Hacía muchos años que un pleno del Congreso no se quitaba de encima de una tacada cinco reales decretos y un debate de totalidad. La de los diputados parecía este jueves una especie de huelga a la japonesa, tanto que los que son de provincias han tenido que pasar la noche en sus habituales hoteles de Madrid. Un pleno extenso, en el que los ministros recibieron la consigna de alargar sus intervenciones y los parlamentarios del PSOE de acortarlas y, además, de acentuar su alineación con los sindicatos. Solo una veintena de diputados del bloque de la izquierda secundaron su llamada y no aparecieron por el Congreso. Salvo por estos escaños vacíos y por el rifirrafe testimonial entre el PP y el PSOE, la sensación de normalidad en el interior de la Carrera de San Jerónimo fue total. Se cumplió la consigna del Gobierno: aparentar naturalidad.
La interpretación oficial sobre el alcance de la huelga se dejó en manos de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez. Dijo en público lo más importante, lo que al Gobierno le interesa que en estos momentos se escuche en Bruselas: que la reforma laboral no sufrirá cambios. La declaración la hizo a mediodía cuando ya en Moncloa Mariano Rajoy y su equipo de confianza habían concluido un balance de la movilización sindical que inducía al sosiego: no podía hablarse de huelga general en sentido estricto por su seguimiento tan limitado en la mayoría de las comunidades autónomas. Fue un paro de manual, con especial incidencia en el sector industrial, el del transporte y la construcción, los de mayor penetración sindical, y menguado seguimiento en la pequeña y mediana empresa y en las administraciones públicas. Geográficamente, el paro fue más intenso en el País Vasco, donde se asienta un sindicalismo más radicalizado, mientras que la protesta callejera fue más extensa en Madrid, Barcelona y Valencia. En CEOE, incluso, se afirma que hay un acuerdo previo con las centrales para recuperar las horas perdidas en la industria. Nada que no estuviera en las previsiones oficiales.
Por los pasillos del Congreso deambularon ayer numerosos ministros. Y lo que la mayoría comentaron en privado es que por mucho eco que hubiera tenido la protesta, el Gobierno carece de espacio para mover los aspectos esenciales de la reforma. “Tenemos la conciencia tranquila, cuando uno no tiene margen, ni acierta ni se equivoca, así de sencillo. No podemos cambiar la reforma porque hemos contraído un compromiso serio con nuestros socios europeos y perderíamos la credibilidad. Estamos jugando con las cosas de comer…”, sentenciaba un miembro del equipo económico.
No podemos cambiar la reforma, cuando uno no tiene margen ni acierta ni se equivoca, asegura un ministro
Sin embargo, el respiro que le ha dado al Gobierno este nuevo revés sindical tiene un perímetro bastante definido ya que el temor a la convocatoria de nuevas huelgas generales está bastante afianzado en el Consejo de Ministros. “No pensamos ni mucho menos que los sindicatos hayan quemado su último cartucho, es más creemos que esta es la primera de una serie de movilizaciones”, se asegura en Moncloa. Fuentes parlamentarias del PP añaden: “Los sindicatos no pararán hasta que consigan un éxito rotundo en la calle”.
La primera estación de la contestación sindical ha coincidido con los cien días de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y con una reforma laboral sin precedentes en vigor. A partir de ahora, las siguientes estaciones pueden llegar en otoño, cuando se perciban los efectos del ajuste que hoy viernes anunciará el Consejo de Ministros, y el año que viene, cuando el Gobierno ponga toda la carne en el asador para cumplir con el 3% de déficit.
El PP huye del cuerpo a cuerpo
Tanto Cándido Méndez (UGT) como Ignacio Fernández Toxo (Comisiones) conocen bien el guión gubernamental para cumplir con Bruselas. “Lo saben todo porque se lo hemos contado, pero ellos tienen que cumplir con su papel, cosa que respetamos”, dicen fuentes oficiales. De hecho, ninguna voz autorizada incurrió en el error de desdeñar la convocatoria sindical y entrar en el cuerpo a cuerpo. Casi todo fueron palabras de respeto y de tolerancia hacia las centrales, aunque el Gobierno sí se esforzó en dejar claras las líneas rojas que le separan del PSOE.
“Hoy millones de españoles ejercen su derecho constitucional a manifestarse contra una reforma laboral que puede convertir a los trabajadores asalariados en esclavos de empresarios sin escrúpulos”, llegó a decir el diputado socialista Pablo Martín. A su lado, el ex ministro de Trabajo Valeriano Gómez también criticó la reforma, aun siendo consciente de que nace del mismo tronco que la aprobada por Zapatero en 2010. De esta forma, los socialistas han censurado la misma legislación que ellos mismos promovieron, haciendo piña con los sindicatos. La ejecutiva socialista delegó en su secretario de Organización, Oscar López, la representación del partido en la manifestación celebrada por la tarde en Madrid. Perfil bajo. Faltó Rubalcaba.
