Economía

Técnicos de Hacienda sospechan que la Agencia Tributaria ha dado trato de favor al rey emérito

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) sospechan que los directivos de la Agencia Tributaria (AEAT) han asesorado en secreto al rey Juan Carlos I y le han recomendado que

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) sospechan que los directivos de la Agencia Tributaria (AEAT) han asesorado en secreto al rey Juan Carlos I y le han recomendado que haga declaraciones complementarias para regularizar su situación fiscal, en lugar de iniciar una inspección.

"Ante varias informaciones de los últimos meses que no se han desmentido, Gestha pide transparencia a la dirección de la AEAT y explique si alguno de sus directivos ha facilitado algún tipo de asesoramiento o de visionado de las bases de datos a los asesores de Juan Carlos que les haya servido para confeccionar las declaraciones complementarias", reivindica el sindicato en declaraciones a Vozpópuli.

Este sindicato -el colectivo más representativo dentro del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria- cuestiona que la AEAT no haya una iniciado una investigación tributaria al rey emérito y sospecha de que, en lugar de abrir esa investigación, sus directivos han podido ayudar de forma encubierta a Juan Carlos I.

La Agencia Tributaria tenía el deber inexcusable de haber abierto una investigación tributaria a Juan Carlos I desde hace años

Su secretario general, José María Mollinedo, cree que "la Agencia Tributaria tenía el deber inexcusable de haber abierto una investigación tributaria a Juan Carlos I desde hace años, como la habría abierto a cualquier otro contribuyente con menores importes e indicios", apuntan, en alusión a un posible trato de favor.

Destacan que el hecho de que la AEAT no haya iniciado una inspección tributaria a Juan Carlos I -pese a disponer de indicios-, ha permitido que el monarca presente la regularización tributaria y evite cualquier responsabilidad penal o tributaria.

La investigación que solicita debería incluir a todas las personas implicadas, tanto por posible colaboración en "la comisión o encubrimiento de estos hechos", como por no haberlos denunciado a pesar de haber estado al corriente de las supuestas actuaciones del rey emérito.

Pasos que debe seguir Hacienda

Una vez presentada la última regularización del rey, por valor de 4,4 millones de euros, la Agencia Tributaria tiene obligación de comprobar que es correcta.

Esto implica aclarar cuál es la naturaleza de las rentas por determinados gastos por viajes y servicios que realizó Juan Calos I y que fueron costeados por la Fundación Zagatka, a quiénes se les ha prestado dichos servicios por más de ocho millones de euros, dónde y cómo se cobraron, y durante cuántos años se realizaron.

Apuntan también que deberán analizarse las cláusulas de los préstamos, verificar las garantías y condiciones de la devolución e investigar su origen.

Después entrará la Oficina del Fraude

Después de completar este proceso, uno o varios equipos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) investigará si las declaraciones complementarias son completas o no, a la vista de la información existente en las bases de datos de la AEAT.

Precisamente, la información contenida en esas bases de datos es la que podría haber sido compartida ya con los asesores fiscales del Rey para facilitarle el trabajo, según temen los técnicos de Hacienda.

La ONIF revisará también los datos de las solicitudes de información internacional y también analizará de forma exhaustiva la documentación que aporten los asesores del rey emérito.

"Una vez analizados todos estos extremos, si se detecta alguna incongruencia, el deber que la AEAT aún tiene es iniciar una inspección tributaria a Juan Carlos I, mientras no exista una investigación judicial o una querella de la Fiscalía sobre los mismos hechos", reivindican.

Los técnicos de Hacienda han pedido en numerosas ocasiones que la Agencia Tributaria investigue al Rey por presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales, una petición en la que insistieron expresamente después de que el rey Felipe VI anunciara su renuncia a la futura herencia que le pudiera corresponder de su padre y de retirarle la asignación pública, de unos 200.000 euros anuales.

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