El hachazo retributivo propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para las redes de transporte y distribución de gas y electricidad comenzó siendo un problema para las empresas del sector pero ha terminado convirtiéndose en una cuestión de Estado. Y, por lo tanto, de un Gobierno que observa con preocupación cómo la situación puede derivar en una avalancha de procesos judiciales en contra. De ahí que el Ejecutivo esté estudiando la manera de atemperar la propuesta del regulador para los próximos periodos regulatorios, tarea mucho más complicada desde que el organismo recuperó las competencias que le había arrebatado el anterior Ejecutivo.
La última amenaza de actuación judicial por el potencial recorte retributivo llegó desde un lugar un tanto inesperado. Enagas, el gestor del sistema gasista español, no dudó en trasladar a los analistas su intención de recurrir a actuaciones judiciales en defensa de los intereses de la compañía. En la presentación de sus cuentas semestrales, su presidente, Antonio Llardén, fue especialmente crítico con las circulares de la CNMC, hasta el punto de que aseguró que ponían en serio peligro la estabilidad del sistema.
Las palabras de Llardén sorprendieron un tanto al mercado, toda vez que el presidente de Enagas no se caracteriza por emplear un tono elevado en sus comparecencias públicas. La pasada semana, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, se había pronunciado en parecidos términos. No en vano, se trata de las empresas más golpeadas por el hachazo retributivo. En el caso de Enagas, porque la actividad que desarrolla (transporte de gas y regasificación) es la que más ve reducida su retribución en la propuesta de la CNMV (por encima del 21%). En el de Naturgy, porque se ve afectada tanto por el recorte para la distribución de gas como el de la distribución de electricidad.
La apelación de Enagas a los tribunales también incluye la defensa de los intereses de sus accionistas. Y entre ellos figura el Estado, que mantiene una participación del 5% en la compañía. Un extremo que coloca en una situación un tanto delicada al Gobierno, que ya vio cómo otra de las compañías con participación pública, Red Eléctrica, se manifestaba por boca de su presidente, Jordi Sevilla, contra el recorte retributivo (aunque, en este caso, sin amenaza de tribunales).
Las bazas del Gobierno
Lo cierto es que la potestad de fijar las retribuciones está en manos de la CNMC. La decisión de su pleno deberá ser aprobada en último término por el consejo de ministros sin enmienda. Las bazas del Ejecutivo pasan por intentar que el regulador modere antes su propuesta, bien tras analizar las numerosas alegaciones en las que trabajan los interesados, entre ellos el propio Gobierno, y que se podrán enviar hasta el próximo 9 de agosto, bien con el informe sobre las circulares que tiene que emitir y en el que está trabajando actualmente.
El contenido del informe podría forzar la creación de una comisión de coordinación en la que el Gobierno y el regulador se sentarían para tratar de alcanzar un acuerdo en esta materia. Para ello, el Ejecutivo debería argumentar que las propuestas recogidas en las circulares no son conformes a las orientaciones de política energética que el Ministerio de Transición Ecológica dio a la CNMC a comienzos del pasado mes de abril.
Este lunes, la ministra en funciones, Teresa Ribera, adelantó que el departamento que dirige ha observado alguna cuestión incluida en las circulares en la que el regulador podría haber excedido sus competencias, en concreto, la relacionada con las nuevas infraestructuras de redes. Quizá, una forma sutil de adelantar que el Gobierno tendrá finalmente algo que decir en este asunto.
Una última baza es el dictamen del Consejo de Estado, aunque no es de carácter vinculante.
Una prueba de fuego
Por su parte, los principales accionistas de las distribuidoras de gas, en su mayoría inversores institucionales extranjeros, también están siguiendo el proceso con mucha atención y, de confirmarse los recortes, tampoco dudarían en acudir a los tribunales y a organismos internacionales de arbitraje en defensa de sus intereses.
Un escenario que el Gobierno pretende evitar a toda costa pero, al mismo tiempo, sin invadir las competencias de la CNMC, para cuya recuperación trabajó desde que llegó a Moncloa (en junio de 2018, tras la moción de censura), hasta la aprobación del correspondiente decreto, a comienzos de 2019. Todo ello, bajo la amenaza de la Comisión Europea de imponer una sanción si el regulador no recuperaba sus competencias.
El régimen retributivo de las redes de electricidad y gas se ha convertido en un gran desafío y una prueba de fuego para demostrar si realmente se ha producido ese retorno de las competencias al regulador o si, por el contrario, tan relevante es ese 'as' que el Gobierno se guardó en la manga en el Decreto.
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