Hacienda valorará si hace permanente el impuesto a los ricos antes de las elecciones generales. Así lo establecen las enmiendas que han introducido los Grupos Socialista y de Podemos a la proposición de ley que crea los impuesto a banca y energéticas. "En cuanto a su ámbito temporal, se prevé una vigencia de dos años, de manera que resulte aplicable en los dos primeros ejercicios en que, a partir de su entrada en vigor, se devengue dicho impuesto, si bien se introduce una cláusula de revisión, para efectuar una evaluación de sus resultados al final de su vigencia y valorar su mantenimiento o supresión", dice el texto.
El impuesto estará en vigor en 2022 y 2023 y será a finales del año que viene cuando habrá que valorar si sigue y se hace permanente, a las puertas de las elecciones generales.
Hacienda ya había advertido de que valoraría si hacerlo permanente, lo que se incluye formalmente en el texto, pero inicialmente le dejaba la decisión al próximo gobierno, cuando preveía que estuviera en vigor en 2023 y 2024. Al haber adelantado su entrada en vigor y devengo un año, será el Gobierno de Pedro Sánchez el que podrá decidirlo justo antes de las elecciones generales.
Los Grupos Socialista y de Podemos han registrado este jueves el impuesto a grandes fortunas como una enmienda en la proposición de ley que crea los impuestos a banca y energéticas. El plazo de las enmiendas parciales acababa este jueves y desde Hacienda confirmaban que no se iba a prorrogar y se iba a incluir el nuevo impuesto. Antes de que se publicara el texto del impuesto a grandes fortunas, se conocían bastantes detalles de un tributo que ya planteó ERC en noviembre de 2020 en una enmienda a los Presupuestos de 2021. Según anunció Hacienda el 29 de septiembre, el impuesto a grandes fortunas sería temporal para 2023 y 2024 -lo que luego se ha reponderado para 2022 y 2023- y afectará a una riqueza neta superior a los 3 millones de euros -con las mismas reglas que el Impuesto de Patrimonio, restando 300.000 euros de vivienda habitual-, con tres tramos: entre 3 y 5 millones, un 1,7%; entre 5 y 10, un 2,1%, y por encima de 10, al 3,5%.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que "esta legislación evitará la doble imposición porque la cuota que se abone en las comunidades será totalmente deducible" respecto al Impuesto de Patrimonio, con lo que en principio se dirige contra la Comunidad de Madrid y Andalucía. El potencial recaudatorio es de 1.500 millones y los contribuyentes afectados, 23.000, el 0,1%.
En el XXXII congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que se ha celebrado en Granada, la directora de la Agencia Tributaria (AEAT), Soledad Fernández Doctor, ha avanzado que ya preparan inspecciones a grandes fortunas, banca y energéticas por los nuevos impuestos.
Desde la Secretaría de Estado de Hacienda se prefería que el impuesto se tramitara como proyecto de ley para hacerlo más garantista, pero finalmente se ha optado por la vía más fácil y más rápida para un impuesto cuya entrada en vigor y devengo se ha adelantado un año, a 31 de diciembre de 2022, para que se pague la próxima primavera junto a la Campaña de la Renta y Patrimonio.
Madrid se blinda
Precisamente este jueves, la Asamblea de Madrid aprueba la Ley de Autonomía Financiera, con la que la Comunidad de Madrid quiere blindarse del impuesto a grandes fortunas.
La Ley de Autonomía Financiera pretende preservar la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid de acuerdo con lo previsto en los artículos 156 y 157 de la Constitución. El objetivo de Isabel Díaz Ayuso es poner negro sobre blanco a una evidencia -"la Constitución establece que las comunidades autónomas tienen la competencia de gestión y liquidación de una serie de impuestos"- para "estar armados jurídicamente si el Gobierno quiere cambiar eso".
En ese sentido, las fuentes consultadas por Vozpópuli explican que la ley de autonomía fiscal es una "herramienta jurídica" de cara a una batalla legal con el Ejecutivo central que el pasado enero, cuando la aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se pensaba que podría venir de la mano de la reforma fiscal que el Gobierno se había comprometido a hacer con Bruselas. En este contexto, designó a un comité de expertos con el fin de que le dijera que había que armonizar al alza los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones para obligar a Madrid a subirlos.
Y así lo hicieron. Sin embargo, con la guerra de Ucrania estos planes parecían descartados en el corto y medio plazo. Hasta que se desató la fase aguda de la batalla fiscal el pasado septiembre, cuando Andalucía anunció que suprimiía Patrimonio.
La Ley que se aprueba este jueves "protege políticas como la reducción del IRPF -ahora deflactación de la tarifa desde 2022- y la eliminación de los impuestos propios", y servirá como "principal argumento" frente al impuesto a grandes fortunas.
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