La Agencia Tributaria (AEAT) intensificará el control de residentes en España que rebajan artificialmente su factura fiscal al declarar por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. En el Plan de Control Tributario 2023 que publica el BOE este lunes, pone el foco en el control sobre ciudadanos residentes en España que declaran sus rentas a través del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el IRNR, para rebajar artificialmente su factura fiscal, dado que además de contar con tipos impositivos más bajos que en IRPF, de esta forma únicamente tributan en nuestro país por la renta generada en él, en lugar de tener que declarar toda su renta mundial.
Se trata de un perfil que desde la banca privada denominan "emboscado", de profesionales o patrimonios que son residentes de facto en España y que estaban sopesando transparentar su situación y tributar, pero que con la entrada en vigor del impuesto a grandes fortunas A&G ha advertido de que no lo van a hacer.
Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, ha señalado este lunes en la Comisión de Hacienda en el Congreso a los inmuebles propiedad de sociedades opacas, en los que se va a llegar al titular real para regularizar su situación. En la ley que crea los impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas, Hacienda ha rectificado su criterio y obliga a los extranjeros que invierten en inmuebles en España a través de sociedades a tributar por el Impuesto de Patrimonio.
También se incide en la necesidad de mantener la actividad de control en los supuestos de simulación de residencia en CCAA diferentes de la real, así como en la explotación de la información disponible sobre titulares reales de sociedades opacas con inmuebles residenciales de alto nivel. De igual forma, se ejecutarán planes específicos en relación con la titularidad indirecta de inmuebles por parte de no residentes, a efectos de su correcta imposición patrimonial.
Las directrices subrayan que la Agencia Tributaria será el órgano encargado de poner en marcha este año los dos nuevos gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, así como el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Como ha informado Vozpópuli, el Plan advierte de que la Agencia asumirá, por lo tanto, las competencias de exacción, gestión, comprobación y recaudación respecto de esos dos gravámenes temporales, a pesar de tratarse de una prestación patrimonial de carácter público no tributario, y ejercerá las competencias que le son propias respecto del impuesto temporal de grandes fortunas.
Entre las prioridades en materia de control tributario, se encuentra el refuerzo de actuaciones en relación con titulares de actividades económicas que hacen uso de los denominados ‘pagos virtuales’, y específicamente con el empleo de métodos electrónicos de pago radicados en el extranjero a través de entidades que no participan de las obligaciones nacionales de suministro de información financiera. En esta línea, se tratará de obtener información, en el marco de la normativa de la UE, sobre pagos digitales realizados a través de entidades o aplicaciones cuya sede social y servidores estén radicados en el extranjero.
Criptomonedas y reformas
Asimismo, el Plan hace una especial referencia a la investigación del uso de las monedas virtuales, dado que, junto con las habituales menciones a la necesidad de comprobar su correcta tributación, este año se subraya la intención del Área de Recaudación de potenciar las actuaciones de localización de criptoactivos susceptibles de embargo.
La Agencia Tributaria reforzará a lo largo de 2023 el control sobre sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida. Se impulsarán las tradicionales visitas o
‘peinados’ fiscales en relación con múltiples sectores, aunque con un enfoque especial a las actividades relacionadas con la construcción, rehabilitación y reformas de inmuebles.
En el marco de la nueva normativa sobre prohibición del 'software' de ocultación de ventas, también se desplegarán planes específicos enfocados a la identificación de las herramientas de software de gestión y contabilidad utilizadas por comercios y empresas, así como a verificar la consistencia de los programas informáticos con la normativa de aplicación.
Los desarrollos reglamentarios sobre criptomonedas y 'software' de doble uso van sin embargo con retraso. En el caso de las critptomonedas, las nuevas obligaciones de información que iban a entrar en vigor en enero se han retrasado a 2024.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación