El Gobierno sacaba pecho la pasada semana de su alianza con Iberdrola y Seat (Grupo Volkswagen). Un pacto para crear un gran consorcio público-privado, financiado con fondos europeos, para montar una de las primeras plantas de baterías en Europa. Este anuncio lo desveló la ministra de Industria, Reyes Maroto, ante los asistentes del Congreso de UGT y el acuerdo con estas dos grandes empresas ocupó todas las portadas de los medios. Días después, el presidente Pedro Sánchez celebraba esta ‘victoria’ con una tribuna en El País. Pero dicho proyecto está lejos de producirse.
Como explican a Vozpópuli fuentes conocedoras del proceso, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha lanzado al anuncio de este consorcio sin el permiso de Bruselas, necesario al tratarse de un proyecto que pretende financiarse con fondos europeos, y sin el concurso pertinente al seleccionar a Iberdrola y Seat como integrantes del proyecto.
‘El primer PERTE de España’, celebraba el domingo el presidente. PERTE son las siglas de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, el mecanismo con el que el Gobierno gestionará parte del dinero procedente de los Fondos Europeos para la recuperación de la crisis desencadenada por la covid-19.
Este tipo de proyectos tiene unos pasos que con Iberdrola y Seat no se han cumplido. Los proyectos se tienen que presentar en Bruselas, la UE debe autorizarlos, se debe realizar un proceso competitivo conforme a los criterios europeos y después este consorcio se abre en España para que las empresas presenten sus credenciales.
“El Gobierno ha obrado en este caso como si las reglas europeas no existieran”, explica a este medio el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano. “El anuncio de Sánchez es vacío y tramposo. No puede decir que va a ayudar a una compañía concreta sin haber abierto un proceso competitivo en base a las reglas que marca Bruselas”, añade el economista.
Iberdrola y Seat, "el primero"
El Gobierno, ante las preguntas de este medio, ha optado por la prudencia sobre lo anunciado la semana pasada. “Estamos trabajando en el PERTE del vehículo eléctrico para que sea el primero de los que se irán aprobando en los próximos meses”, detallan de manera oficial fuentes cercanas al Ministerio de Industria.
Aunque esta respuesta sigue dejando dudas por resolver. ¿Por qué se ha seleccionado para este consorcio a Iberdrola y Seat? ¿Qué proceso se ha seguido? ¿En base a qué criterios? Sin concurso público, ni licitación ni procedimiento competitivo alguno, ¿cómo se demuestra que ha sido una elección basada en criterios de eficiencia, objetivos, y no un elección intencionada? A falta de respuestas del Gobierno, desde el sector apuntan a una estrategia de comunicación y marketing política con un proyecto que está en pañales.
Aunque el ruido ya está encima de la mesa. Y la polémica también. El anuncio de esta alianza en la semana en la que Maroto y Sánchez han visitado la fábrica de Seat en Martorell (Barcelona) ha provocado que otras regiones como Valencia muestren su descontento. Los empresarios y asesores que llevan días trabajando en sus PERTEs también se han visto sorprendidos con este mediático anuncio.
5.000 millones
Este pacto tiene ya hasta cifra de costa. La ministra de Industria llegó a señalar que la fábrica de baterías para vehículos eléctricos requerirá una inversión que rondará los 5.000 millones de euros. Maroto matizó que al consorcio público-privado iniciado con Iberdrola y Seat se van a unir también grandes empresas como Caixabank y Telefónica, pero “está abierto a más socios", a toda la industria automovilística de España.
Esta es la idea clave de los PERTE, aglutinar en los proyectos a un grupo de empresas. Pero, tras el anuncio del Gobierno, la colaboración público/privada para el consorcio de baterías ya lleva el sello de Iberdrola y Seat. Y, como explican fuentes del sector energético, es complicado que otros competidores de ambas empresas entren a formar parte de este PERTE.
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