15 de octubre", señaló también Dombrovskis.
La presencia de entes públicos
El pasado 16 de octubre -un día después de que finalizara el plazo que, tal y como avanzó este periódico, la Comisión Europea marcó a los Estados miembros que aún no habían adoptado esta medida de transparencia- el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso remitió una pregunta al Gobierno de Pedro Sánchez para que respondiera por escrito cuándo tenía previsto publicar la lista.
Un mes después, el Gobierno respondió que "la lista de principales beneficiarios de ayudas y licitadores de obras refleja el importante peso de las grandes inversiones en movilidad sostenible -impulso de la red ferroviaria, movilidad urbana sostenible y PERTE del vehículo eléctrico y conectado- en la parte ya ejecutada del Plan de Recuperación". También señaló "el importante papel de los ayuntamientos en el despliegue de las inversiones".
En los informes sobre la ejecución de los Next Generation que ha ido publicando el Gobierno ya se vislumbra, precisamente, que la mayoría de los fondos UE que se resuelven se quedan en la Administración Pública. Es decir, que el beneficiario final es una entidad local, una comunidad autónoma, un centro de I+D+i (universidades, centros educativos, tecnológicos y de investigación, etc.), u otras entidades y organismos públicos.
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