El límite al precio del gas no es del agrado de las eléctricas. Así lo han dejado claro tanto en público como en privado. Iberdrola, Endesa y EDP, las tres grandes compañías que operan en España y Portugal, tuvieron la oportunidad de trasladar este malestar a la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, cuando en Bruselas se analizaba en detalle la medida temporal que presentaron ambos gobiernos para recudir la factura de la luz.
Los representantes de las tres principales compañías eléctricas explicaron al equipo de Simson que el problema que existe en el mercado ibérico es la tarifa regulada indexada al mercado mayorista de España. Un modelo que provoca que cerca de diez millones de consumidores estén castigados por la actual volatilidad. En este sentido, las eléctricas instaron a la Comisión a buscar soluciones que no pongan en peligro la transición energética, las inversiones o la integridad del mercado europeo.
Fuentes conocedoras de estas conversaciones apunta que, desde que el Consejo Europeo aprobase en marzo la excepción ibérica como paso previo al límite al gas, el diálogo entre las grandes eléctricas españolas y los miembros de la Comisión Europea ha sido continuo. No obstante, solo consta en el registro de grupos de interés o lobbies de la Comisión la reunión que mantuvieron Endesa, Iberdrola y EDP con Tatiana Márquez y Stefano Grassi, miembros del gabinete de Kadri Simson.
Unos encuentros que, según refleja este registro público, se produjeron el pasado 27 de abril de forma particular vía videoconferencia. El registro detalla que las conversaciones con estas compañías se centraron en el diseño del mercado eléctrico que propone la propuesta de los gobiernos de España y Portugal.
La Comisión Europea no ha querido entrar valorar estos encuentros ante la consulta de Vozpópuli. Desde las empresas tampoco han querido dar detalles de estas conversaciones y defienden que estos esta relación con Bruselas forma parte de "la normalidad".
Las mismas fuentes apunta que en estos encuentros el turno de palabra se monopolizó por parte de Iberdrola, Endesa y EDP. La postura de los representantes del equipo de la comisaria Simson fue “escuchar la posición de las empresas”, según explican los conocedores del encuentro, y “no dejar ver su opinión” de una medida que todavía no tenía su posición oficial, porque por entonces Bruselas no había emitido su veredicto sobre el límite al gas.
Las eléctricas defienden que su presencia en estas reuniones fue como un simple acto informativo porque, a finales de abril, se conocían pocos detalles de la puesta en marcha del límite al gas. Aunque todo apunta a que la voz de las empresas fue escuchada. Entre los requisitos que solicitó Bruselas al Gobierno español para aprobar el tope al gas, el organismo europeo exige una reforma de la tarifa regulada, como solicitaban Iberdrola, Endesa y EDP.
Iberdrola y Endesa no ven la medida
El propio presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, aseguraba a los analistas del mercado en su presentación de resultados del primer trimestre, ese mismo 27 de abril, que el régimen excepcional España y Portugal "no está justificado y es contrario al mercado único".
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, también destacó al mercado en su presentación de mayo que este mecanismo para limitar el precio del gas para producir electricidad "no resuelve el problema real". Dos quejas que marcan la posición de las grandes eléctricas con esta medida.
Los encuentros bilaterales entre empresas y Bruselas se realizaron con conocimiento de causa por parte del organismo europeo. Un día antes, el 26 de abril, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y su homólogo portugués, José Duarte, anunciaban un acuerdo “preliminar” con Margrethe Vestager, la titular comunitaria de competencia, para limitar el precio del gas.
La aprobación definitiva de España y Portugal no llegaría hasta el 13 de mayo. La Comisión Europea no dio su aprobación definitiva de esta controvertida medida hasta el pasado 9 de junio y el límite al gas se estrenó el pasado 15 de junio. Y, en su primera semana de vigencia, la razón asiste más a las eléctricas que al Gobierno.
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