La mediática ‘guerra’ ya es totalmente política. El conflicto entre el sector del taxi y las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) se han instalado en las estrategias de las formaciones nacionales, autonómicas y locales. “Los expertos en movilidad han quedado silenciados y las posturas de las administraciones sólo se mueven por intereses partidistas”, manifiestan fuentes cercanas a la negociación.
Un escenario que no concuerda con lo dibujado en agosto, ya que la huelga masiva fue solventada por el Gobierno con dos promesas. Por un lado, un real decreto ley para que cada comunidad decidiese si tomar o no cartas en el asunto. La otra, una comisión que contara con todos los actores afectados en esta contienda para lograr un mejor escenario de movilidad urbana en España.
Desde la negociación indican que este segundo punto ha sido olvidado y que todos los esfuerzos se centran en aplicar el primero. El Gobierno pretende aprobar este decreto el próximo 28 de septiembre en el Consejo de Ministros. “Podemos ha presionado en sus negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez para que se ponga en marcha lo antes posible”, añaden fuentes conocedoras del proceso.
Este avance ha provocado que cambien las tornas. Ahora son algunos empresarios VTC los que llaman a la huelga y el sector del taxi el que asegura que hay avances. Pero desde dentro sólo afirman que existe política. “Cuando se dice que se va a transferir la regulación a las autonomías, no se está hablando de 17, se habla de cuatro: Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía”, matizan.
Cuando se dice que se va a transferir la regulación a las autonomías, no se está hablando de 17, se habla de cuatro: Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía”
Cuatro territorios que concentran cerca del 100% de las VTC y la gran mayoría de los taxis. “Son comunidades que no son del agrado del Gobierno, dos de ellas por disputas externas y las otras dos por diferencias internas de partido. Sobre todo, son cuatro territorios donde el principal aliado del Gobierno tiene más enemistades”, describe.
Desde Moncloa señalan que este problema siempre se ha afrontado desde un ángulo político “por la gran importancia que tiene para la ciudadanía”, describe un portavoz. No obstante, niegan cualquier interés partidista. “Podemos mostró su posición en su momento con respecto a este conflicto y el Gobierno está en manos del Ministerio de Fomento, que es el encargado de afrontar estos asuntos”, añade.
De batalla política a batalla sindical
Los sindicatos son otro frente de batalla. Mientras que los del sector del taxi sacaron músculo con la huelga de finales de julio, las VTC firmaron ayer un acuerdo con Unión General de Trabajadores (UGT). Es decir, uno de los principales sindicatos en España ha elegido bando en esta contienda.
“FeSMC‐UGT y los representantes del sector VTC comparten la preocupación por la incertidumbre regulatoria en la que se encuentra el sector y, más particularmente, por el impacto negativo que podría tener, en la actualidad, la atomización de sus competencias entre las diferentes CC.AA., así como la ausencia de una política de Estado”, anunciaban en su comunicado conjunto.
Por su parte, los sindicatos del taxi celebran los avances realizados por la administración. “Parece que las tornas han cambiado”, indican desde el sector a este medio. La Federación Española del Taxi (Fedetaxi) ve como un primer paso el decreto del próximo 28 de septiembre, para lograr que existe en las calles de las ciudades la proporción de una licencia de VTC por cada 30 de taxi. Una proporción que, en estos momentos parece imposible de cumplir, pero en política ya se sabe que nada es imposible.
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