Alberto Garzón y Salvador Illa compartirán edificio. El primero es, desde este lunes, ministro de Consumo y, el segundo, ocupará la cartera de Sanidad. Un dueto que enciende las esperanzas de los defensores de la regulación del uso del cannabis en España, la familia de plantas de la que deriva la marihuana.
Por un lado, Garzón ha defendido públicamente la legalización de la marihuana en este país como líder de IU. Por otro, Illa aterriza en el Ministerio tras ocupar el cargo de número dos de la formación socialista más activa en esta materia, como es el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC).
El escenario es favorable y nadie lo niega de forma oficial, pero se afronta con prudencia. Según explican fuentes cercanas al ministro de Consumo, todavía no se ha establecido una hoja de ruta para conocer cuándo se puede abordar el debate de la marihuana y existen dudas sobre qué cartera debería abordar esta materia.
Existen dos vías para afrontar este asunto: la medicinal y la integral (que incluye el consumo para ocio). La primera dependería, principalmente, del Ministerio que liderará Salvador Illa. La línea ideológica del ministro se vincula con la postura del PSC, que es la única formación dentro del PSOE que en su congreso federal votó a favor de una regulación del cannabis y redactó una iniciativa legislativa popular en Cataluña, que luego se encargó el Tribunal Constitucional de anular.
Fuerza en el Congreso
Revisar el cannabis por la vía integral necesitaría un respaldo del Congreso de los Diputados, en concreto, de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. Este es el modelo que ha defendido Unidas Podemos. La formación que lidera Pablo Iglesias, quien antes de entrar al Gobierno presentó una iniciativa parlamentaria sobre el cannabis, tendría el respaldo parlamentario de los partidos nacionalistas vascos (PNV y EH Bildu), catalanes (PDeCAT y ERC), Más País e, incluso, Ciudadanos, que ha defendido públicamente los avances en esta materia.
El gran escollo para este avance sería la rama más conservadora del PSOE. El cannabis tiene en esta legislatura la mayor fuerza parlamentaria de su historia, no como cuando el propio Alberto Garzón reclamaba el voto favorable en 2013 a la propuesta que lideraba una fuerza que hoy cuenta con 13 escaños (ERC) y por entonces era minoritaria:
Hoy se vota si se legaliza o no el cannabis, a propuesta de ERC. Nuestro grupo, IU-ICV-CHA, votará a favor de la legalización.
— Alberto Garzón? (@agarzon) March 12, 2013
"Más cerca que nunca"
Las principales voces en la lucha por una revisión son optimistas. "En esta legislatura estamos más cerca que nunca de una regulación del cannabis", asegura Bernardo Soriano, portavoz de Regulación Responsable y abogado de S&F. "Creemos que esta es la legislatura para el cannabis porque nos estamos quedando todos atrás", añade Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal.
Desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal apuestan por dar un primer paso con el cannabis desde el punto de vista sanitario. "Entendemos y deseamos que se arranque primero con el medicinal, porque se está dejando al paciente/usuario en manos del narco en vez del médico", argumenta Carola Pérez. Su organización entiende que es el producto que podría luchar contra el dolor que producen graves enfermedades como el cáncer. "El dolor no puede esperar y el uso medicinal nos parece mucho más urgente", matiza.
Bernardo Soriano, que lidera uno de los lobbys más importantes del sector en España, considera que el actual escenario abre la puerta a una regulación integral. "Creo que es muy importante ofrecer el uso medicinal para los cerca de 200.000 pacientes que se estima que demandan este productos, pero veo más necesario crear un marco legislativo para el total de cuatro millones de consumidores de cannabis que hay en España", explica el abogado.
1.900 millones en impuestos
Otro argumento que aportan para este avance es el impacto socioeconómico que tendría la regulación de la marihuana en España. Los datos de Regulación Responsable apuntan que, con la necesidad actual de recaudar, este avance generaría 1.900 millones de euros en impuestos, 38.000 puestos de trabajo y un recorte en la inversión en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dedicados a lidiar con el tráfico ilegal, sobre todo, en el sur de España.
"Se abre un período de gran actividad para nosotros pero, hasta que no se hable de este asunto de manera oficial, todo serán especulaciones", destaca Soriano. "El escenario actual deja a España en ridículo internacional porque tenemos a los mejores científicos y cultivos legales que exportan a otros países", sentencia Carola Pérez. Ambos coinciden en que el actual panorama político ofrece una oportunidad única a la regulación del cannabis en España.
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