El debate sobre los Presupuestos Generales del Estado debería ser el más importante de cuantos se celebran en el Congreso de los Diputados cada año. Quizás la complejidad de su comprensión y su periodicidad lo hayan convertido en una más de las sesiones de control al Gobierno que todos los miércoles se celebran en la Cámara Baja, pero con algunos números más.
Como era de esperar, los Presupuestos pasaron el primer examen parlamentario sin otros problemas que no fueran las amenazas proferidas por algunos grupos que votaron en contra de las siete enmiendas a la totalidad y consiguiente devolución del Gobierno, pero que exigen más cambio de cromos durante la trimtación en el Congreso. Las cuentas para el próximo ejercicio recibieron su primer empujón para su aprobación de 188 diputados de once formaciones distintas y el “no” de 156 de otras seis formaciones.
Los siguientes pasos continúan por el informe de la ponencia y el dictamen de la comisión correspondiente, que deberá celebrarse, como muy tarde el día 19 de este mismo mes. El Pleno de la Cámara baja lo debatirá entre los días 22 y 25 de noviembre.
Los argumentos a favor y en contra de los Presupuestos anuales se mantienen de un ejercicio para otro, aunque las condiciones sociales, económicas o políticas no se parezcan en nada. Del “son los Presupuestos de la recuperación” o “las cuentas más sociales de nuestra historia” que manifiestan los partido que están a su favor, hasta los “llevarán a España a la ruina”, “no son los que necesita el país en estos momentos”, pasando por “no son realistas” o son “inútiles para España” de los que están en la oposición, los argumentos se repiten año tras año sin siquiera haber abierto, al menos el famoso “Libro Amarillo” que resume los datos.
Lo que ninguna formación política argumenta es que no son más que una declaración de intenciones económicas que desde el año 2008, con la única excepción de 2010, siempre han tenido desviaciones a la baja en los ingresos y al alta en los gastos. Así se explica el déficit que acumula España año tras año. En los últimos diez ejercicios, desde que se incluyó en la Constitución española la obligación de la estabilidad presupuestaria en las cuentas, los ingresos tributarios reales han sido inferiores en cerca de 75.000 millones de euros a los presupuestados (45.000 millones en los tres últimos años), que podrían ascender a 83.000 millones cuando se integren los datos de 2021.
La cifra, así, aislada, no dice mucho, pero para situarla en contexto, basta decir que los ingresos tributarios previstos para este año, por ejemplo, son 222.107 millones de euros. En 2020, un ejercicio excepcional por las circunstancias sanitarias que se vivieron y que aún colean, la desviación a la baja se situó en el entorno del los 28.000 millones de euros, lo que supone un error del 12,7%. pero es que en 2019, el último ejercicio “normal”, el fallo fue del 4,5% (9.558 millones). El avance liquidación de 2021 que acompaña los PGE del próximo ejercicio sitúa los ingresos para todo el año en 214.995 millones, lo que supondría una desviación de 7.112 millones.
La discusión parlamentaria de los Presupuestos Generales de un país no está a la altura de las consecuencias políticas y económicas de su rechazo. Hace unos días, la Asamblea de la República tumbó el proyecto de ley presentado por el presidente portugués, Antonio Costa, por 117 votos en contra, 108 a favor y 5 abstenciones, dejando en manos del presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, la disolución de la cámara y la convocatoria de nuevas elecciones generales o la concesión de un periodo de gracia para que elabore otras cuentas públicas.
En los últimos diez ejercicios, los ingresos tributarios reales han sido inferiores en cerca de 75.000 millones de euros a los presupuestados, que podrían ascender a 83.000 millones cuando se integren los datos de 2021
En España, los Presupuestos de 1996 acabaron con trece años de Gobierno de Felipe González. Corría el mes de octubre de 1995 cuando Convergencia i Unió decidió acabar con su apoyo a los socialistas en el único Gobierno de González en minoría (156 escaños) y abrió la nueva etapa de José María Aznar en las elecciones del 3 de marzo de 1996, a las que abocó el “no” a las cuentas de 1996.
Pedro Sánchez no debe guardar tampoco buen recuerdo de la tramitación de los PGE. En febrero de 2019 no consiguió el apoyo necesario a sus “números” tras el veto de los independendistas y el país quedó obligado a unas elecciones generales que se celebraron en abril. Sus primeras cuentas aprobadas fueron las que están en vigor para este año, que contaron con el respaldo de 189 votos (13 más de los necesarios) en el Congreso, de 11 formaciones políticas diferentes.
Los años del ahorro
No siempre los gastos han superado a los ingresos en las cuentas anuales de nuestro país. Hubo muchos años en los que “ahorrar” era la norma. Entre 1997 y 2007, las cuentas públicas registraron superávits todos los ejercicios sin excepción. Los hubo de hasta 14.064 millones de euros en 2006 o de 13.498 millones, al año siguiente. Es verdad que coincidieron con los años de máximo esplendor de la economía, pero también se dieron en 1999 (+9.499 millones), en 2005 (9.435 millones) o 2000 (+7.722 millones). Y es que la economía española tuvo superávit en el trienio 2005-2007: 1,23%, 2,12% y 1,89%, respectivamente, del PIB.
Ahora, casualmente, desde que en septiembre de 2011, el artículo 135 de la Constitución exigiera “que todas las Administraciones Públicas adecuaran sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria” las cosas no han pintado nada bien. Los Presupuestos que el Congreso y el Senado aprueban no pasan de ser una declaración de optimismo, basada en situaciones económicas idílicas, que la realidad acaba por deshacer doce meses después.
El presente ejercicio no parece que vaya a ser una excepción. Los datos acumulados de ingresos tributarios de los nueve primeros meses del año arrojan unos crecimientos notorios en todas las figuras tributarias de entre el 6,2%, la más baja (impuestos especiales), al 90% del impuesto sobre sociedades. Las arcas públicas han ingresado entre enero y septiembre 153.917 millones de euros, un 14,1% más que en el mismo periodo del año pasado. El problema es que en el cuarto y último trimestre tiene que ingresar para alcanzar las cifras presupuestadas nada menos que 68.190 millones de euros el 31% del total, hasta alcanzar el total de 222.107 millones.
Para el próximo ejercicio, los ingresos se cifran en 232.352 millones, un 8,1% más que los del presente año, con subidas del 6,1% en el IRPF; del 11,8% en Sociedades; del 9,5% en el IVA o del 8,2% en los impuestos especiales, que gravan, entre otros, el consumo de carburantes, combustible o tabaco.
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