Los sindicatos de clase, o no de clase, corporativos, profesionales o de la Administración central, así como las organizaciones que representan a los autónomos y la patronal tienen asignada una subvención directa de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, los más ‘sociales’, de al menos 40 millones de euros, un 10% más que la asignación fijada en años anteriores. Una cantidad que es nueve veces superior, por ejemplo, a la subida porcentual de las pensiones.
En general, el Gobierno replica las ayudas que figuraban en los primeros presupuestos elaborados por Pedro Sánchez para 2019, que no fueron aprobados por el Congreso con la consiguiente convocatoria electoral. Pero, la letra pequeña, hasta donde se puede llegar, advierte de algunos cambios importantes que determinan además que Sánchez y su socio Pablo Iglesias han mantenido también discrepancias en esta materia. Por ejemplo, el presidente del Gobierno había previsto en su primer Presupuesto de 2019 una subida de las subvenciones para los sindicatos que, sin embargo, no figura en el de 2021 en las partidas que controla ahora el ministerio de Trabajo.
Este departamento, en manos ahora de Podemos, ha optado por congelar las ayudas existentes al conjunto de fuerzas sindicales y, a la vez, duplicar con creces las asignaciones a las organizaciones de autónomos que representan a un colectivo sobre el que Iglesias ha manifestado un inusitado interés. Seguramente porque, además de ser uno de los 'paganos' de la crisis, es uno de los objetivos de la formación morada para convertirse en uno de sus caladeros electorales en el que hay más de tres millones de votos directos en juego.
Los sindicatos llevan recibiendo financiación pública desde hace casi 40 años. Defienden que la Constitución (en sus artículos 7, 129.1 y 131.2) les reconoce, y también al asociacionismo empresarial, un papel de sujeto político del Estado de derecho, “similar a los partidos políticos”, señalan fuentes de estas organizaciones, como representantes de las reivindicaciones y valores de la clase trabajadora en la composición del interés general.
Los Presupuestos destinan fondos públicos desde 1982 a las organizaciones sindicales, y en menor medida para las empresariales, cuando el Gobierno de UCD que presidía Calvo Sotelo alcanzó un pacto con UGT y CCOO (Acuerdo Nacional de Empleo) para tener el respaldo social que necesitaba tras el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981. En aquel momento las centrales eran correa de transmisión del PSOE y del PCE. Con el compromiso de crear 350.000 empleos a cambio de la moderación salarial, Calvo Sotelo incorporó una primera partida de 800 millones de pesetas (4,8 millones de euros).
Ese dinero se fue actualizando en una media anual del 2%. Pero, José Luis Rodríguez Zapatero aplicó en 2006 un 'subidón' del 35% hasta sumar entre ambas aportaciones casi 21,1 millones en 2008
Estas ayudas fueron exclusivas para UGT y CCOO en función de la representación que recogía el Estatuto de los Trabajadores. Pero, tras un recurso del Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional falló en 1985 que el reparto debía incluir al resto de organizaciones. En todo caso, se quedó en que CCOO y UGT se llevarían el 75% del total de las subvenciones en función de la representatividad en las elecciones en las empresas y el 50% de las otorgadas por su participación en órganos consultivos del ministerio de Trabajo. Ese dinero se fue actualizando en una media anual del 2%. Pero, José Luis Rodríguez Zapatero aplicó en 2006 un 'subidón' del 35% hasta sumar entre ambas aportaciones casi 21,1 millones en 2008, primer año oficial de la crisis económica.
La llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa supuso un nuevo cambio ya que, para reducir las cifras del déficit y enviar un mensaje de ajuste a la ciudadanía, redujo un 44% las aportaciones concedidas en función de la representación de las centrales y un 56% las otorgadas por su participación en los órganos consultivos. El tijeretazo de Rajoy en 2012 supuso una rebaja de ambas ayudas hasta los 11,6 millones. Este ajuste fue el que Sánchez decidió modificar en los Presupuestos de 2019 con un alza del 6% de las subvenciones de Trabajo (más de 700.000 euros) hasta los 12,3 millones en este primer año de su presidencia del Gobierno.
'Subidón' a los autónomos
Sin embargo, este incremento previsto y comunicado a los sindicatos en su momento no aparece en los Presupuestos de 2021, que vuelven a establecer los 11,6 millones de asignación (8,9 millones en función de la representatividad y 2,7 millones por la actividad consultiva en Trabajo) y permanecen invariables desde 2013. En todo caso, a estas cifras hay que añadir 1,3 millones por la representación sindical y patronal en el Consejo Económico y Social (CES), más otros 1,2 millones de su participación en la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
El ‘subidón’ realmente se ha producido en las partidas del Ministerio de Trabajo destinadas a las organizaciones de trabajadores autónomos. Para sorpresa de los sindicatos, se llevan la mejor tajada. Así, si este departamento había consignado 3,1 millones en los Presupuestos de 2019 de Sánchez para sufragar los gastos de funcionamiento de estas asociaciones así como la difusión y el desarrollo y fomento del trabajo autónomo, en los de 2021 aparecen casi 7,4 millones, más del doble.
Un reparto troceado por los ministerios
La financiación a las fuerzas sociales se reparte en la mayor parte de las secciones presupuestarias de los ministerios y de sus organismos ‘satélite’ con justificaciones de lo más variopinto. Por ejemplo, Agricultura destina 2,9 millones a las organizaciones profesionales agrarias y otras entidades asociativas, así como casi otro millón más de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y cooperativas agroalimentarias. A todo esto, hay que sumar otros 376.000 euros destinados a los sindicatos del sector alimentario y medioambiental. Y este departamento otorga además 2,1 millones a los convenios de colaboración con las cooperativas agroalimentarias y con la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), adscrita a la CEOE.
Por su parte, el Ministerio de Industria incluye 70.000 euros en una nueva partida destinada directamente “a UGT y CCOO para el desarrollo del proyecto Hoteles Justos” mientras que el departamento de Política Territorial y Función Pública habilita 1,2 millones para “el apoyo instrumental de la negociación colectiva” del sector público y otros 8,5 millones a “las organizaciones sindicales para la formación en el empleo”. Lo que significa que el Gobierno adjudica ya de antemano una parte de la formación de los empleados públicos a los sindicatos.
Además, Educación incluye casi 600.000 euros para “el fomento de la participación de los representantes de los empleados públicos en los órganos de la negociación colectiva de los centros docentes públicos no universitarios” y para “financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos de la enseñanza privada”. El departamento de Transición Ecológica aporta otros 123.000 euros a los sindicatos del sector agrario y a las confederaciones de selvicultores. Mientras, el Ministerio de Universidades destina 71.000 euros al apoyo de los sindicatos del sector y a las asociaciones de estudiantes. Y, por su parte, Consumo financia con 3,1 millones a asociaciones y cooperativas; Cultura y Deporte concede 450.000 euros a las asociaciones de futbolistas y de otros colectivos; y el Ministerio del Interior habilita casi medio millón de euros para compensar a los sindicatos de la Policía Nacional y Guardia Civil (Asociación profesional).
Subvenciones indirectas
En realidad, las cifras son sensiblemente superiores ya que en estas subvenciones directas no están incluidas otras partidas que indirectamente revierten en todas estas organizaciones sociales, patronales y de autónomos. Por ejemplo, para el cumplimiento de los fines del CES, el Ministerio de Trabajo destina casi 7,1 millones y 4,1 millones a inversión nueva y de reposición del patrimonio sindical acumulado. También emplea otros 55 millones a través del SEPE para financiar a la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo en la que participan UGT, CCOO, CIG (Confederación Intersindical Galega), CEOE, Cepyme, comunidades autónomas y Trabajo.
En este último lote de subvenciones indirectas hay que incluir también los 28 millones que destina el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo “a Agrupaciones Empresariales Innovadoras” o el casi millón de euros para “el fortalecimiento de los sistema de comunicación y servicios telemáticos de asociaciones exportadoras” dentro del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR), que se financiará con las ayudas de la UE para salir de la actual crisis económica y sanitaria. Por ejemplo, el SEPE tiene asignados directamente casi 320 millones a programas de fomento de empleo del MRR sin que se conozca de momento detalle alguno.
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