La posibilidad de que la denominada Tasa Google se aplique a las compañías de telecomunicaciones ha causado incertidumbre en el sector, en el que temen que el Gobierno les imponga un impuesto del 3% sobre algunas de las actividades que realizan en España, relacionadas con la economía digital. Pese a que el Gobierno apenas si ha ofrecido detalles sobre las fuentes de las que obtendrá los 1.200 millones de euros que pretende recaudar, ha adelantado a Vozpópuli que las telecos deberán pasar por caja en el caso de que cumplan algunas de las condiciones que se fijen en la tasa, como así ocurre en algunas de sus líneas de negocio.
El impuesto gravará, principalmente tres actividades:
- Por un lado, los servicios de publicidad en línea;
- Por otro, los servicios de intermediación en internet
- Y, por otro, la venta de datos que las empresas recopilen a partir de la información proporcionada por los usuarios.
Está previsto que afecte a las "grandes empresas internacionales" que facturen 750 millones de euros al año en todo el mundo y que declaren en España ingresos superiores a 3 millones de euros por las tres vías de negocio anteriores.
La base imponible del impuesto estará constituida por su facturación total, excluidos, en su caso, el IVA u otros impuestos equivalentes, obtenidos por las compañías por cada una de las prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto, según precisan fuentes del Ejecutivo.
Desde las principales compañías de telecomunicaciones, inciden en que estas actividades no son su fuente principal de ingresos, pero reconocen su incertidumbre con respecto a la forma en la que les afectará esta tasa. Según ha podido saber este periódico, la ministra de Economía, Nadia Calviño, se reunió este lunes con la patronal del sector, Digitales, y les transmitió que el texto por el que se articulará la tasa será muy similar al que propuso la Comisión Europea el pasado marzo. No obstante, no aclaró en qué medida afectará a las telecos.
Fuentes oficiales de esta asociación han declinado hacer comentarios al respecto del impuesto y de la reunión, aunque desde las compañías de telecomunicaciones han incidido en que existe el temor de que el Ejecutivo pretenda recaudar el 3% de los ingresos que obtienen en algunos de sus ámbitos de actividad. Desde el Ejecutivo, así lo han sugerido: "si cumplen las condiciones, claro les afectará".
Las tecnológicas aportan poco
Cabe recordar que esta medida se ha planteado después de un largo debate sobre la escasa aportación que realizan a la Hacienda pública las grandes firmas tecnológicas, tanto en España como en la UE. De hecho, Apple, Google, Facebook y Amazon abonaron al fisco, sobre sus beneficios, un total de 21,6 millones de euros en los últimos ejercicios sobre los que existen datos en el Registro Mercantil.
El problema hasta el momento ha sido la imposibilidad de desarrollar una normativa conjunta dentro de la UE, que permita acotar las prácticas de ingeniería fiscal que permiten a las empresas aportar en los Estados miembros menos dinero del que se correspondería con la actividad que desarrollan, al desviar fondos a ‘paraísos contables’.
En concreto, Google abonó en 2016 un total de 6,4 millones de euros de impuesto sobre sus beneficios, frente a los 266.873 euros que aportó Facebook en 2017; los 13,3 millones de Apple y los 1,64 millones de euros de Amazon.
Uno de los pasos más significativos en este sentido lo dio el pasado marzo el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, cuando propuso un impuesto del 3% a las grandes tecnológicas. Sin embargo, la aprobación de esta medida será complicada, ante la oposición o las dudas mostradas por una decena de países, lo que deja claro la complejidad que implica solucionar este problema.
En esta situación, España ha optado por tomar una vía paralela y crear su propio impuesto -que también defendía el Ejecutivo anterior-, con el propósito de recaudar 1.200 millones de euros anuales. Es decir, 900 millones de euros más que lo que calculaba el pasado abril el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han considerado "improbable" que el Gobierno alcance esa cantidad y han advertido del riesgo de que este incremento de la carga impositiva sobre las empresas suponga una reducción de la actividad de estas empresas en España. Entre otras cosas, porque podrían desviar parte de sus ingresos a otros países del entorno comunitario.
La duda que se plantea, a partir de ahora, es en qué medida afectará a las empresas de telecomunicaciones, así como si todas las compañías del sector estarán obligadas a realizar esta aportación. La incertidumbre en el sector era evidente en las últimas horas.
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