El exdirector de Control Corporativo de Iberdrola José Antonio del Olmo, al que la eléctrica acusó de sustraer facturas confidenciales, se sentará en el banquillo por revelación de secretos y apropiación indebida de documentos, según un auto del pasado 8 de febrero al que ha tenido este miércoles acceso EFE.
El auto del juzgado de instrucción número 9 de Madrid acuerda la apertura de juicio oral, aún sin fecha y, aunque mantiene a Del Olmo en libertad provisional, le impone una fianza de 50.000 euros.
En su escrito de acusación, la eléctrica pide para Del Olmo un total de seis años de cárcel, tres por cada uno de los delitos, y sendas multas de 250.000 euros, 500.000 en total, cuantía que se justifica por el "abultado patrimonio inmobiliario del que es titular", mientras que la Fiscalía ha solicitado su absolución.
Iberdrola sostiene que Del Olmo, por razón de su cargo, tenía acceso a las facturas, que fueron difundidas por el diario digital El Confidencial.
El exdirectivo, que se jubiló en 2016, depositó ante notario, en diciembre de 2004, determinada documentación extraída de los archivos de la empresa, "alguna de alcance similar a la divulgada y objeto de esta causa".
La Fiscalía deduce que Del Olmo sustrajo archivos de la compañía para su publicación
En concreto, facturas relativas al órgano consultivo de Iberdrola en Andalucía, de lo que la Fiscalía deduce que fueron sustraídas por el acusado de los archivos de la compañía y posteriormente publicadas en el diario digital.
Figuran en la causa, añade el escrito de acusación, los originales de las tres facturas publicadas en El Confidencial, "existiendo una exacta correlación entre tales originales, localizados en los archivos de Iberdrola, con las facturas publicadas".
En octubre de 2022, la Audiencia Provincial de Vizcaya ratificó la condena impuesta a Del Olmo en septiembre de 2021 por el Juzgado Mercantil número 1 de Bilbao, también por revelación de secretos.
Iberdrola sostenía, y así fue confirmado por el juzgado mercantil, que Del Olmo había incurrido en una violación de secretos empresariales, ya que se había apropiado de información secreta relativa a la seguridad de la compañía, y había revelado públicamente dicha información a partir del mes de del octubre de 2019.
Durante la vista, Del Olmo reconoció haber realizado copia de facturas de Iberdrola, haberlas conservado en su despacho, haberlas depositado ante Notario cuando todavía ocupaba un cargo directivo y, tras su jubilación, haber trasladado a su casa estas copias, todo ello sin consentimiento de la compañía.
En diciembre de 2004, Del Olmo depositó ante notario un documento, que la empresa sostiene que es falso, en el que advertía de irregularidades en los pagos a Casesa y Cenyt, empresas vinculadas al excomisario de policía José Manuel Villarejo, y nueve facturas.
Ello dio lugar a la instrucción, en la Audiencia Nacional, de una causa por la relación entre la eléctrica y las empresas del excomisario, en la que fueron imputados tanto la compañía como su presidente, Ignacio Sánchez Galán, pero el caso ha sido archivado, excepto en lo relativo al exjefe de Seguridad, Antonio Asenjo.
El juez Manuel García Castellón investigaba si Iberdrola contrató al excomisario por un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión.
