El comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, estuvo en el aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2020, "en el mismo día del Delcygate". "El expresidente Zapatero parecía haber fracasado en un cometido semejante" [el cobro de la deuda de Venezuela con Air Europa para lo que Globalia le contrata]. Éstas son algunas de las frases que contiene el informe de la Agencia Tributaria (AEAT) sobre la trama Koldo, un informe explosivo, excepcional, que recibió Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la operación Delorme, el 2 de febrero y que ha llamado poderosamente la atención que llegara al Juzgado en estos términos a fuentes próximas a Hacienda.
El 5 de febrero el BOE publica una catarata de ceses y nombramientos en la AEAT que firma el número dos del Ministerio de Hacienda, el secretario de Estado y presidente de la Agencia, Jesús Gascón. En su lugar, nombra a inspectores que destacaron en la Hacienda de José Luis Rodríguez Zapatero, como informó Vozpópuli. Este periódico puso el foco en los recambios y en su afinidad al PSOE. Entonces no era de dominio público la existencia de la trama, que estalló el 21 de febrero, cuando la UCO detuvo a Koldo García Izaguirre.
Entre los cesados, destacan el director de Inspección y número dos de la AEAT, Javier Hurtado, y la delegada Especial de la AEAT en Aragón, Paloma Villaró, responsables últimos del informe. De hecho, en el sumario puede verse que los informes previos del Fisco eran estrictamente tributarios.
El autor del informe es un inspector de gran experiencia y muy respetado, Raúl Burillo (Zaragoza, 1964), que fue delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña y en Baleares, donde fue conocido porque le tocó lidiar con los casos de corrupción Palma Arena o Noos, y ha dicho en varias ocasiones que "había elementos suficientes para pensar que sí había delito de la Infanta Cristina".
Aragón centraliza
Finalmente fue cesado como delegado Especial en Baleares y volvió como inspector a Zaragoza en 2016. Burillo fue asesor económico de Pablo Echenique cuando fue candidato de Podemos a la Presidencia de Aragón en 2015 y concurrió en las pasadas elecciones municipales del 28-M a la Alcaldía de Zaragoza por Aragón Existe.
En junio de 2020 metió a Soluciones de Gestión, la empresa proveedora de mascarillas del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y vieja conocida de la AEAT, en un plan de inspección de las devoluciones de IVA. El motivo fue la devolución solicitada de cuotas de IVA soportado superiores a las devengadas del ejercicio 2019.
Esta empresa, con sede social en Zaragoza, tenía actividades cuestionadas en Angola y estaba prácticamente inactiva. Ingresó en el año 2020 un total de 54,5 millones de euros, frente a los 0 euros de facturación que declaró el año anterior y los 101.058 de 2018.
Estas circunstancias colocaron a un alto funcionario independiente y con gran experiencia que ahora desempeña sus funciones como inspector raso en Zaragoza a cargo de un caso de alto voltaje político nacional.
De hecho, Burillo alertó de que sólo Soluciones de Gestión tenía vinculación con Zaragoza, y que el resto de inspeccionados de la trama estaban domiciliados en Madrid, pero el expediente se mantuvo en Zaragoza y se le autorizó a centralizarlo.
Como ha informado Vozpópuli, en julio de 2021, Burillo tenía ya conocimiento completo de toda la trama a partir de las declaraciones del IVA y el Modelo 347 de operaciones de proveedores y clientes del año de la pandemia que Soluciones de Gestión presentó en el primer semestre de 2021 y de numerosos requerimientos de información a terceros, que tuvieron su colofón en la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2020 presentada en julio de 2021.
En este punto, el informe traslada que "los importantes beneficios obtenidos en 2020, las contingencias fiscales claras que se producen y las dudas enfrentadas en el relato de los hechos por los propios partícipes suponen la necesidad de trasladar su contenido a un ámbito superior".
El 11 de julio de 2021 Pedro Sánchez cesó a Ábalos como ministro de Transportes, y el 13 de julio, como secretario de organización del PSOE. No ha habido más actuaciones del Gobierno hasta febrero de 2024.
Que Burillo hubiera elevado sus descubrimientos no ha impedido que este informe llegara al Juzgado en estos términos. Se trata de un texto que el juez sólo encargó el 20 de enero y que recopila su investigación.
Los dos principales responsables de su custodia son la delegada Especial de la AEAT en Aragón y el director de Inspección, dos de los únicos cargos que tienen capacidad para denunciar delito fiscal.
En las conclusiones de la investigación de Burillo está el delito fiscal, que pasa del IVA a las sociedades interpuestas por De Aldama, que declaraba ingresos de sólo 10.000 euros para no tributar por IRPF.
Pero lejos de quedarse en una enumeración de contingencias fiscales, el informe incorpora una minuciosa explicación de la trama y de sus relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, con Globalia y con la Venezuela de Nicolás Maduro.
Inspectores afines
Los ceses de directivos de la AEAT se acompañan en el BOE del 5 de febrero de sus respectivos nombramientos. El secretario de Estado de Hacienda y presidente de la AEAT ha recuperado a Carlos Cervantes, director de Inspección entre 2004 y 2010, y le ha nombrado delegado Central de Grandes Contribuyentes, la unidad de élite que se encarga de vigilar al Ibex y a las grandes multinacionales.
A Cervantes, próximo a Luis Pedroche, director de la AEAT entre 2004 y 2010, se le hizo responsable de la polémica gestión de la lista Falciani, en la que la Hacienda de Zapatero trató de exonerar a 659 españoles que ocultaban hasta 6.000 millones en cuentas opacas en la sede de HSBC en Suiza, entre ellos, la familia Botín.
El envío de la lista Falciani desde la Hacienda francesa a la española en diciembre de 2009, provocó en 2010 uno de los mayores escándalos que se han vivido en la AEAT. La Agencia de Pedroche, dependiente de Elena Salgado y del secretario de Estado, Carlos Ocaña, envió requerimientos para que los defraudadores regularizaran de forma voluntaria, en una decisión que inspectores y técnicos consideraron una "amnistía" que les ahorró cuantías millonarias e incluso, prisión. El escándalo acabó costando el cargo a Cervantes.
El ahora flamante delegado Central de Grandes Contribuyentes vivió un viacrucis con su imputación en una querella criminal del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) por prevaricación y "trato de favor" entre febrero de 2013 y noviembre de 2017, que fue finalmente archivada. Cervantes defendió ante el juez su paternidad de la idea de no abrir inspecciones fiscales.
El delegado de Grandes Contribuyentes hasta la fecha, Manuel Trillo, asciende ahora a director de Inspección, puesto que implica ser el número dos de la Agencia y el que tenía Cervantes cuando fue cesado en 2010.
Los perfiles de Trillo y Cervantes son considerados afines, "con carnet del PSOE", y su promoción, entendida como una "jugada de ajedrez ultradefensiva" de la Hacienda de Pedro Sánchez por fuentes conocedoras.
Llamaba la atención que en tiempo de turbulencias en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes se hagan cambios. La sentencia del Tribunal Constitucional que ha tumbado en enero la subida del Impuesto sobre Sociedades de Cristóbal Montoro de diciembre de 2016 va a suponer devoluciones multimillonarias y una importantísima carga de trabajo para esta unidad en 2024.
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