El Gobierno estudia suspender la entrada en vigor del impuesto al plástico prevista para el 1 de enero. Así lo trasladan fuentes próximas a Hacienda y fuentes de la negociación del Real Decreto-ley de ayudas que va a aprobar el Consejo de Ministros el martes y que presentará Pedro Sánchez. Con esta moratoria, la segunda, que se sumó además a una tramitación ya retrasada, el Gobierno perderá cerca de 800 millones de euros en 2023.
En la tramitación del impuesto se han manejado previsiones de recaudación de cerca de 800 millones, una cifra que coincide además con el coste que el sector calcula que va a suponer a las empresas. Finalmente, en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas en octubre el Gobierno estima unos ingresos de 491 millones.
La paralización del impuesto llega precedida de un intensísimo lobby, primero de las empresas del sector, luego de muchas más, incluida toda la gran distribución, al comprender el impacto que les supone ya que afecta también a quien importa y adquiere productos en Europa, a toda la cadena de distribución. El argumento que más ha calado en el Ejecutivo para justificar la moratoria es el impacto de este impuesto en la inflación y en la cesta de la compra que precisamente se quiere abaratar, y la repercusión que sufrirán los consumidores en una coyuntura económica complicada.
El impuesto al plástico está comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación, pero en este punto el Gobierno puede argumentar que sería el primer país en el que entre en vigor. Italia, por ejemplo, ha anunciado moratoria. España ya retrasó la entrada en vigor de 2022 a 2023.
Fuentes conocedoras de la negociación entre el PSOE y Podemos de cara al Real Decreto-ley de ayudas trasladan que el impuesto al plástico es un asunto prioritario en los encuentros, al que ha llegado a acudir representantes de los afectados.
La propia directora general de Tributos, el brazo legislativo de Hacienda, María José Garde, reconoció en las Jornadas Tributarios del Consejo General de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) celebradas en Cádiz que nunca se había enfrentado a un lobby tan persuasivo como el del plástico.
Otros signos de que el Fisco tiene la entrada en vigor del impuesto en el punto de mira son que no se ha publicado en el BOE su Modelo de declaración, el 591, que estuvo en audiencia pública en abril. A lo que se añade que recientemente se ha cancelado una jornada de CEOE con Hacienda sobre el tributo.
El impuesto al plástico gravará con 0,45 euros cada kilo de plástico a los envases de este material no reutilizable y estaba pendiente de implementación desde el 3 de julio de 2021, cuando España debería haberse adaptado a la Directiva 2019/904 sobre los plásticos de un solo uso, que prohíbe la comercialización de artículos como las pajitas, los bastoncillos o los cubiertos, vasos y platos de plástico. Luego se planteó que entrara en vigor a los tres meses de la publicación de la norma en el BOE, lo que lo situaba en abril de 2022.
Recogido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables tiene por objeto "la prevención de residuos, y se articula como un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre la utilización en el territorio español de envases que, conteniendo plástico, no son reutilizables", apunta el texto. A efectos de este impuesto, tiene la consideración de envase todo producto destinado a prestar la función de contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, como pueden ser los vasos de plástico o los rollos de plástico para embalar y evitar roturas en el transporte de productos.
Cerca de una quincena de patronales -entre ellas, Aecoc, Fiab, Stanpa y Acotex- han reseñado que la aplicación de este impuesto les acarrearía un coste de unos 2.000 millones de euros, según sus previsiones. Este impuesto persigue al plástico de un solo uso o no reutilizable, que forma parte no sólo del envase de multitud de productos que se compran en el supermercado, sino por ejemplo de las tarrinas que se sirven en hostelería con salsas o mermeladas.
Enmienda del PP
En diciembre de 2021, el Congreso aprobó una enmienda transaccional del PP, a la que finalmente se sumaron el Grupo Socialista y Podemos, que instauró una moratoria de diez meses en la entrada en vigor del impuesto, con lo que su vigencia se planteaba para el 1 de enero de 2023. El Gobierno había presentado vetos a enmiendas que finalmente retiró.
El diputado del Partido Popular César Sánchez denunció entonces que en los últimos tres años se habían establecido nuevos impuestos y tasas para los ciudadanos y defendió que en un momento de recuperación económica -entonces, dos meses antes de la invasión de Ucrania-, lo que menos necesitaban las industrias era mayor presión fiscal que, a la larga pagarían los ciudadanos.
Sánchez señaló que el impuesto al plástico repercutiría directamente en los ciudadanos a través del incremento del precio de la cesta de la compra, la más cara por el IPC en las últimas tres décadas.
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