Rapapolvo del Gobierno a La Liga en torno a su contrato con CVC en pleno juicio por su legalidad. El Consejo Superior de Deportes ha exigido a la entidad que preside Javier Tebas que elimine de los documentos relativos al acuerdo con el fondo y sus posibles financiadores cualquier sugerencia de un posicionamiento favorable de la Abogacía del Estado, según se desprende de un oficio con fecha de este 9 de junio al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El propio presidente del CSD, José Manuel Franco, ha emitido dicho requerimiento a su par de La Liga tras "tomar conocimiento" el pasado 13 de mayo de la alusión a un dictamen de la Abogacía del Estado por parte del propio CVC. El fondo británico hizo dicha mención dentro de un folleto de emisión de bonos por 850 millones de euros que ha activado recientemente para financiar su operación.
En efecto, la Abogacía del Estado elaboró un informe tras pedirlo el Consejo Superior de Deportes con motivo de la Asamblea de La Liga de agosto de 2021 en la que los clubes votarían sobre aliarse con el fondo encabezado por Javier de Jaime. Los jurídicos concluyeron su dictamen en octubre del pasado año.
Según enuncia CVC en su folleto, al que también ha tenido acceso este diario, la Abogacía del Estado emitió su "opinión legal" y en su dictamen "concluyó que las actividades de LaLiga relacionadas con la comercialización de los derechos y la financiación de los clubes son acciones privadas de aquella y no están sujetas al control de la Consejo Superior de Deportes; las transacciones discutidas en dichas resoluciones (el acuerdo Liga-CVC y sus derivadas) están dentro del alcance de la autoorganización económica y financiera prevista en el artículo 38 del Código de Comercio español; y LaLiga es libre de realizar sus transacciones comerciales privadas (lo que incluiría, por tanto, las discutidas en las resoluciones de la Asamblea General de agosto)".
El Consejo Superior de Deportes quiere dejar claro que no se ha posicionado sobre la legalidad del acuerdo de La Liga con CVC
El Ejecutivo entiende que el fondo ha trasladado a sus potenciales inversores el mensaje de que los abogados estatales respaldan el acuerdo sin que esto sea cierto.
Según el requerimiento del CSD a La Liga, "es necesario precisar que el informe emitido por la Abogacía del Estado al que hemos hecho referencia no autoriza, avala, garantiza o apoya la operación sino que se pronuncia sobre las concretas competencias de este organismo autónomo (el CSD) en relación con la misma, concluyendo (...) que el Consejo Superior de Deportes no tiene atribuidas legalmente competencias administrativas de control ni de tutela en el presente caso y que serán competentes para conocer los conflictos y discrepancias que puedan surgir entre los participantes, referidas tanto a la financiación como a la comercialización de los derechos audiovisuales, los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil".
En otras palabras, el Consejo Superior de Deportes quiere dejar claro que la Abogacía del Estado no se ha posicionado más allá de insistir en que son los jueces quienes deben definir si el acuerdo de inversión de Tebas con el fondo es legal o no al no tener el propio CSD competencias para ello.
Además, la entidad presidida por Franco incide en que el dictamen de los abogados estatales se ha emitido "a solicitud del Consejo Superior de Deportes con el objeto exclusivo de obtener el necesario asesoramiento de los referidos servicios jurídicos, y ello a efectos de funcionamiento interno de este organismo autónomo, sin que quepa hacer uso de este para fines distintos o fuera del ámbito señalado".
Así las cosas, el CSD ha requerido directamente La Liga que "adopte todas las medidas necesarias para que se elimine de forma inmediata toda referencia al informe de la Abogacía del Estado en los documentos relacionados con cualquier emisión vinculada con el acuerdo con CVC Capital Partners Sicavfis, S.A." y "dé traslado del presente requerimiento a CVC Capital Partners Sicavfis, S.A.".
Una batalla entre Tebas, Rubiales y Florentino
En el mismo folleto, el propio CVC advierte del proceso legal impulsado por los clubes Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Athletic de Bilbao por diferentes motivos en los juzgados 47 y 15 de Madrid contra las resoluciones de dos Asambleas de La Liga -las de agosto y diciembre de 2021. 38 de 42 clubes acabaron respaldando la propuesta de acuerdo de Tebas con el fondo británico por el que este inyectará dinero (unos 2.000 millones) a cambio de una participación (del 8,2%) en el negocio del fútbol español durante 50 años.
El fondo remarca que no forma parte bajo ninguna condición de ninguno de los procedimientos judiciales contra el acuerdo de inversión -estructurado como un contrato de cuentas en participación-, y señala que podría reclamar indemnizaciones a La Liga en caso de un revés judicial. La batalla en los tribunales podría dilatarse meses e incluso años, si bien CVC ya habrá inyectado 853 millones de euros al cabo de la actual temporada.
La Real Federación Española de Fútbol presidida por Luis Rubiales también se ha personado en el proceso para defender que el pacto entre La Liga y CVC es ilegal y pernicioso no solo para el fútbol español de élite -los clubes críticos dan cuenta de un coste de más de 11.000 millones de euros a largo plazo- sino también para los equipos no profesionales. Tebas, en contraste, reivindica que el acuerdo es un antídoto contra la Superliga europea impulsada por el presidente merengue, Florentino Pérez, cuya realización, según un informe de KPMG para la patronal, tendría un impacto en el torneo doméstico español de 10.000 millones al cabo de un lustro.
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