Es una sospecha extendida entre los economistas: el Gobierno usa los fondos europeos en beneficio propio de forma recurrente. Es decir, para financiar políticas que no encajan con el objetivo estricto que marca la UE. Lo recuerda Moncloa en su propia web oficial: “Apoyar la inversión y las reformas en los Estados miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente”.
La aparición de fondos europeos en la trama Koldo ha servido para agitar el debate sobre la utilización de las millonarias subvenciones comunitarias. Desde el pasado lunes, la Fiscalía Europea investiga ya contratos concedidos a la red corrupta en Baleares y Canarias con cargo a los Next Generation. La Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) también está indagando por encargo de la Comisión Europea. "España, ahora sí, está en el foco de la UE. Y no por un buen motivo, precisamente", lamenta un eurodiputado que sigue muy de cerca el proceso.
La doble investigación da argumentos estos días a quienes llevan demasiado tiempo criticando el descontrol y la opacidad que rodea a los fondos europeos. De todas las vertientes, hay una poco conocida: el Tesoro se beneficia de la liquidez que proporcionan los Next Generation. "La llegada de fondos europeos es una transferencia de euros que recibe el Tesoro, pero no se ejecutan al momento por parte de las administraciones. Por lo tanto, es igual que la monetización procedente, por ejemplo, de una emisión. El Tesoro se aprovecha de esa liquidez mientras nos se ejecuta y se financian distintas partidas de gasto", explica el economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle.
Esta posibilidad no levantaría sospechas de no ser porque España está entre los países menos ágiles a la hora de transferir los fondos a los beneficiarios. El retraso en la ejecución final genera importantes remanentes para el Tesoro. "Hay un decalaje de semanas o meses entre la concesión formal de una subvención o licitación y su concesión efectiva", señala el último informe sobre fondos europeos de Esade, recién publicado.
Ese decalaje genera liquidez pura que puede usarse para financiar determinadas partidas de gasto o aplazar la captación de financiación en los mercados, si las condiciones son menos propicias. O para 'moldear' los números rojos del Estado. "La senda de déficit se está disfrazando con los fondos europeos", añade Lacalle. Con las consecuencias que eso conlleva: "Si se financian gastos corrientes con fondos europeos, después hay que hacer una provisión que aumenta el déficit, cuando se deshacen los asientos contables".
Javier Santacruz, economista y analista financiero, lo compara con el funcionamiento diario de una empresa: "Se juega con la tesorería en función de las necesidades. Hay compromisos de gasto, pero la ejecución no es inmediata". Otro símil: "Igual que una empresa paga a los proveedores a 30 o 60 días, el Estado saca provecho de la liquidez que emana de los fondos europeos". El Tesoro es pragmático y el beneficio es evidente. "Mientras que el dinero no llega al beneficiario, el Estado cuenta con una financiación al 0%, se ahorra los intereses", concluye Santacruz.
Tener liquidez fácil es un incentivo claro para gastar más. O para no empezar a apretarse el cinturón. Ambas posibilidades benefician al Gobierno en un momento como el actual, con los nuevos Presupuestos Generales del Estado patas arriba y con las reglas fiscales a la vuelta de la esquina.
La Comisión Europea no pone la lupa en este terreno. Deja que cada país administre los fondos como desee, siempre que cumpla sus compromisos de ejecución cuando toque. La cantidad de dinero que mueven los Next Generation es desorbitante: 672.500 millones etiquetados, de los que 163.000 corresponden a España, repartidos casi a partes iguales entre subvenciones y préstamos.
La opacidad en torno a los fondos europeos es conocida. "Desgraciadamente no existe un lugar centralizado de información que, por parte de la propia Administración, recopile y muestre todas las convocatorias y ejecuciones asociadas", resalta el informe de Esade. Otro balance recién publicado, de BBVA Research, señala igualmente la "ausencia de un sistema único y público de información", lo que fuerza a sus economistas a explorar las pocas fuentes a su alcance (la Plataforma de Contratación del Sector Público o el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones).
Opacidad sobre los fondos europeos
Esade, que viene realizando una gran labor de seguimiento, se enfrenta a la misma problemática. La escasa transparencia gubernamental obliga a sus expertos a tirar someter las fuentes públicas oficiales "a un exigente proceso de filtrado, depuración, eliminación de duplicados para evitar problemas de doble contabilización que aquejan normalmente a este tipo de seguimientos".
Que la ejecución real no avanza lo rápido que debería tampoco es nuevo. De nuevo según Esade, de los cerca de 80.000 millones de fondos europeos concedidos, se han convocado 56.344 millones (un 70%) y concedido 32.925 millones (un 41%), a sólo tres años de que expire el plazo de Bruselas.
Y, por supuesto, también están fundamentadas las sospechas de que España utiliza los fondos europeos para tapar otros agujeros. En su último informe, publicado el pasado octubre, el Tribunal de Cuentas de la UE detectaba que el Gobierno de Pedro Sánchez ha usado subvenciones comunitarias para pagar gastos corrientes.
Las investigaciones de la Fiscalía Europea y de la OLAF sobre la trama Koldo no hacen sino aumentar aún más la sensación de que en España se hacen trampas. Pero la intervención de los fiscales de Luxemburgo implica un paso más: el caso de la posible malversación de fondos avanza ya por la vía penal. Paralelamente, tanto el PP como Ciudadanos están 'empujando' a favor de la investigación en las instituciones europeas, con el presentimiento de que el desfalco de la red de Koldo es sólo la punta del iceberg.
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