Hartas. Así se muestran las empresas hoteleras españolas frente a los apartamentos turísticos ilegales, esa opción a la que algunos propietarios se agarran para tener un ingreso extra en estos tiempos de crisis y a la que ciertos usuarios recurren por ser una alternativa más económica que sin embargo, está haciendo añicos al santo y seña de la economía española, el turismo.
Hoteles, cámpings, pensiones, casas rurales, apartamentos, hostales y fondas que cumplen con todas las normas denuncian que la oferta de alojamiento ilegal ya supera y "con creces" a la reglada gracias a "una total permisividad" y al vacío legal existente en este ámbito. Frente a los 1,43 millones de plazas regularizadas, se calcula que las ilegales rondarían los dos millones.
"No vale todo para llegar a sesenta millones de turistas, no vale que las administraciones actúen en clave electoral", denunciaba esta semana Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), quien recalcó que no están en contra de las viviendas turísticas persé, ya que siempre han existido, sino de "la falta de regulación, del aumento de la economía sumergida, del trabajo ilegal, de la violación de los derechos de los consumidores en materia de calidad y de la degradación de los destinos españoles".
Su reclamo en estos momentos, que según aseguran están "en una fase muy preocupante, a un paso de ser grave", no es otro que aplicar las mismas reglas de juego a todos aquellos actores que quieran desempeñar un papel en el sector turístico. "Exigimos las mismas varas de medir".
"La administración tiene que atajar el problema, pedimos acabar con el fraude, no con las viviendas privadas"
"Nos estamos jugando el prestigio y el porvenir de una industria económica saneada", advertía sobre el sector turístico, que con una aportación de 113.000 millones de euros al PIB del país y dos millones de puestos de trabajo directos se posiciona como la primera industria de España... a la que acechan, y muy de cerca, plataformas de internet como Airbnb, que esta misma semana ha sido sancionada por la Generalitat con 30.000 euros de multa.
Desde la CEHAT se quejan de que estas plataformas ingresan comisiones elevadas argumentando que favorecen el intercambio de viviendas entre particulares cuando en realidad desafían las normas generando "un inmenso fraude" a lo que hay que añadir los impuestos que deja de recaudar el Estado y que se pierden en el limbo de la economía sumergida.
Coto a los apartamentos de vacaciones ilegales
Pese a que las plataformas de internet en las que se publicitan las mal llamadas viviendas turísticas se intentan justificar con el concepto de economía colaborativa y gozan de la inversión de fondos de capital riesgo que les aportan la fortaleza suficiente para seguir creciendo, las Comunidades Autónomas están empezando a espabilar.
La primera en atender las reclamaciones de los empresarios fue Cataluña, que obliga a que todos estos establecimientos estén dados de alta en un registro y por lo tanto, paguen la tasa turística que oscila entre 0,75 y 2,5 euros en función de la categoría del mismo. Desde la entrada en vigor de una normativa que exige que los propietarios comuniquen previamente su actividad al Ayuntamiento, que se hayan inscrito en el Registro de Turismo de Cataluña y que cumplan unos requisitos mínimos de prestaciones, higiene y atención, se han legalizado cerca de 200.000 camas turísticas.
"La oferta fuera de la legalidad supera con creces a la oferta reglada", denuncia el sector hotelero
Por su parte, Andalucía ha elaborado un borrador que establece la obligatoriedad de que estos establecimientos estén inscritos en el Registro de Turismo andaluz. En caso contrario, se exponen a multas que oscilan entre los 2.000 y los 150.000 euros. Además, se incluyen requisitos como que las habitaciones tengan ventilación directa al exterior, un botiquín o extintor y el propietario no podrá exigir más de un 30% de señal. Todo para acabar con una oferta ilegal que supone, según los cálculos efectuados por los empresarios, el 20% de las plazas comercializadas, fundamentalmente en la Costa del Sol, donde se estima que podría haber unos 50.000 apartamentos sin declarar, según 'Cinco Días'.
Mientras en Madrid estas viviendas no podrán ser alquiladas por habitaciones y se podrá establecer un periodo mínimo de estancia, la Comunidad Valenciana ha intensificado su colaboración con la Agencia Tributaria para cruzar datos sobre las empresas que estén dadas de alta para así combatir posibles irregularidades.
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