El Gobierno cuenta con que haya cortes en el suministro de agua en pequeños núcleos urbanos por la sequía en las próximas semanas. Así lo transmiten fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a pesar de que el abastecimiento para el consumo es prioritario y de que en España hay cobertura universal. Un escenario que coincide con la presión en cuencas de Andalucía y Cataluña, a las que se dirigen buena parte de las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros extraordinario este jueves.
Hasta el momento, el Gobierno viene descartando en público cortes de abastecimiento por la sequía, pero pide ser "extremadamente cautos" en el consumo de agua, y admite que las reservas actuales permiten tener disponibilidad de agua sólo hasta septiembre.
¿A quién competen estos cortes? En realidad, a los municipios, se trata de una competencia plenamente municipal, según establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, aunque el Ejecutivo sí tiene una labor de control y de exigencia de planes contra la sequía, en concreto, planes de emergencia de abastecimiento, a los están obligados los núcleos de más de 20.000 habitantes.
La situación es heterogénea. Frente a las dificultades en las cuencas de Andalucía y Cataluña, otras, como la del Segura, que tradicionalmente tenían problemas, están en buenas condiciones. Y hay grandes diferencias entre municipios, sobre todo entre grandes y pequeños. De hecho, el volumen general de agua embalsada a 4 de mayo de 2023, según el Boletín Hidrológico del Ministerio para la Transición Ecológica, está al 67,9% de su capacidad instalada, cuando en la misma fecha del año anterior se situaba en el 56,5%.
Gonzalo de la Cámara, director del IE Centre for Water & Climate Adaptation, señala que una de las dificultades del modelo español es la competencia municipal sobre el suministro, cuando España es el tercer Estado miembro con más municipios, más de 8.000, y la mayor parte de ellos de menos 10.000 habitantes, e incluso 5.000, especialmente en la España vaciada, con una capacidad real de gestionar limitada, frente a los grandes, muy bien organizados.
En municipios pequeños no hay grandes empresas del agua, sino servicios municipales a veces con muchas posibilidades de mejora. Es en estos donde se prevén cortes a determinadas horas, por ejemplo, entre 22 y 10 horas. En paralelo, en la comarca de Los Pedroches, en el norte de Córdoba, se ha declarado el agua como no apta para el consumo humano en abril. Emproacsa (Aguas de Córdoba) suministra agua en cisternas a vecinos e industrias.
En las grandes ciudades, hay modelos muy diferentes; en Valencia y Barcelona, mixto; en Bilbao y Madrid, público, que "funcionan muy bien". "Cuando coges escala, te quitas riesgos, baja el coste unitario, siempre soy partidario de ir a fórmulas de agregación", señala De la Cámara.
Con todo, dos capitales de provincia han tenido problemas de suministro en verano, Vigo y Orense, en lugares en los que tradicionalmente no hay sequía. E incluso una gran ciudad "muy bien gestionada" a ojos del experto del IE se encuentra presionada, Barcelona.
El director de la Agencia Catalana del Agua, Samuel Reyes, ha advertido en El País el 26 de febrero de que puede haber cortes de agua en Barcelona a finales de 2023. "En los últimos cinco meses, a final de año, puede haber cortes de agua en las casas de Barcelona y toda su área metropolitana, sí. La situación es preocupante y hay que trasladarlo a la ciudadanía. Habrá limitaciones para todos los usos y los ciudadanos lo van a notar".
"Momento oportuno"
El Ejecutivo ha aprobado un paquete de medidas de 2.190 millones de euros que incluye también ayudas a agricultores y ganaderos el día antes de que empiece la campaña electoral. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha recordado que el año pasado también aprobó un paquete similar, pero lo hizo el 15 de marzo. Con todo, ha asegurado que la situación de reservas de agua es más perentoria este año que el anterior.
Preguntado por los datos de reservas hidráulicas, que parecen desmentirlo, y por qué se aprobaban medidas este jueves de urgencia, a mediados de mayo, cuando en 2022 se lanzaron el 15 de marzo, Planas ha insistido en la necesidad de aprobar un Decreto-ley para afrontar la sequía: "Hemos tomado las medidas en el momento y tiempo oportuno", ha destacado.
El Real Decreto-ley prevé construir nuevas infraestructuras, duplicar la reutilización de aguas urbanas, y reducir los cánones y tarifas de las explotaciones agrarias afectadas. También contempla la ejecución de un nuevo trasvase para reducir la presión sobre los acuíferos que alimentan el Parque Nacional de Doñana.
Para ayudar a los regantes que este 2023 sufran una reducción de su dotación de agua, se aplicará una exención al canon de regulación y a la tarifa de utilización del agua. Esta exención será del 50% si el descenso de la dotación es del 40% al 60%, y del 100% si supera ese 60%. Los beneficiarios indirectos de las obras de regulación de la cuenca del Guadalquivir quedan directamente exentos del 50% de dichas cuotas.
En segundo lugar, la norma modifica la ley de aguas para impulsar la reutilización de las aguas urbanas, de modo que se crezca un 150%, desde los actuales 400 Hm3 anuales a cerca de 1.000 Hm3 anuales en 2027 y llegue a representar el 20% del volumen de recursos hídricos destinados al abastecimiento de poblaciones.
Nuevas infraestructuras
En tercer lugar, se acelera la construcción de infraestructuras, algunas con carácter inmediato para las cuencas afectadas por la sequía, como bombeos de emergencia y adecuación de tomas para garantizar el abastecimiento durante los próximos meses, con un presupuesto estimado de 35,5 millones.
En este ámbito de nuevas infraestructuras, se declaran de interés general varias actuaciones en la costa mediterránea, de modo que el Estado central asumirá la construcción de desalinizadoras en Cataluña -una planta en Tordera, con un coste de 220 millones-, en Málaga y Almería -200 millones-, así como la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones.
Igualmente, se ha dado luz vede a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) para que comience a licitar la construcción de nuevas plantas desalinizadoras alimentadas por parques solares fotovoltaicos, en el marco de su segundo Convenio de Gestión Directa, que cuenta con una dotación económica de 600 millones.
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