El Gobierno exige a las empresas energéticas que entren a las arcas del Estado parte de los “beneficios extraordinarios” que consideran que han ganado durante la actual crisis. Una senda que también han tomado en Reino Unido, Italia, Hungría o las propias recomendaciones de la propia Comisión Europea. La diferencia con España es que para atajar estos “beneficios extraordinarios” meten una tasa a los beneficios, mientras que Moncloa mantiene su hoja de ruta de reclamar una parte de sus ingresos.
La medida española tiene los técnicos denominan como “estación patrimonial” y no como un “impuesto”, porque recae sobre las ventas y no sobre el beneficio como el resto de impuestos. Una figura para recaudar en tiempos de crisis que no existe dentro de Europa. Un informe de la consultora holandesa Metyis, que manejan los expertos de las energéticas, señala que esta figura impositiva es “ineficiente, genera distorsiones y derivan en pérdidas de bienestar irrecuperables”. Su alerta en este reciente informe apunta que los ejemplos de utilización de este tipo de donación en países desarrollados son muy escasos.
Los expertos de Metyis, con datos del ICEX y PWC, comparan la decisión de España con países como Afganistán, Honduras, Filipinas o Argentina. En concreto, donde más similitudes ven es con Honduras. El país centroamericano cuenta con un impuesto a los ingresos, con una tasa del 1,5% y que utiliza una base imponible sobre las “ventas” de todos los sectores. Unos ingresos que también se cargarán a partir de 2023 en España, en su caso con una tasa del 1,2% y aunque la base imponible afecta a las “ventas de actores principales del sector energético (petroleras, gasistas y electricidad) que sobrepasan los 1.000 millones de euros”.
La propuesta de la Unión Europea es un impuesto del 33% sobre los beneficios extraordinarios de este año (diferencia entre 2022 y el beneficio medio de 2018- 2021 más un incremento del 20%) con el foco puesto en petroleras y gasistas. Reino Unido también concentra su impuesto sobre el denominado ‘oil & gas’, aunque limitan esta tasa al 25% y cargan el período del 1 de julio del 2022 al 31 de diciembre de 2025.
Italia es el único país en Europa que también quiere hacer pagar este impuesto a todo el sector energético, concretamente, las empresas energéticas que sobrepasen los millones de euros. Su apuesta se aparta del ‘impuestazo’ español porque reclama el 25% de los beneficios entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de abril de 2022. “La propuesta española se alejaría de las iniciativas adoptadas o planteadas por algunos países de su entorno y de la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea que gravaría los beneficios extraordinarios y no los ingresos”, comentan desde la consultora holandesa.
Rebelión de las energéticas
Estos son algunos de los argumentos que se incluirán en el argumentario de los asesores de las energéticas durante los próximos días. El impuesto se espera entre en debate, ya con todas las enmiendas, el próximo jueves. Las energéticas, según comentan desde el sector a Vozpópuli, buscarán que PSOE y Unidas Podemos se encuentren el mayor rechazo posible tanto en las cámaras como en la opinión pública porque consideran que están siendo tratados injustamente.
Las petroleras y gasistas hablan de “un claro error de concepto”, más allá de castigar los ingresos y no el beneficio. Para empresas como Repsol, Cepsa o Naturgy considerar que existe “beneficios extraordinarios” en un mercado internacional, cargado de riesgo por la fluctuación de las materias primas y donde no existe ingresos por una tarifa regulada es ridículo.
"Nuestro negocio de refino perdió cientos de millones de euros en 2020 y 2021, y no vi a ningún gobierno hablando de apoyar estas pérdidas extraordinarias", aseguraba en verano Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol. El consejero delegado de Cepsa, Maarten Wetselaar, declaraba este viernes tras la presentación de sus resultados que “este impuesto es desproporcionado y está mal diseñado al gravar ingresos y no beneficios, al tiempo que establece un alcance de dos años en un entorno de alta volatilidad, por lo que esta figura fiscal crea una gran incertidumbre”.
Quitar lo que das
Eléctricas como Iberdrola y Endesa también consideran desproporcionada esta tasa. Pero van más allá. Uno de los argumentos que comparten estos días se recoge también en el informe de Metyis. El impuesto no considera las medidas ya adoptadas en España que limitan el beneficio de las eléctricas y gravaría una serie de ingresos derivados de la regulación, que no generan beneficio para las empresas.
“Las empresas facturan al consumidor la compensación por la excepcionalidad ibérica, que es un simple paso previo hacia los suministradores de gas para los ciclos, incrementando sus ingresos que a su vez serán gravados”, detallan desde la consultora. “La actividad de distribución tiene una retribución anual definida metodológicamente, con una tasa de retribución del 5,5%. Estos ingresos estarían gravados con el impuesto. La tarifa regulada o PVPC reconoce un coste de comercialización y no permite la obtención de beneficios extraordinarios. Y las instalaciones renovables tienen reconocida una tasa de retribución del 7,389%”, añaden.
La batalla de presión, que anticipa la legal, vive sus momentos más calientes. El sector energético en España se siente maltratado tras haber asegurado el suministro de gas, gasolina durante la crisis y de preparar grandes paquetes de inversión para respaldar los ambiciones planes del Gobierno.
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