El Instituto de Crédito Oficial (ICO) repartirá el sobrante de la primera línea de avales del Estado por valor de 20.000 millones de euros entre las entidades que ya han agotado su parte correspondiente. Esta es una medida que ya contemplaba el Estado y que se hará efectiva este mismo jueves ante la necesidad de algunos bancos y la incapacidad de otros para hacer llegar la liquidez a las empresas, según explicó el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, en una conferencia organizada por el Consejo General de Economistas de España.
Durante esa misma comparecencia también señaló que hay bancos que ya han agotado la segunda línea de avales, aunque reconoció que aún hay cierto margen para la mayoría de entidades. Hasta el momento, las entidades financieras han registrado 187.006 operaciones de financiación, lo que supone un importe avalado de 18.767 millones y una financiación total de 24.452 millones.
Como ya explicó este medio, los créditos ICO se están viendo deslucidos por el alto nivel de burocracia y por la evidente diferencia entre entidades, en cuanto a digitalización y agilidad en los procesos. Mientras ya hay competidores como Santander que tienen agotadas prácticamente sus dos líneas de financiación, hay otros como Bankinter que esperan agotar el primer tramo a finales de este mes.
El Ejecutivo ya trabaja en dar salida a un nuevo tramo de estas garantías, pero mientras eso llega, los bancos tendrán que conformarse con los restos que sobran de la primera tanda. No obstante, poca culpa tiene de esto García de Quevedo, pues es el Gobierno el único que tiene poder para decidir cuándo se liberan los próximos 20.000 millones de euros.
Problemas burocráticos
También hay que reconocer que muchos de los créditos que aún no se han activado ya están aprobados, pero aún no han sido dados de alta en el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Economía quiere tener una fotografía clara de la situación actual y por eso ha comenzado a preparar un informe junto al Banco de España para ver si los prestadores han cometido irregularidades y de ser así, proceder a multar a las entidades que no hayan seguido las indicaciones del Gobierno.
Aunque la función sancionadora recae en el organismo que preside Pablo Hernández de Cos, en esta ocasión, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) también podrá multar o amonestar en el caso de que encuentre alguna irregularidad, tal y como recoge el decreto ley en el que se exponen los pormenores de las garantías del Estado.
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