Google, Amazon y en general las empresas de intermediación o plataformas de venta de productos por Internet estarán obligadas a explicar el funcionamiento de sus algoritmos a partir del próximo 12 de julio, día en que se aprobará el Reglamento para el Fomento de la Equidad y Transparencia en la prestación de los servicios de Intermediación.
Se trata de una normativa de aplicación directa en todos los estados miembros de la Unión Europea. Busca proteger a las empresas y usuarios de este tipo de servicios, un uso cada vez más común debido a la aceleración de la digitalización, especialmente vertiginosa por el aislamiento durante la pandemia del coronavirus.
El objetivo es que tanto el comprador como la empresa que ofrece sus productos puedan saber el motivo por el que su mercancía o servicio es situado fuera de las primeras páginas de búsqueda o en las primeras. En ningún caso se obliga a facilitar el algoritmo, sino a dar una explicación acerca de cómo funciona y por qué toma las decisiones que toma.
El texto legal pretende que la forma en la que se muestren los productos o empresas en las plataforma de intermediación (como hemos comentado Google, Amazon, Aliexpres, eBay, etcétera) no sea arbitraria, para evitar prácticas comerciales desleales. El hecho de que estas empresas tenga que explicar cómo ordenan los resultados de búsqueda es para la Unión Europea un elemento suficientemente disuasorio para que no lo hagan de una manera partidista, interesada o aleatoria. Se busca que sean lo más justas posibles con la ordenación del contenido.
“Lo que exige el Reglamento es explicar la lógica detrás de los mecanismos de clasificación. Es decir, cuáles son los parámetros principales que se utilizan para las clasificaciones que arrojan los motores de búsqueda en línea. Pero el legislador europeo ha sido muy claro al explicar que no se les está pidiendo que revelen sus algoritmos. Se trata de un equilibro complicado entre las nuevas obligaciones de transparencia y la protección de los secretos comerciales de las compañías tecnológicas. La complejidad del tema requiere un análisis en profundidad y la colaboración entre todos los agentes del sector”, asegura Cristina Mesa, asociada principal del departamento de Propiedad Intelectual del despacho de abogados Garrigues.
El reglamento, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), lo explica con claridad: "La clasificación de los bienes y servicios elaborada por los proveedores de servicios de intermediación en línea tiene un impacto sustancial en la capacidad de elección de los consumidores y, por ello, en el éxito comercial de los usuarios profesionales que les ofrecen sus bienes y servicios. En consecuencia, dichos proveedores deben definir de antemano los parámetros principales que determinan la clasificación a fin de incrementar la previsibilidad para los usuarios profesionales, facilitarles un mayor entendimiento de cómo funciona el mecanismo de clasificación, y permitirles comparar las prácticas de clasificación de varios proveedores".
Reclamaciones y denuncias
La nueva legislación obligará también a que las plataformas de intermediación pongan a disposición del usuario formularios y espacios de reclamación. De nuevo, se busca favorecer la transparencia, y también facilitar a comercios y usuarios la presentación de reclamaciones en los grandes escaparates de productos y servicios en Internet. Se deja claro que estas tramitaciones no afectan al derecho de iniciar un proceso judicial.
"Todo intento de llegar a un acuerdo por medio del procedimiento interno de tramitación de reclamaciones no afecta al derecho de los proveedores de servicios de intermediación en línea o de los usuarios profesionales de iniciar un proceso judicial en cualquier momento durante o después del procedimiento interno de tramitación de la reclamación", concluye la normativa.
Sergio Carrasco Mayans, abogado especializado en nuevas tecnologías de Faseconsulting, resume el objetivo del Reglamento para el Fomento de la Equidad y Transparencia en la prestación de los servicios de Intermediación: "Se trata de que el usuario final y quienes comercializan sus productos en Internet sepan con criterios objetivos por qué ocupan el lugar que ocupan en la plataforma, y que tengan la posibilidad de defenderse jurídicamente si se da la circunstancia".
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