El mayor ejemplo de colaboración público-privada durante la pandemia fueron los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El Estado se puso como garantía para 100.000 millones de euros y así asegurar la liquidez de las empresas del país en el momento más duro de la cuarentena, cuando España estaba prácticamente en stand-by.
La banca trabajó de forma muy rápida y se puso a disposición de todo el tejido empresarial estas ayudas que ya han llegado a 603.000 empresas, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Economía. Esto se traduce en un importe total avalado de 89.150 millones de euros y una inyección total de liquidez a las empresas de 117.387 millones.
Del total, 11.432 millones de euros han ido a parar el sector del transporte y automoción, lo que supone 8.757 operaciones en avales repartidas a 55.32 empresas en 94.641 operaciones. Ni un sólo euro de esta partida ha ido a parar a la aerolínea de Plus Ultra. La banca no consideró esta empresa apta para acceder a este línea de crédito, según ha podido saber Vozpópuli.
El sector de 'turismo, ocio y cultura' se han llevado la mayor parte: 17.526 millones en financiación con un aval solicitado de 13.080 millones de euros repartidos a 127.351 empresas en 178.651 operaciones. Le sigue el sector de construcción e infraestructuras con 12.708 millones (9.701 millones con garantías) en 04.450 operaciones a 65.450 empresas.
La Comunidad de Madrid se ha llevado el 20,2% del total de los avales solicitados. A esta le sigue Cataluña (18,6%); Andalucía (12,4%) y Valencia (10,2%. A la cola estarían Ceuta y Melilla con apenas el 0,1% del total de la financiación; La Rioja, con un 0,7%; Cantabria, con un 1% y Navarra, con un 1,6%.
El Gobierno ha puesto a disposición de las entidades de crédito avales por valor de 100.000 millones de euros, un 8% del Producto Interior Bruto (PIB) del país repartidos entre pymes, autónomos y grandes empresas.
Para pymes y autónomos los avales cubren el 80% del riesgo en todas sus modalidades (nuevo crédito y refinanciación). Sin embargo, al resto de empresas sólo cubrirá el 70% de los préstamos concedidos y el 60% en caso de renovaciones.
Por otro lado, el Gobierno decidió que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) fuera el encargado de analizar si los préstamos que superan los 50 millones de euros son aptos para entrar dentro de la línea de garantías del Estado creadas por la crisis del coronavirus.
Las entidades financieras sólo podrán dar el visto bueno a aquellos créditos que estén por debajo de la cuantía anteriormente mencionada, por lo que las líneas que necesiten las grandes empresas pasarán forzosamente por el Ministerio de Economía, máximo responsable en este área.
Las empresas y autónomos afectados podrán pedir préstamos avalados por el Estado por un importe de hasta un 25% de su facturación del 2019, según ha podido saber Vozpópuli por fuentes financieras, que añaden que se trata de un volumen muy elevado y un gran riesgo para la economía del país, por la alta probabilidad de impago de estos.
El no del ICO y el sí de SEPI
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se ha pillado los dedos en la ayuda de 53 millones de euros concedida a la aerolínea Plus Ultra, de la que ha informado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Y no solo por las suspicacias que levanta el hecho de que buena parte del capital de la compañía, como ha informado Vozpópuli, esté controlado por empresarios venezolanos vinculados al régimen chavista. También porque la aerolínea difícilmente cumple con las condiciones establecidas por el Gobierno para que la SEPI, a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, aporte financiación pública a determinadas empresas, aun siendo estas condiciones algo etéreas.
Las mismas dudas ha generado por ejemplo la ayuda millonaria concedida a Duro Felguera, una compañía con litigios judiciales de calado, pérdidas, y al borde del concurso de acreedores antes de la llegada de la pandemia. Pero, en el caso de Duro Felguera, al menos, es sostenible la idea de que, efectivamente, la empresa es estratégica, tanto para el sector industrial español como para la región de Asturias.
Pero decir que Plus Ultra es estratégica para la economía española no se sostiene. La aerolínea, según las estadísticas de Aena, aporta menos del 1% de las conexiones aéreas, y en 2019 representó el 0,03% del total.
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