Un año después de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el Gobierno reconoce abiertamente estar "insatisfecho" con su eficacia: solo uno de cada tres hogares a los que quería llegar lo cobran y el colapso de solicitudes se ve agravado por el hecho de que muchos altos patrimonios, que no tienen derecho a percibir la prestación, están solicitándola.
Según ha reconocido Israel Arroyo, secretario de Estado de Seguridad Social, este organismo se sorprende de la gran cantidad de personas con un "patrimonio muy alto", con vivienda, inversiones o incluso cuentas bancarias acaudaladas, que han intentado acceder a esta prestación. De hecho, ha explicado que más o menos dos tercios de las solicitudes se están denegando, en la mayor parte de los casos porque no cumplen con los requisitos de renta o patrimonio. Este aluvión de peticiones provoca demoras en la tramitación.
La baja incidencia del Ingreso Mínimo, que sólo llega de momento a 300.000 de los 850.000 hogares a los que pretendía cubrir el Ejecutivo, le hace estar trabajando actualmente en conocer por qué los posibles beneficiarios no lo piden y cómo depurar los requisitos para facilitar el acceso (por ejemplo, definiendo mejor qué es un hogar y qué una vivienda, ya que hay casos en los que en una vivienda residen muchos hogares).
Uno de los problemas que lo explica es el hecho de que los potenciales beneficiarios pertenecen a las capas más pobres de la sociedad, de las que no hay suficiente información en el sistema. "No tenemos un sistema de servicios sociales suficientemente sobredimensionado para poder hacer la comprobación de forma directa. De forma transitoria hay posibilidad de que ONGs u otras entidades puedan hacer esa labor de acreditación de que se cumplen los requisitos", explica.
El Gobierno admite que su diseño fue experimental
"No estamos satisfechos, les mentiría si dijera lo contrario, el Ingreso Mínimo Vital es una política que nació con la intención de ser un elemento esencial del Estado de Bienestar, que nos faltaba; la Comisión Europea nos lo afeaba, que no teníamos un instrumento genuino de lucha contra la pobreza, sobre todo infantil, que había parches más o menos bienintencionados que funcionaban en unos casos mejor y en otros peor, pero que como Estado nos faltaba un instrumento. El IMV se diseñó con mucho conocimiento previo pero de una manera experimental", ha admitido Arroyo.
El Gobierno tenía intención de diseñar y desplegar este mecanismo a lo largo de toda la legislatura, pero el impacto devastador de la pandemia en las capas más pobres de la sociedad y la presión de la facción de Unidas Podemos en el Gobierno -liderada hasta hace poco por Pablo Iglesias como ministro de derechos sociales- llevaron al Ministerio de Seguridad Social a lanzar el Ingreso Mínimo sin que estuviera del todo preparado a finales de mayo del año pasado.
"Hay cosas que quedan por mejorar y añadir", reconoce el Ejecutivo, cuya principal preocupación es que muchas de las personas que sobre el papel tendrían derecho a cobrarlo no lo han solicitado.
Los autónomos con derecho a cobrar el Ingreso Mínimo no lo piden
Otro de los colectivos que según los estudios previos del Ministerio podría haber accedido al IMV es de los autónomos, uno de los principales sufridores de la crisis, y que sin embargo no ha visto en esta ayuda una solución a la caída de sus ingresos.
Lorenzo Amor, presidente de ATA (la asociación más representativa de los autónomos), explica a Vozpópuli que los autónomos no han recurrido al Ingreso Mínimo Vital por distintas razones, como por ejemplo que los autónomos societarios están excluidos; que la prestación extraordinaria por cese de actividad (el llamado paro de los autónomos) no es compatible con el IMV, con lo que los autónomos con mayores dificultades que han accedido a este paro no podrían pedirlo; y finalmente porque para muchos autónomos es más útil la renta mínima autonómica que el IMV.
Autónomos con los que ha podido hablar este medio han apuntado también que aunque han sufrido un hundimiento de sus ingresos a raíz de la covid-19 y ahora mismo no tienen ninguna liquidez, sí tienen patrimonio ilíquido (vivienda, por ejemplo) con lo que quedan excluidos del acceso a esta prestación.
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