Economía

El gran problema de las pensiones: la media de edad de los españoles supera ya los 45 años

España está entre los países que más rápido están envejeciendo. Esta es una de las principales amenazas que se le presentan al sistema público de pensiones y que el Gobierno busca hacer sostenible

La media de edad en España alcanza ya los 45 años, un nivel nunca visto en nuestro país y que supera la media de la Unión Europea. Es, de hecho, el Estado miembro que más rápido está envejeciendo, sólo por detrás de Portugal. En los últimos diez años (2012-2022), la media de edad ha pasado de los 40,8 a los 45,1 años, superando esa barrera por primera vez en la historia. Es decir, que ha crecido en 4,3 años. En el último año ha crecido en 0,4 años.

La población de la Unión Europea también sigue envejeciendo, pero a un ritmo sustancialmente inferior. En 2022 su edad media se ha situado en los 44,4 años, 0,3 años más que en 2021 y apenas 2,5 años más que en 2012, cuando la edad media de los europeos estaba en los 41,9 años. Es decir, que en los últimos diez años la UE en su conjunto ha envejecido casi la mitad que España.

Hasta 2016 la población española era más joven que la media de la Unión, pero desde 2010 la edad media de España crecía a una velocidad sustancialmente superior a la media europea y en 2017 las cifras se igualaron. Desde entonces, España ha seguido envejeciendo a un mayor ritmo y la brecha 'negativa' para España ha alcanzado su máximo en 2022, con una edad 0,7 años más alta que en la UE.

El envejecimiento de la población y la pirámide invertida se presenta como uno de los grandes problemas desde hace décadas, con las pensiones en el foco. Mientras el número de nacimientos se ha desplomado un 20% desde 2016 y los jóvenes en edad de trabajar (de entre 16 y 26 años) han caído en un 10% en diez años, el número de pensionistas no deja de crecer, habiendo ya más de 9 millones de personas beneficiarias de 10 millones de pensiones contributivas.

El otro problema, el económico

En este sentido, más allá del drama demográfico, el otro problema es puramente económico: los trabajadores que se jubilan lo hacen con pensiones cada vez más altas porque han cotizado por salarios más elevados y porque se benefician de las revalorizaciones recientes en relación con la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) en un momento de elevada inflación.

En enero de este año la pensión media de estos nuevos jubilados en el Régimen General alcanzó los 1.765 euros, siendo ésta una pensión un 8,26% más alta que la de los que se jubilaron en enero del año pasado (1.523 euros). Esto hace que la pensión media de los nuevos jubilados se aproxime ya al salario medio en España, que se situaba en los 1.789 euros en 2021, el último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de su Encuesta de Población Activa (EPA).

Además, en enero, cuando se llevó a cabo una revalorización general del 8,5% conforme al IPC, los jubilados vieron crecer sus nóminas de media en algo más de 100 euros por primera vez en la historia. La pensión media mensual por jubilación se disparó de los 1.260 euros en los que se localizaba en diciembre de 2022 a los 1.368 euros, 108 euros más. Si se amplía el periodo a un año, subió 122 euros desde enero de 2022.

Además, tras la revalorización de 2023, la pensión máxima superó por primera vez en la historia los 3.000 euros mensuales y de los 9,07 millones de personas que tienen una pensión contributiva en España, más de medio millón de pensionistas (unos 507.500 pensionistas a 1 de enero de 2023) cobran más de esa cuantía.

A esto se suma que la tasa de reemplazo o sustitución de España (en qué grado el sistema de pensiones sustituye el salario que tenía la persona cuando aún era trabajador) es elevada, próxima al 80%, respecto a la media de la OCDE (62%). Estos factores, junto al incremento constante de pensiones y pensionistas, aumentan progresivamente la factura y amenazan con desbordar el presupuesto.

La deuda de la Seguridad Social

La nómina de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social fue de 11.922 millones en febrero, un 10,8% superior a la de hace un año. En términos absolutos, son 1.166 millones más que en el mismo mes de 2022, lo que se traduce en un sobrecoste anual superior a los 16.000 millones, como ya se había avanzado. Tres cuartas partes de la nómina que paga la Seguridad Social al mes va a pensiones de jubilación (en febrero, un 73%, unos 8.700 millones).

Por otra parte, la Seguridad Social acumula un volumen de deuda sin precedentes que cerró el año por primera vez los 100.000 millones de euros, casi un 10% más que un año antes, según los datos publicados por el Banco de España (BdE). Tal y como recuerda el BdE, este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar una parte significativa de su desequilibrio presupuestario. 

La Seguridad Social mantuvo sus niveles de deuda estables, en torno a los 17.000 millones, durante décadas. Sin embargo, en junio de 2017 el Gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy se encontró sin dinero suficiente en el Fondo de Reserva (conocido como 'la hucha de las pensiones') para pagar la paga extra de verano a los pensionistas. Fue entonces cuando la Seguridad Social recibió el primer préstamo del Estado, que se sucedió de muchos otros para poder afrontar el creciente coste de las pensiones.

El Gobierno busca ahora una fórmula para hacer sostenible el sistema público de pensiones, a través de una reforma completa que la Comisión Europea evaluará y penalizará en caso de no ser suficiente. Aún no se conoce el detalle de la propuesta definitiva, que el plan del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pasa por subir las cotizaciones máximas y aumentar el periodo de cálculo para recaudar más ingresos.

Sin embargo, varios analistas y organismos económicos ya dudan que estas medidas sean suficientes. "El sistema de pensiones nos preocupa. Pensamos que va en la dirección incorrecta. Debería asegurar la sostenibilidad del sistema y lo que se ha hecho hasta ahora más bien la compromete", comentó este jueves Ángel de la Fuente, director de Fedea, quien propone un recargo proporcional en el IRPF que contribuya a la financiación del sistema.

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