El Gobierno es consciente de que absorber la totalidad de los fondos procedentes de la Unión Europea de forma eficiente es un reto, de ahí que esté trabajando ya en un real decreto-ley para eliminar trabas burocráticas con el que espera poder garantizar un proceso más ágil para la canalización del dinero.
Esta norma, que simplificará los trámites, se llevará al Parlamento dentro de un mes y entrará en vigor previsiblemente en enero, mes en el que el Ejecutivo espera aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en los que ya se incluirán los proyectos que se van a financiar con cargo a la UE.
España tiene previsto gastar en los primeros tres años (2021, 2022 y 2023) un total de 72.000 millones de euros: 60.000 serán transferencias del Fondo de Recuperación -Next Generation EU-, destinado en su mayoría a la transición verde y digital, y 12.000 del fondo React EU -pensado para financiar sanidad y educación principalmente, y del que 10.000 millones irán directos a las Comunidades-.
De esos 72.000, el Ejecutivo cuenta con gastar 27.436 millones en el primer año, pero necesita que se ejecuten de forma ágil y en su máxima eficiencia.
De hecho, aunque el Gobierno ha estimado que el PIB crecerá un 7,2% en 2021, asegura que si los fondos de Bruselas se ejecutan plenamente este crecimiento del PIB podría ser del 9,8% el próximo año. En este escenario más optimista, el déficit previsto será del 7,7% del PIB.
Cuellos de botella
El Gobierno lleva tiempo trabajando, bajo el liderazgo de la vicepresidenta Carmen Calvo, en identificar qué aspectos regulatorios o cuellos de botella podrían entorpecer la liberalización de fondos, y analizando qué procesos comprendidos en las leyes de subvenciones y licitaciones deberían depurarse para facilitar su tramitación.
El objetivo es acortar, eliminar y reducir trabas burocráticas, respetando siempre las normas comprendidas en las directivas europeas que son de obligado cumplimiento.
Dado que algunos ministerios tendrán que ejecutar más fondos que otros, el Ejecutivo baraja también reforzar la plantilla de aquellos que vayan a tener un mayor volumen de trabajo, así como de las entidades públicas que puedan estar involucradas en la ejecución o tramitación de los fondos.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya ha advertido de que existe un "riesgo elevado" de que el Ejecutivo no consiga absorber todos los fondos de la UE y que esto supondría una menor capacidad de crecimiento de la economía española.
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