Cerca de 20 millones de euros de 1.500 millones previstos es lo que había recaudado el impuesto a grandes fortunas el 23 de julio, cuando se celebraron las elecciones generales. Así se desprende del Informe de recaudación de julio de la Agencia Tributaria (AEAT) por lo que han ingresado los impuestos directos.
Y es que el informe recoge la recaudación con criterio de caja, lo que realmente se ha ingresado, y llega por lo tanto hasta cerca de 10 días antes de que acabara el mes, en el entorno del 23 de julio, cuando el periodo de declaración del impuesto acabó el 31 de julio y los bancos tardan unos diez días en ingresarlo en la AEAT.
En el Epígrafe Resto del Capítulo 1, dentro de los Impuestos directos, se contabilizan 97,54 millones de euros, por 77,65 millones en 2022, lo que arroja una diferencia de cerca de 20 millones que fuentes conocedoras atribuyen al nuevo impuesto.
La Campaña del impuesto a grandes fortunas de 2022 se ha celebrado entre el 1 y el 31 de julio. La declaración es telemática y los contribuyentes potenciales, 23.000, con lo que la Agencia Tributaria tenía en un clic a las 00.00 del 31 de julio la recaudación. Sin embargo, Hacienda no ha hecho todavía público el resultado, que tampoco ha recogido el Informe de Recaudación de julio de la AEAT, publicado este lunes, la fecha habitual, ya que, por las vacaciones de verano, se hace público quince días más tarde que cuando se da a conocer otros meses.
Esta situación contrasta con la que se vivió el 21 de febrero, al día siguiente de que acabara el plazo del primer pago anticipado de los impuestos a banca y energéticas, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó la recaudación en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros: el impuesto a las energéticas había recaudado 817,4 millones y el de la banca, 637,1 millones, un total de 1.454,5 millones de los 1.500 millones previstos tras unas enmiendas que redujeron su alcance en 250 millones.
Son los tres impuestos nuevos que creó una proposición de ley de los Grupos Socialista y de Podemos que se aprobó en diciembre. El de grandes fortunas irrumpió por sorpresa en septiembre cuando Juanma Moreno Bonilla anunció que Andalucía bonificaba el Impuesto sobre el Patrimonio al 100%. El Gobierno reaccionó en contra y avanzó su creación, dirigido precisamente contra Andalucía y la Comunidad de Madrid.
A diferencia del éxito de banca y energéticas, en grandes fortunas se espera una debacle en la recaudación. Con las prisas para que entrara en vigor en 2022, no se corrigió un error en la proposición de ley que precisamente rebaja un 80% lo que deben pagar madrileños y andaluces, contra quienes se dirige, al permitirles descontarse la cuota íntegra que pagarían si el impuesto no estuviera bonificado al 100%. Un error que, según la AIReF, va a reducir la recaudación estimada de 1.500 a menos de la mitad, a 635 millones. Madrileños y andaluces son los principales contribuyentes.
A la espera de conocer la recaudación completa en el Informe de agosto, entre los detalles sobre la recaudación de Patrimonio en 2021 que ha publicado la AEAT el pasado 4 de septiembre, destaca la pujanza de los ricos en la Comunidad y Andalucía, con lo que el golpe a grandes fortunas puede ser aún mayor. La recaudación estimada del impuesto de grandes fortunas de 1.500 millones se calculó de acuerdo a la Estadística de declarantes del Impuesto de Patrimonio de 2020. Pues bien, la de 2021 recién publicada eleva el potencial recaudatorio de Madrid y Andalucía, con lo que el patinazo del Gobierno podría costarle ya más de 1.000 millones de recaudación.
En concreto, la Comunidad de Madrid recaudaría 1.212 millones si no tuviera Patrimonio bonificado al 100%, muy cerca de los 1.352 millones que reunió el impuesto ese año, con una declaración media de 11,14 millones. En 2020, la región que preside Isabel Día Ayuso recaudó 992,012 millones, una media de 10,34 millones por declarante.
Andalucía, por su parte, reunió 107,52 millones en 2021, con una declaración media de 2,85 millones, frente a los 93,43 millones que logró en 2020, con una declaración media de 2,74.
Eran escasísimas las declaraciones del impuesto a grandes fortunas a diez días de que venciera el plazo el pasado 31 de julio, según trasladaron a Vozpópuli asesores fiscales y fuentes próximas a Hacienda. Los asesores explicaban que numerosos madrileños y andaluces habían decidido esperar a ver el resultado de las elecciones generales para decidir si lo pagaban.
Se trataba de una opción arriesgada con un impuesto en vigor, que cobró fuerza una vez que Alberto Núñez Feijóo anunció que lo derogaría, y cuya campaña se declaración se celebraba además en julio.
Este movimiento se produjo en un impuesto sobre el que el Tribunal Constitucional (TC) ya ha admitido cinco recursos y que la Asociación Española de Asesores Fiscales ha recomendado impugnar.
Las impugnaciones, en septiembre
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha advertido de que el Estado tendría que devolver con intereses el impuesto temporal a grandes fortunas si se declara inconstitucional a quienes hayan recurrido, por lo que recomiendan a los contribuyentes que liquiden el tributo e "impugnen". Lo mejor, hacerlo acabado el periodo de pago voluntario, tras el 31 de julio, preferentemente en septiembre.
"Esto es pan para hoy y hambre para mañana, ya que todas las impugnaciones que recomendamos realizar pueden traer como consecuencia un coste mucho mayor al Estado, que tendrá que devolver lo recaudado más los intereses de demora al cabo de unos años. A medio plazo esto daña las arcas públicas", ha denunciado la presidenta de Aedaf, Stella Raventós.
A esto se añade que si el impuesto aguanta en vigor hasta julio de 2024, en su segundo ejercicio se esperaba ya que su desempeño sea pobre. Tenía su mayor potencial recaudatorio en 2022 porque se lanzó con efecto retroactivo y sin avisar y no daba tiempo a prepararse. En 2023, en cambio, los asesores consultados dan cuenta de que se ha planificado con cuidado.
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