El Gobierno pretende dar un respiro en el estado de alarma a los autónomos y pequeñas y medianas empresas (PYME). Su nuevo real decreto ley crea un mecanismo de suspensión del pago de las factura de electricidad, gas natural y otros productos derivados del petróleo por parte del titular del contrato al comercializador de electricidad y gas o, en su caso, el distribuidor en gases manufacturados y gas licuado del petróleo (GLP) canalizado.
Según el borrador al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ejecutivo ha decidido llevar a cabo esta medida para beneficiar a las empresa que tienen menor capacidad de financiación que las grandes. "Resulta oportuno adoptar medidas tendentes a reducir sus costes energéticos, para así aliviar la carga financiera que van a soportar transitoriamente las empresas", explica esta normativa.
Por otro lado, para que los comercializadores o distribuidores no asuman cargas de tesorería indebidas, el Gobierno les exime de afrontar el pago de los peajes durante el periodo de suspensión del pago.
Adicionalmente, para aliviar la carga financiera que supone esta medida sobre las comercializadoras de electricidad y gas, sobre los distribuidores de gases manufacturados y GLP canalizado, y sobre los distribuidores de electricidad, se habilita a todas estas empresas a acceder a la línea de avales establecida real decreto del 17 de marzo, o cualquier otra línea de avales que se habilite con este fin específico.
La cantidad avalada coincidirá con la cantidad en la que hayan disminuido los ingresos de cada agente como consecuencia de esta medida.
Suspender contratos
El real decreto ley permite también a los autónomos y empresas suspender temporalmente sus contratos de suministro o modificar sus modalidades de contratos sin penalización; asimismo, se les posibilita el cambio de peaje de acceso y el ajuste de la potencia contratada al alza o a la baja, sin coste alguno.
"Una vez concluido el estado de alarma, se les vuelve a permitir una nueva modificación sin coste ni penalización", matiza el borrador al que ha tenido acceso este medio.
Una normativa que llega porque, con motivo de la declaración del estado de alarma, se ha producido un significativo descenso de la actividad económica que ha motivado que numerosos titulares de puntos de suministro de gas natural tengan contratado un caudal diario significativamente superior al que necesitan en las circunstancias actuales.
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