La Dirección General de Tributos (DGT), el brazo legislativo de Hacienda, ha parado su actividad habitual y está concentrada en el diseño de un recargo fiscal a las energéticas que resista el aluvión de pleitos del sector que espera. Una de sus principales actividades es la contestación de consultas tributarias por parte de los contribuyentes y entre sus respuestas, las denominadas consultas vinculantes, son ley. Buena parte de las cuestiones las plantean grandes empresas y sus asesores y son numerosos los que han trasladado a Vozpópuli que se han dirigido a Tributos en los últimos días y que sus funcionarios trasladan que no están para nadie y que ahora mismo no pueden atender a los contribuyentes.
La dirección General de Tributos está adscrita a la Secretaría de Estado de Hacienda, que acaba de asumir Jesús Gascón, director de la Agencia Tributaria (AEAT) desde junio de 2018, tras la salida de Héctor Izquierdo, que no ha estado seis meses en el cargo. Gascón, inspector de Hacienda muy respetado en el sector, fue precisamente director de Tributos en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La labor de diseñar el recargo la concentra la Subdirección General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, que dirige Silvia López Ribas, y cuenta con el apoyo de la Agencia Tributaria, que conoce los datos y evolución de los impuestos y los contribuyentes. Ahora mismo, el análisis del recargo al sector energético atañe a la Subdirección General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas y también afecta a la de Impuestos Especiales y Medioambientales, además de a funcionarios del área de política tributaria.
Por su parte, la Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo se ocupa de la rebaja del IVA de la electricidad del 10% al 5% que anunció Pedro Sánchez en el Congreso el miércoles, y que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros que prorrogar el Decreto de choque contra la guerra con nuevas medidas.
En Tributos son 148 funcionarios que suponen el cuerpo legislador de los impuestos del Estado, frente a la AEAT, que ha de aplicar lo que establecen, y a menudo les toca desarrollar decisiones políticas de difícil encaje técnico.
Lo que se analiza
Un recargo en el Impuesto sobre Sociedades o un nuevo impuesto son las vías que exploran, aunque fuentes próximas a Tributos trasladan que la fórmula más viable es el recargo. El Ministerio quiere aprobarlo lo antes posible y que se aplique este año de forma retroactiva, como avanzó Vozpópuli. Una de las cuestiones que Hacienda tiene encima de la mesa es que el recargo se aplique no sólo a las eléctricas sino también a las petroleras.
Un nuevo impuesto, que sería directo y se devengará a 31 de diciembre, tendría muchos problemas de retroactividad. También de doble imposición. Y debería construir, crear de la nada, todos sus elementos atendiendo a los principios de no discriminación y teniendo que suponer un gravamen real.
En este sentido cabe recordar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) que creó el Gobierno de Mariano Rajoy, y que grava la producción de electricidad de las centrales un 7%, actualmente suspendido entre las medidas para atajar la subida de la electricidad. Este impuesto fue objeto de un alud de recursos por parte de las eléctricas pero ha sido finalmente refrendado in extremis y en plena pandemia -circunstancia a la que algunos atribuyen que siga en pie- por el Tribunal de Justicia de la UE.
La empresas alegaban que, pese a su regulación como impuesto directo, la naturaleza y los elementos esenciales del IVPEE son los propios de un impuesto indirecto; que, pese a tener nominalmente una finalidad medioambiental, es esencialmente un impuesto recaudatorio, sin fin específico; que discrimina la producción de energía eléctrica derivada de fuentes renovables, y que distorsiona el mercado interior de energía eléctrica y vulnera la libre competencia.
En cuanto a Sociedades, la aplicación del recargo sería mucho más sencilla. Frente al tipo nominal general del Impuesto sobre Sociedades del 25%, banca y petroleras tienen un tipo del 30%. Y en lo que respecta al tipo mínimo del 15% sobre base imponible para grandes empresas, en vigor desde enero, estos sectores se sitúan en el 18%. Un recargo a las petroleras las pondría en tipos cercanos al 35%, como los de finales de los años 80.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advierte a menudo de que Sociedades no rinde lo suficiente y en este sentido planteaba poner el foco en la reforma fiscal ahora en suspenso por la crisis energética y la guerra. Esta misma semana ha advertido de que pretende que este recargo se aplique sobre "un rendimiento real" porque "a veces el vehículo del Impuesto sobre Sociedades no es el que aporta el mayor rendimiento".
Lo que no puede hacerse
En este impuesto, la advertencia se dirige a restringir la compensación de bases imponibles negativas, lo que cabe hacerse, pero situaría a España en un escenario más estricto menos competitivo que el de otros países de nuestro entorno. Otro de los aspectos a los que a veces apunta Montero, la restricción de la exención de dividendos, ahora gravada un 5%, no puede incrementarse, según establece la Directiva.
Sí que cabría atacar el régimen de consolidación, pero las empresas pueden sortear el cambio con reestructuraciones. A la hora de determinar el tipo, cuando se estableció el mínimo del 15% se planteó que se aplicara sobre resultado contable, mucho más estricto, y no sobre base imponible. Pero desde Tributos se transmitió que este cambio es de difícil encaje en la configuración legal del Impuesto sobe Sociedades español. Finalmente, se articuló sobre base imponible.
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