El caso Negreira amenaza la financiación del nuevo Camp Nou y del Barça en general. Y es que las derivadas del proceso alcanzan tanto a los potenciales inversores en el Espai (1.500 millones) como a quienes ya tienen su dinero invertido en el club (unos 500 millones) con sus derechos televisivos como garantía, vehiculados por Goldman Sachs. El banco americano asumió el grueso de la deuda del Barça bajo la gestión de Josep Maria Bartomeu, contra quien la Fiscalía se querellará por los pagos millonarios al arbitraje. El ministerio público lo hará también contra el Barça como persona jurídica por corrupción continuada.
"Lo que preocupa a agentes como Goldman es el factor reputacional ante lo que pueda pasar en la Justicia", apuntan a Vozpópuli fuentes financieras próximas al club, que ahondan en que los inversores podrían reclamar cambios de condiciones. Y ello, ante la posibilidad de un descenso o una inhabilitación para competir que podría devaluar en menor o mayor medida al Barça, siendo la principal preocupación de los bonistas hasta qué punto existe riesgo de una condena a la entidad y está amenazada su competitividad a largo plazo. Desde el club se ha venido trasladando que tendrá lugar una rueda de prensa exclusiva sobre el caso Negreira, si bien la fecha que se había barajado inicialmente era la de este 7 de marzo, dinamitado por la querella de la Fiscalía. La entidad, por lo pronto, ha reconocido que los pagos esquivaron su Área de Compliance y que ha contratado una auditoría externa, lo que no impedirá que el ministerio público interponga su querella.
Un nuevo frente de incertidumbre que está obstaculizando el cierre de la financiación de la reforma del Camp Nou, el proyecto llamado a relanzar las ya golpeadas cuentas del Barça que la Directiva negocia con Goldman Sachs y JP Morgan, sus principales socios financieros. El propio Laporta viene de refinanciar la deuda con los bonistas de Goldman hasta 2032: les pagó 120 millones tras obtener su plácet para ceder hasta el 25% de los ingresos televisivos por La Liga durante 25 años al fondo Sixth Street de la mano de JP Morgan, la primera de las 'palancas' que activó la actual Junta ante la crisis del club.
Los cálculos con los que trabajan actualmente en Can Barça apuntan a un peaje de unos 1.100 millones solo en intereses por el Espai que, incluso, podría no ser suficiente para captar a los inversores.
La última de estas medidas pasa por activar antes del 31 de marzo la reforma del Camp Nou, pero en la Ejecutiva blaugrana ya se contempla la posibilidad de aplazar la operación a una "situación de mercado mejor". Un escenario que estaba sobre la mesa incluso antes de que trascendiera la intención de la Fiscalía de querellarse contra el club por la presunta corrupción deportiva continuada en el tiempo con Negreira.
Los cálculos con los que trabajan actualmente en Can Barça apuntan a un peaje de unos 1.100 millones solo en intereses por el Espai -con alrededor del 55% de su facturación como garantía- que, incluso, podrían no ser suficientes para captar a los inversores. "Todo se hará más lentamente y más caro, pero se hará", señalan fuentes próximas al club sobre el impacto del caso Negreira, en un contexto marcado además por el alza de los tipos de interés. En el Barça también contemplan la opción de diferir hasta finales de abril el cierre de la financiación de las obras, que han de comenzar en junio.
Los riesgos para el Barça por Negreira
La decisión del ministerio fiscal de querellarse contra el Barça como persona jurídica abre la puerta a un castigo deportivo sin precedentes, desde un descenso administrativo hasta cinco años de inhabilitación para competir como riesgos factibles, según fuentes de la gobernanza del fútbol. La Liga, avanzó ya Javier Tebas, se personará en el proceso. En jaque, en cualquier caso, parece también la posición del Barça en una eventual Superliga europea como la que Laporta impulsa con Florentino Pérez.
Si el juez admite la querella de la Fiscalía, el siguiente paso será definir si el equipo blaugrana intentó influir o no en la competición con sus pagos al exnúmero dos del arbitraje, José María Enríquez Negreira. Ante ello, la autoridad judicial podrá estimar o no una condena al efecto en función de las pruebas y los testimonios de las partes, como podría ser el de LaLiga como parte afectada. El marco es el de una relación de pagos por 7,1 millones de euros al cabo de 17 años con cargo a "asesorías verbales" entre el Barça y el entonces número dos del comité arbitral en España.
Pese a que los presuntos delitos estarían prescritos en la justicia deportiva, el Barça podría acabar recibiendo sanciones deportivas por la vía penal si el juez comprueba que tras esa relación de pagos a Negreira existía "la finalidad de predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva". Por su parte, a nivel europeo, la UEFA ha abierto una investigación al respecto que podría, eventualmente, acabar con el club temporalmente fuera de las competiciones continentales.
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