Los impuestos medioambientales –aquellos que penalizan actividades o productos contaminantes- son muy bajos en España en comparación con el resto de países de la Unión Europea (UE), y lo mismo ocurre con su recaudación respecto al PIB por medio de estas tasas.
Por esta razón, la semana pasada organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) le han recomendado a España que los suba, algo que además le permitiría incrementar su partida de ingresos y, por tanto, reducir su déficit.
Si se observa la presión fiscal (es decir, el porcentaje de ingresos procedentes de ese impuesto sobre el PIB de cada país), vemos que en los impuestos medioambientales suponen un 1,85% del PIB en España, frente al 2,44% de la media de países de la UE, según datos de Eurostat de 2016 –los últimos disponibles-.
España se sitúa así en el sexto puesto por la cola, solo por delante de Irlanda, Eslovaquia, Luxemburgo, Suiza e Islandia, y a mucha distancia de otras potencias como Francia (con un 2,23%) o el Reino Unido (2,43%).
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Si se compara con otros países del Mediterráneo, España también va por detrás de otros como Grecia, que es el cuarto país con más presión medioambiental (3,82%), Italia (3,5%), Turquía (3,4%) y Portugal (2,59%).
4.800 millones más si los sube
Según defiende Juan Moscoso del Prado, exportavoz de Economía en el Congreso de los Diputados, “debemos acercarnos a los estándares europeos estableciendo tributos en ámbitos como: emisiones de CO2, óxidos nitrosos, emisiones de los vehículos de motor basado en las emisiones potenciales de cada tipo de vehículo, residuos industriales y peligrosos o tóxicos; residuos de envases, embalajes y bolsas”.
Por su parte, Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, considera que lo prioritario sería “reorganizar los impuestos medioambientales, sobre todo en lo que se refiere a los impuestos propios de las Comunidades Autónomas”, de forma que el Estado decida los tributos necesarios y se ceda la recaudación y capacidad normativa a los territorios.
La OCDE estima que si España elevara el peso de los impuestos medioambientales como porcentaje de la recaudación tributaria hasta situarlo en el nivel promedio de los países de la OCDE, sus ingresos adicionales supondrían un 0,4% del PIB, es decir, unos 4.800 millones de euros más.
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