Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han pedido este lunes a la Agencia Tributaria (AEAT) que ordene iniciar una investigación tributaria al rey emérito Juan Carlos I por los indicios de la comisión de presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, después de que el rey Felipe VI haya comunicado su renuncia a la futura herencia que le pudiera corresponder de su padre y de que le haya retirado la asignación próxima a los 200.000 euros anuales.
Gestha considera que el comunicado de Zarzuela "convierte las sospechas de que Juan Carlos I haya manejado fondos opacos, en indicios racionales de haber cometido un delito contra la Hacienda Pública, cuando expresa que el rey Don Juan Carlos ha pedido que se haga público que en ningún momento facilitó información de la Fundación Zagatka y Fundación Lucum a S.M. el Rey Felipe VI".
Por ello, los técnicos creen que la AEAT tiene "el deber inexcusable" de abrir una investigación al rey emérito, como haría con cualquier otro contribuyente, para evitar incurrir en una dejación de funciones, y que no existe ningún “escudo fiscal” para proteger a la familia Real.
Ya avisaron en 2018
Los Técnicos ya lamentaron en septiembre de 2018 que el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) enviado al juez en torno a las declaraciones del IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio y Bienes en el extranjero del rey emérito fuera suficiente como para deducir que de la información analizada el Rey emérito no figuraba como titular cuentas en Suiza -como se desprende del auto de sobreseimiento provisional, de septiembre de 2018, del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional-, y no investigara ninguna de estas presuntas propiedades y cuentas millonarias.
Además, remarcan que el rey emérito podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves e incluso además de un posible delito de fraude fiscal agravado, podría determinarse un presunto delito de blanqueo si se acredita que desde su supuesta cuenta en Suiza existen reembolsos a terceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales e inversiones.
Piden que se investigue a todos los conocedores de los hechos
En este sentido, Gestha aclara que la presunta falta de declaración los bienes en el extranjero (los supuestos 100 millones de la fundación panameña) llevaría a conformar un presunto delito fiscal en el último ejercicio no prescrito administrativamente, es decir, el IRPF 2015.
Por otra parte, los técnicos de Hacienda entienden que deberían investigarse igualmente las responsabilidades de todas las personas que pudieran estar implicadas, tanto por su posible colaboración en la comisión de los supuestos delitos, como por no haber denunciado estos hechos a pesar de haber estado al corriente de las supuestas actuaciones de Juan Carlos I.
Es conveniente que todos los miembros de la familia real y de la familia del rey hicieran públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero"
Finalmente, Gestha "reconoce el gesto de Felipe VI y pide a la AEAT que actúe con la misma determinación que el monarca".
Señala la conveniencia de que todos los miembros de la familia real y de la familia del rey hicieran públicas sus declaraciones de bienes en el extranjero en un ejemplo de transparencia que zanjara cualquier especulación o implicación este caso o en el futuro, "especialmente tras haberse conocido en 2013 la existencia de tres cuentas en Suiza de la herencia que Don Juan de Borbón dejó a sus tres hijos en 1993 con un saldo total de 728,75 millones de pesetas, o la implicación de algunos de sus miembros en las cuentas secretas desveladas en mayo de 2016 en los papeles de Panamá".
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