Alarma entre grandes patrimonios y sus asesores ante el adelanto de la entrada en vigor del impuesto a grandes fortunas que prevé el Ministerio de Hacienda. A la inquietud que ya tenían desde el anuncio del impuesto el 22 de septiembre, por el que se estaban analizando estrategias para eludir el impuesto, se añade ahora su anticipo a 2022, con devengo este 31 de diciembre y pago la próxima primavera, un año antes de lo esperado. "No hay tiempo", trasladan despachos y asesores fiscales, desbordados por la oleada de peticiones de planificación.
Y es que, como informó Vozpópuli este jueves, Hacienda quiere que el impuesto entre en vigor en 2022 y que se declare y recaude en 2023, en concreto, entre los próximos abril y junio con la Campaña de la Renta y de Patrimonio. Así se desprende del Plan Presupuestario que remitió a Bruselas el 15 de octubre y de la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, en el Congreso este martes. Y así lo ha entendido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
"No hay tiempo para nada, ni para deslocalizarse, ni para montar una empresa familiar, para nada, lo único que se puede hacer es hacerse no residente, pero este año es imposible que se tenga el tiempo requerido residiendo fuera, sólo se puede hacer ya para 2023, lo que van a conseguir y va a hacer mucha gente", traslada Luisa López, socia de Laffer Abogados.
López explica que en el asesoramiento a grandes patrimonios residentes en la Comunidad de Madrid, hasta ahora estaban vigilando que las numerosas empresas familiares radicadas en Madrid cumplieran los requisitos que se exigen para disfrutar de la exención, ya que desde que la Comunidad que ahora preside Isabel Díaz Ayuso bonificó el Impuesto de Patrimonio al 100%, ha habido cierta relajación y con la llegada del nuevo impuesto estaban aconsejando a sus clientes que se revisaran.
En concreto, se trata del requisito de participación, por el que el grupo familiar debe tener al menos el 20% de participación en el capital, y al menos una persona que lo gestione y reciba por ello más del 50% de sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas. A esto se añade qué se entiende por grupo familiar, si se tiene en cuenta una relación de tercer grado o de segundo.
Lo que está claro es que no se puede cambiar de residencia en 2022, no hay tiempo para cumplir con los menos de 183 días en España que se deben acreditar.
También hay otros requisitos temporales que pueden dificultar su puesta en marcha ahora. Se entiende que una sociedad gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario si durante más de 90 días del ejercicio fiscal más de la mitad de activo no está afecto a la actividad de la misma o está constituido por valores.
"Ya veremos qué pasa al final de 2023, si cambia el Gobierno y sigue el impuesto", se pregunta López, o si finalmente se hace permanente como exigen los socios de Pedro Sánchez y el PSOE no descarta, añade.
"Hay mucho nerviosismo", cuenta Esaú Alarcón, miembro del Consejo Asesor Institucional de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y abogado en Gibernau. Se está recomendando volver al concepto de empresa familiar, jugar con el tope Renta/Patrimonio, vigilar que se cumpla el límite del 50% de las retribuciones, no enfocarse en los dividendos, cobrar poco y obtener la financiación de préstamos de sociedades vinculadas y vivir de ahorros y no retribuir, si se puede.
No se aplica el límite de Renta y Patrimonio a ganancias patrimoniales de más de un año, sí a dividendos y al esto de rendimientos. Interesa por lo tanto tener inversiones financieras que no generen dividendos, en fondos de inversión, no tener bonos, que generan intereses, ni participaciones en empresas, que generan dividendos.
Además, advierte Alarcón, lo que se haga respecto a las rentas del capital afronta una subida en estos Presupuestos. En concreto, se incrementan las rentas del capital superiores a 200.000 euros del 26% al 27% y las de más de 300.000, al 28%, con un aumento de dos puntos, para recaudar 204 millones. Sin embargo, cree que el golpe es menor si se canaliza la tributación a las rentas del capital en el IRPF que si se afronta el impuesto a grandes fortunas.
Éste es el planteamiento para contribuyentes residentes en Madrid o Andalucía. Para el resto de comunidades, hay mucha incertidumbre, ya que aunque el Gobierno ha calculado los 1.500 millones que prevé en base a las dos comunidades que bonifican el impuesto al 100%, hay otras, como Galicia que lo tienen bonificado al 50%, y se prevé que haya contribuyentes de comunidades con el Impuesto en pleno rendimiento que tengan que pagarlo.
A esto se suma que hay regiones que preparan más subidas, como Baleares. Alejandro del Campo, socio de DMS Consulting, tiene clientes extranjeros que se plantean si fijan su residencia en las Islas, cada semana varios lo descartan, traslada, y los que ya la han fijado, se plantean dejarla. Son extranjeros con alto poder adquisitivo, que se han "enamorado de Baleares", y que se encuentran que la comunidad, con uno de los Impuestos de Patrimonio y de Transmisiones Patrimoniales (ITP) más altos, anuncia nueva subida en 2023 de este último, del 11,5% al 12% para operaciones superiores al millón de euros y la creación de un nuevo tramo a las de más de dos millones de euros, que pagarán el 13%.
"No tiene ningún sentido, es confiscatorio, salvaje. Los clientes dicen: Ahí os quedáis. Su vida familiar la condicionan plenamente, y se plantean traer a la familia pero ellos seguir como residentes en otro país, hay que ponerles freno", lamenta esta fiscalista.
El escenario en las CCAA
Del Campo recuerda que cuando Baleares recuperó Patrimonio en 2012, se produjo una auténtica desbandada de alemanes que se desempadronaron y huyeron.
Este escenario se plantea a la espera de qué hagan la Comunidad de Madrid y Andalucía, de las que depende que el impuesto a grandes fortunas tenga efecto. Ayuso y Moreno estudian neutralizar el impuesto a las grandes fortunas de Sánchez haciéndolo deducible en el IRPF autonómico.
Todavía no se ha publicado el texto del impuesto, pero sí que se conocen bastantes detalles de un tributo que ya planteó ERC en noviembre de 2020 en una enmienda a los Presupuestos de 2021. Según anunció Hacienda el 29 de septiembre, el impuesto a grandes fortunas será temporal para 2023 y 2024 y afectará a una riqueza neta superior a los 3 millones de euros -con las mismas reglas que el Impuesto de Patrimonio, restando 300.000 euros de vivienda habitual-, con tres tramos: entre 3 y 5 millones, un 1,7%; entre 5 y 10, un 2,1%, y por encima de 10, al 3,5%.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que "esta legislación evitará la doble imposición porque la cuota que se abone en las comunidades será totalmente deducible" respecto al Impuesto de Patrimonio. El potencial recaudatorio es de 1.500 millones y los contribuyentes afectados, 23.000, el 0,1%.
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