En julio de 2017, la Hacienda catalana reclamaba cerca de 200.000 euros a Ikea. Desde la Generalitat se exigía al gigante sueco de los muebles el controvertido impuesto de grandes establecimientos comerciales que debía pagar por la actividad en 2016 de su tienda en Hospitalet de Llobregat.
Este tributo, que también se cobra en Asturias y Aragón, se aplica a las tiendas de más de 2.500 metros cuadrados por el impacto medioambiental y territorial que genera su mayor superficie. Una medida que Ikea considera injusta y por la que decidió presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Una nueva edición de la batalla legal de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), la patronal en la que se integra Ikea, El Corte Inglés, Carrefour o MediaMarkt. La empresa sueca y el resto de sus socios llevan cerca de dos décadas catalogando este impuesto como "muy negativo" para la competitividad con sus 'rivales menores' y operadores exclusivos de comercio online.
Unos malos precedentes
Los impuestos sobre los grandes establecimientos comerciales nacieron en España en el año 2000 y ANGED decidió recurrirlo al Tribunal Supremo. La tramitación de este recurso en el Supremo fue suspendida en marzo de 2016, cuando el alto tribunal acordó elevar cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sobre dicho impuesto. Y la Corte de Luxemburgo consideró en abril de 2018 que esta medida es "compatible con el Derecho la UE”.
Con estos precedentes del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de UE, la decisión de la Justicia catalana ha sido a favor de la Administración. Según la reciente sentencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado el recurso contencioso administrativo de Ikea, pero libra a la cadena sueca tenga que hacerse cargo de los gastos judiciales.
"Acatamos la ley"
"Acatamos la ley y la cumplimos siempre, aunque no estemos de acuerdo con los criterios que esgrime el impuesto y, por esto, hayamos ejercido nuestro derecho de reclamar en las diferentes instancias que la ley nos permite", explica fuentes cercanas de Ikea a este medio.
La empresa puso en marcha estos recursos tras haber abonado ya el impuesto correspondiente. Según publicó la consultora KPMG en 2019, la contribución de Ikea a las arcas catalanas asciende a 12,8 millones de euros en el último año. La cadena tiene en Cataluña a su primer mercado en España, con tres tiendas en la provincia de Barcelona, y su facturación en esta región supera los 360 millones de euros.
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