El recrudecimiento del conflicto entre Israel y Palestina afecta directamente al Gobierno del País Vasco. En concreto, a través del Instituto Vasco de Finanzas, el ente público dependiente de Lakua "para dar acceso a la financiación de las empresas vascas". El IVF ostenta desde hace menos de un año una participación accionarial en la empresa de ingeniería Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), acusada por Palestina de colaborar en la construcción del tranvía que conectará Israel con "Territorios Palestinos Ocupados" en Jerusalén oriental.
CAF se hizo con dicha concesión en el año 2019 de la mano de la empresa local Shapir, a la que desde el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe señalan por estar incluida, desde 2020, por la Organización de las Naciones Unidas en la lista de colaboracionistas del Gobierno israelí en "Territorios Palestinos Ocupados". Solo en el primer semestre de 2023, CAF aportó 70 vehículos para la polémica iniciativa israelí, que cristalizaría en 2025. Ya desde 2019, las autoridades palestinas y organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional habían cargado contra la compañía vasca, reclamando que cese su colaboración con Shapir y la colaboración en un proyecto que conectará Israel con TPOs. Elevaron, de hecho, quejas formales ante el Gobierno de España.
Por lo pronto, el Ejecutivo vasco se ha volcado del lado de la empresa guipuzcoana, un ícono histórico de la industria en Euskadi, al hacerse con el 3% de sus acciones el pasado mes de diciembre de 2022. La inversión realizada por el ente público vasco ha rondado los 26 millones de euros. Actualmente, cotiza unos 29 millones, lo que supone una revalorización en el entorno del 10% en un año.
CAF: "El proyecto es positivo para toda la población"
La propia compañía ha justificado la inversión en el tranvía de Jerusalén -una fuente de más de 500 millones de euros para CAF- alegando que su participación "se ajusta al derecho internacional" y que ello "está respaldado por sentencias judiciales de varios países y ha sido confirmado por expertos en derecho internacional", incidiendo en que su "debida diligencia interna en materia de derechos humanos se basa enteramente y cumple con las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos".
Desde CAF han reivindicado que se "tenga en cuenta que el Proyecto tendrá un impacto positivo en toda la población, de forma no discriminatoria, brindando, entre otras cosas, el acceso a todas las comunidades a servicios sociales básicos y proporcionando una infraestructura sostenible y respetuosa con el medio ambiente".
Desde CAF piden que se "tenga en cuenta que el proyecto tendrá un impacto positivo en toda la población, de forma no discriminatoria, brindando, entre otras cosas, el acceso a todas las comunidades a servicios sociales básicos y proporcionando una infraestructura sostenible y respetuosa con el medio ambiente".
"No hemos encontrado incumplimientos legales ni violaciones de derechos humanos de ningún tipo", han insistido desde la compañía vasca tras realizar una investigación interna. "En cualquier caso, se realiza un seguimiento constante".
Unas explicaciones que no han bastado a la formación de la vicepresidenta en coalición con el PSOE en el Gobierno de España en funciones, Sumar. El partido de Yolanda Díaz ha interpelado al Gobierno sobre si instará a la Fiscalía a investigar a empresas como CAF que construyen el tranvía de Jerusalén, informó El Periódico de España.
Ni desde el ministerio de Industria ni desde el Ejecutivo vasco han hecho declaraciones a Vozpópuli a preguntas sobre el futuro de la compañía con base en Beasáin y participada por entidades como Kutxabank (14%) e Invesco (1%), además de la propia Cartera Social de trabajadores de CAF (24,9%).
Al cabo del primer semestre de 2023, CAF consiguió un beneficio neto de 34 millones de euros, un 12% más que en el mismo período del pasado año. En la primera mitad del año, la compañía registró ventas por 1.877 millones de euros, un 23% más que en los primeros seis meses del 2022.
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